La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente ha sacudido, una vez más, el panorama político de Colombia. La formalización, el viernes 26 de diciembre de 2025, de la inscripción del comité promotor ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, dio inicio a la recolección de firmas con una meta ambiciosa, pues buscan que entre 3 y 10 millones de apoyos que respalden la iniciativa, que tendrá que ser presentada al Congreso.
El jefe de Estado, consciente de la sensibilidad electoral, aseguró que el proceso no se cruzará con las elecciones presidenciales y legislativas de 2026, con lo que intentó despejar así especulaciones sobre posibles interferencias; sobre todo, en lo que sería -según sus adversarios políticos- su afán de perpetuarse en el poder. Sin embargo, pese a estas afirmaciones, en los sectores contrarios a su administración, sus afirmaciones siguen alimentando la crítica.
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Una de ellas es la representante a la Cámara Catherine Juvinao, que en sus redes sociales desempolvó una vieja publicación de Petro en la que, en 2011, durante la campaña a la Alcaldía de Bogotá, definía a su movimiento como el defensor de la Constitución de 1991; una promesa que pareció romper 14 años después, incluso pese a haber ratificado su promesa en mármol durante este periodo, como aconteció en mayo de 2018, en la aspiración presidencial.
“El movimiento ‘Progresista’ es la agrupación ciudadana de defensa y aplicación de la Constitución de 1991″, comentaba Petro el 4 de julio de 2011, en un mensaje que Juvinao no dejó pasar por alto. “Estoy de acuerdo por fin con @petrogustavo”, afirmó la parlamentaria, que buscará con el partido Alianza Verde revalidar su curul para el periodo 2026-2030, lejos del apoyo que expresó en 2022 al hoy mandatario, al que respaldó en la segunda vuelta.
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La iniciativa, según el oficialismo, busca revisar la Constitución de 1991 para responder a los desafíos del siglo XXI. Entre los ejes de la reforma destaca la creación de un tribunal constitucional y nuevas reglas en la Contraloría, con el propósito de combatir la corrupción, aunque también se propondrá modificar la autonomía del Banco de la República para alinearlo con las prioridades económicas del Ejecutivo; uno de los asuntos en los que Petro no ha querido ceder.
Otros puntos centrales son el fortalecimiento de los derechos laborales, la protección del modelo de salud y el reconocimiento legal a los territorios indígenas. La agenda incluye, además, la defensa del campesinado y políticas para enfrentar la crisis climática y garantizar la producción de alimentos, con el propósito de superar lo que el jefe de Estado ha llamado el “bloqueo institucional a sus reformas, que no han tenido un trámite fácil en el Congreso de la República.
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Este sería el camino para que se lleve a cabo una asamblea constituyente
El mecanismo para hacer realidad la Constituyente es complejo y exige sortear estrictos requisitos legales. La ruta iniciará con la aprobación de una ley especial en el Congreso, que debe superar cuatro debates y obtener mayoría absoluta en ambas cámaras, luego de que se completen cerca de 3 millones de firmas que se necesitan para conminar a la corporación a que se adelante la discusión, siendo este el clamor popular según el primer mandatario.
Luego, la Corte Constitucional debe validar la ley, antes de dar paso a una consulta popular en la que se requiere el apoyo de al menos 13 millones de ciudadanos, cifra equivalente a un tercio del censo electoral. El proceso, además de técnico, está cargado de tensiones políticas y jurídicas, pues mientras el Ejecutivo sostiene que es una respuesta legítima al freno de reformas fundamentales, la oposición ve con preocupación una intención de concentrar el poder.
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A pesar de la magnitud del debate, aun existe dudas sobre la viabilidad real del proceso, pues el mandato de Petro termina en agosto de 2026, por lo que podría ser claro que la Asamblea Constituyente no se convocaría en lo que resta de su administración, pues se calcula que se requeriría al menos un año para ello. Así pues, precedida de una fuerte controversia, empezará a moverse la agenda política no solo a las elecciones ya programadas, sino a esta intención.
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