El violento intento de asalto contra el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Álvaro Hernán Prada Artunduaga, ocurrido en la madrugada del 22 de diciembre de 2025 en el norte de Bogotá, encendió las alarmas entre las autoridades distritales y judiciales por una serie de elementos que van más allá de un hurto común.
La modalidad empleada, el número de atacantes, el lugar del hecho y la posible pérdida de información sensible han llevado a los investigadores a considerar que el ataque pudo haber tenido motivaciones distintas al simple robo.
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De acuerdo con El Tiempo, uno de los primeros aspectos que genera preocupación es el sector donde ocurrió el hecho. El ataque se registró en el barrio Quinta Mutis, una zona que no figura entre los puntos críticos por robo de vehículos en la capital y que se caracteriza por la presencia de edificios residenciales y oficinas.
Para las autoridades, no es habitual que en este sector se presenten asaltos con un despliegue criminal de alto impacto, lo que refuerza la hipótesis de una acción planificada y dirigida.
Otro elemento que llamó la atención de los investigadores es la forma en que se ejecutó el ataque. Cámaras de seguridad permitieron reconstruir que al menos dos camionetas interceptaron el vehículo blindado en el que se movilizaba el magistrado.

De estos automotores descendieron entre ocho y diez hombres armados, quienes cerraron el paso e intentaron abrir por la fuerza las puertas del vehículo oficial. Según fuentes oficiales, este tipo de “enjambre” de delincuentes no es común en los robos de automóviles en Bogotá, donde usualmente actúan grupos más pequeños y con menor nivel de exposición.
La rápida reacción del conductor evitó que el ataque tuviera consecuencias mayores. El escolta logró asegurar las puertas del vehículo y realizar una maniobra evasiva que permitió que el magistrado saliera ileso. Sin embargo, minutos después, los delincuentes habrían interceptado y atracado al acompañante de Prada, a quien encañonaron y despojaron de sus pertenencias.
En la denuncia presentada ante la Fiscalía, el funcionario relató que fue amenazado directamente con armas de fuego, apuntándole al pecho, lo que evidencia el nivel de violencia e intimidación empleado por los agresores, según el informe al que tuvo alcance el medio citado.

Uno de los puntos más sensibles del caso es el material robado durante el asalto. Además de documentos personales, tarjetas bancarias y un teléfono móvil, los delincuentes se llevaron una memoria externa que contendría información reservada del Consejo Nacional Electoral.
Para las autoridades, este hecho eleva considerablemente la gravedad del ataque, pues el acceso indebido a archivos confidenciales de una entidad electoral representa un riesgo institucional y un posible impacto sobre la seguridad de la información oficial.
A este panorama se suma un antecedente que refuerza las sospechas de un seguimiento previo. Días antes del ataque en Bogotá, el magistrado había denunciado presuntos monitoreos con drones en su residencia fuera de la capital.
Este hecho, sumado a la precisión del asalto, el número de participantes y la coordinación de los vehículos involucrados, ha llevado a la Sijín y a la Alcaldía de Bogotá a ampliar la recolección de material audiovisual y testimonios para establecer si el magistrado era un objetivo previamente identificado.

El propio Álvaro Hernán Prada se pronunció tras lo ocurrido a través de la red social X. En su mensaje aseguró que dos camionetas embistieron su vehículo y que la pericia del conductor fue clave para evadir el ataque.
También expresó su solidaridad con su acompañante, que sí fue víctima directa del atraco, y señaló que este episodio se suma a otros hechos que ha tenido que denunciar, lo que refuerza la preocupación por la seguridad de los funcionarios electorales.
Desde el Consejo Nacional Electoral, el ataque fue calificado como una amenaza contra las instituciones democráticas. La entidad expresó su respaldo al magistrado y solicitó a las autoridades competentes el esclarecimiento de los hechos y la adopción de medidas urgentes para garantizar su seguridad y la de su equipo de trabajo.
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