El ministro de Hacienda Germán Ávila cuestionó al Grupo Aval por proyecto vial: “Es injusto y absurdo para el país”

El titular de la cartera de Hacienda en Colombia, Germán Ávila, criticó públicamente al Grupo Aval en una conferencia en la que informó sobre la implementación de nuevas cargas tributarias para distintos sectores económicos.

Ávila también señaló que la administración analiza reducir los fondos del Presupuesto Nacional asignados a obras de infraestructura vial consideradas prioritarias para el país.

Durante la conferencia, Ávila cuestionó el papel del Grupo Aval, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, al señalar que la iniciativa de la carretera Mulaló-Loboguerrero permanece estancada desde hace más de una década sin que se registren progresos.

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El ministro indicó que los fondos destinados al proyecto Mulaló-Loboguerrero quedaron inmovilizados dentro de una fiduciaria, lo que ha favorecido a la estructura financiera vinculada al Grupo Aval.

Explicó que solo una parte del dinero se ha usado para adquirir terrenos, realizar estudios y cubrir gastos administrativos, mientras el resto permanece sin ser ejecutado.

“Allí lo que ha sucedido es que se colocaron los recursos en una fiduciaria, se paralizaron en una fiduciaria para la rentabilidad de esta estructura financiera, ellos colocaron $400.000 millones de preinversión que se utilizaron exclusivamente para compra de terrenos por $28.000 millones y unos estudios por $60.000 millones y una inversión en gastos administrativos por $90.000 millones”, comentó el ministro de Gustavo Petro.

Añadió que, tras varios años sin lograr avances debido a obstáculos ambientales y sociales, la empresa concesionaria exige ahora al Estado una compensación de $1,4 billones.

El ministro criticó los términos del contrato, señalando que las condiciones actuales resultan excesivamente costosas para el país y favorecen a la contraparte privada.

Sostuvo que, si se logra un acuerdo que beneficie tanto al Estado como al Gobierno, se podrían asegurar los recursos necesarios para Colombia. Expresó su expectativa de que el Grupo Aval responda de manera favorable a estas demandas.

“Ese es el mensaje para el Grupo Aval y sus negociadores, es injusto y absurdo para el país estar negociando unas condiciones contractuales tan honerosas, tan leoninas, para un grupo que se ha beneficiado de la inversión pública como de su aparato financiero (…). Si estos temas los resolvemos de una manera adecuada y razonable para el Gobierno y para el Estado colombiano estamos garantizando los recursos que necesita el país. Esperamos tener una respuesta razonable de parte del Grupo Aval", comentó el funcionario público en su intervención.

Por otro lado, en esa misma rueda de prensa del martes 30 de diciembre el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno colombiano implementará nuevos impuestos y ajustes tributarios como respuesta a la emergencia económica derivada de la reciente desfinanciación, consecuencia del fracaso de la ley de financiamiento en el Congreso.

El ministro de Hacienda señaló que las nuevas medidas fiscales tendrán un impacto relevante sobre los bienes de individuos y en áreas clave de la economía. Subrayó que el objetivo principal es responder rápidamente al desequilibrio en las finanzas públicas causado por la reducción en la recaudación tributaria más importante del país.

Entre los principales cambios se encuentra la modificación del límite para aplicar el impuesto al patrimonio. Antes de la reforma, este gravamen solo afectaba a quienes contaban con fortunas superiores a 3.600 millones de pesos; con la nueva normativa, también deberán pagarlo quienes tengan patrimonios desde aproximadamente 2.000 millones de pesos.

“Esto representa pedirle a 0,8 por ciento, menos del 1% de la población y de los contribuyentes, representa pedirles a ellos que hagan un mayor esfuerzo de contribución a través de esta tarifa del impuesto al patrimonio, y esto nos permite llegar a obtener cerca de 1,7 billones de pesos”, declaró el ministro a los medios de comunicación.

Además, recalcó que la medida solo afecta a 2.000 contribuyentes que, según Ávila, representan un pequeño porcentaje de la base tributaria en Colombia.