Las imágenes captadas recientemente en un bus del Sitp de Bogotá han reavivado el debate sobre la evasión del pago en el sistema de transporte público.
En el video, que ha circulado ampliamente en redes sociales, un grupo de 7 personas ejecuta una maniobra coordinada para saltar el torniquete y evitar el pago del pasaje.
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La escena se vuelve aún más llamativa cuando un hombre, que cargaba a un bebé en brazos, lo entrega a una pasajera para poder saltar el obstáculo, mientras que otra mujer, de edad avanzada, es asistida por la misma mujer que apoyó a los primeros evasores.
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Esta conducta ha generado un fuerte rechazo en las plataformas sociales, donde se cuestiona tanto el riesgo al que se expone a los menores de edad como la naturalización de la evasión.

Entre las reacciones más repetidas se encuentran llamadas de atención a los conductores y a las autoridades: “Ejemplo de padres, ya se verá el futuro de esos niños”, se lee en uno de los comentarios destacados por los usuarios digitales, “el conductor debe detenerse y llamar a la policía. ¿Por qué sigue con el viaje?”, expresa un usuario.
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Otros señalan la falta de civismo: “Increíble el extremo de mala educación en Bogotá”. La indignación se extiende también al impacto en la calidad del servicio, como lo manifiestan quienes pagan regularmente su pasaje: “Los que más perdemos somos los usuarios de bien que nos toca viajar incómodos” y “tras el hecho se van sentados y uno que paga el pasaje le toca irse de pie toda la ruta”.
A pesar de los esfuerzos de la administración de la ciudad para contener la evasión, como la incorporación de registradoras, cámaras y la instalación de puertas automáticas y torniquetes de piso a techo en estaciones y buses zonales, el fenómeno persiste.
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Según datos de agosto de 2025, se calcula que cerca de 300.000 evasores ingresan cada día sin pagar, lo que representa para el sistema una pérdida diaria aproximada de $960.000. Un balance oficial de mediados de año señalaba una reducción significativa en la tasa de evasión, que pasó de 29,6% a 13,5%, aunque las cifras siguen siendo motivo de preocupación para el Distrito.

El costo económico no es el único aspecto que alarma. Usuarios frecuentes del sistema recalcan cómo la evasión afecta directamente a quienes cumplen las normas. “Y los que pagamos pasaje a veces no nos podemos subir”, denuncia uno de los testimonios recogidos.
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El malestar se agudiza ante la percepción de impunidad y la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades y los operadores. “Los conductores no lo deben permitir, ya se volvió de todos los días; la gente no quiere pagar, se pasan de a dos”, señala otro ciudadano en redes sociales. La comparación con el pasado también se hace presente: “Esto no se veía cuando el transporte no era de una sola empresa sino de particulares”.
El marco sancionatorio para quienes evaden el pago del pasaje incluye varias categorías de multas. El acto de colarse en TransMilenio se clasifica mayoritariamente como Tipo 2, con un valor de $189.800. Si el usuario paga la sanción en los primeros 5 días, accede a un descuento del 50%, quedando en $94.900.
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Saltar el torniquete corresponde a la infracción Tipo 1, sancionada con $94.900, mientras que la reincidencia puede conllevar una multa Tipo 3 de $379.600. Además, existe la posibilidad de conmutar la sanción por trabajo comunitario o realizar el pago en línea a través de la plataforma oficial lico.scj.gov.co.

El debate sobre la sostenibilidad del sistema se intensifica por el alto costo que implica la evasión para el Distrito, que, como apuntan algunos usuarios, destina billones de pesos cada año para impedir la quiebra de TransMilenio, operado por empresas privadas.
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“¿Saben cuántos billones destina el Distrito para que TransMilenio, que es de privados, no se quiebre?”, pregunta un internauta en tono crítico. Otros insisten en que la exigencia de un mejor servicio es contradictoria mientras persista la evasión: “Y luego piden y exigen un buen servicio en los TransMilenios y SITP”.
Lejos de ser un comportamiento aislado, el ingreso irregular a buses y estaciones se ha convertido en un fenómeno cotidiano que desafía tanto la capacidad de control de las autoridades como la convivencia urbana.
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