El representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero reveló que el Sistema de Medios Públicos Rtvc adjudicó un contrato por más de $2.863 millones a Performa S.A.S., lo que generó controversia debido a la urgente coyuntura fiscal del país, luego de la declaración de emergencia económica.
Esta contratación se produce en medio del anuncio del Gobierno nacional de nuevos impuestos mediante decreto, una medida que encendió el debate político y social porque afectará la carga tributaria de los ciudadanos.
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La oposición, encabezada por el congresista Forero, calificó la iniciativa del Ejecutivo como “inconstitucional”, en tanto la Corte Constitucional y el Congreso de la República comienzan a preparar la revisión de la norma.
En su denuncia, el legislador señaló que el contrato firmado el 15 de diciembre de 2025 entre Rtvc y Performa S.A.S., tiene una vigencia de solo 16 días y apunta a la creación integral de una experiencia inmersiva de artes escénicas.
Según el documento, Performa S.A.S. debe encargarse de la “conceptualización, diseño, desarrollo, producción, implementación y operación” del proyecto. La propuesta integra elementos de museografía, tecnologías interactivas, arte digital y contenidos audiovisuales, con el objetivo de mostrar al público la evolución histórica del sistema de medios públicos en Colombia. La suma adjudicada, que asciende a $2.863.600.000, ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por su volumen y plazos, particularmente ante la restricción de recursos estatales.
Andrés Forero instó a la ciudadanía a cuestionar el gasto durante la emergencia y arremetió contra el oficialismo: “A estos derrochones descarados se les cae la careta. ¡Quieren caja para las elecciones!”.
Cabe recordar que en la medida que fundamenta la emergencia económica, el Gobierno explicó que los decretos con fuerza de ley contemplarán “impuestos directos e indirectos para las personas naturales y jurídicas con mayor poder contributivo, así como tributos que buscan corregir externalidades negativas en asuntos ambientales y de salud pública”. El texto oficial también detalló los motivos de la declaratoria: la “no aprobación por parte del Congreso de dos proyectos sucesivos de ley de financiamiento para las vigencias fiscales 2025 (12 billones) y 2026 (16,3 billones)”.
Frente a las críticas, el Ejecutivo subrayó su compromiso con la sostenibilidad fiscal, señalando que “adelantó todas las medidas ordinarias a su alcance en materia legal y reglamentaria con el fin de generar los recursos necesarios para garantizar los derechos fundamentales a la salud, la protección de la población vulnerable, el acceso a servicios públicos, el cumplimiento de pago de los créditos judicialmente reconocidos y la garantía de seguridad, entre otros”.
Demandas contra decreto de emergencia económica de Petro
El sector de oposición contra el Gobierno que lidera Gustavo Petro impulsó acciones jurídicas para frenar la implementación del estado de emergencia.
La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, argumentando: “La emergencia no puede usarse para corregir errores de planeación ni para imponer por decreto lo que el Congreso negó democráticamente. El déficit fiscal y el hundimiento de una Ley de Financiamiento en el Congreso no son hechos sobrevinientes ni imprevisibles. Es el turno para que la Corte proteja la separación de poderes y el bolsillo de los colombianos saqueado por el gobierno socialista de Petro”, según declaró a medios nacionales.
Bajo esta línea, Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, y el abogado Germán Calderón España, se sumaron como demandantes, exigiendo no solo la declaración de inexequibilidad del decreto, sino también una medida de suspensión provisional mientras se completa la revisión constitucional.
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