La conciliación entre Empresas Públicas de Medellín y la Sociedad Hidroeléctrica Ituango recibió el aval de un tribunal arbitral, decisión que habilita la implementación de un acuerdo que pone fin a un prolongado conflicto jurídico relacionado con la ejecución del proyecto Hidroituango. La información fue dada a conocer por la propia empresa y divulgada originalmente por la Revista Semana.
El pronunciamiento de EPM señala que la aprobación del acuerdo constituye un punto de inflexión en la administración del proyecto, al permitir que las partes concentren sus esfuerzos en los aspectos técnicos, operativos y financieros asociados a la finalización de la obra.
Según lo expuesto, la conciliación tiene efectos directos sobre la estabilidad y confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional.
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El proceso conciliatorio aprobado establece que las partes deberán introducir modificaciones al contrato BOOMT, instrumento bajo el cual se ha desarrollado el megaproyecto. Este modelo contractual contempla que EPM asuma la construcción y operación de la central hidroeléctrica durante un periodo determinado, tras el cual la infraestructura será transferida a la sociedad concesionaria, en este caso, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango.
Uno de los elementos centrales del acuerdo es la redefinición de los compromisos financieros entre las partes, lo que permitirá que la sociedad reciba una remuneración periódica. De acuerdo con lo informado por EPM, dicha remuneración se calculará conforme a la metodología y a los supuestos establecidos en el modelo financiero vigente del contrato BOOMT, ahora ajustado tras la conciliación.
Además de los aspectos económicos, el acuerdo también incorpora precisiones técnicas relacionadas con la construcción y la entrada en operación de las unidades pendientes. Hidroituango es considerado un proyecto estratégico debido a que, una vez completado, aportará el 17 % de la energía que demanda el país, cifra que ha sido reiterada por la empresa en distintos escenarios públicos.
EPM explicó que, con la superación del litigio, la empresa podrá redirigir recursos humanos y administrativos que antes estaban destinados a la atención de procesos judiciales, y enfocarlos en la culminación de la segunda etapa del proyecto. Esta fase contempla la puesta en funcionamiento de cuatro unidades adicionales a las que ya se encuentran operativas.
Sobre los alcances del acuerdo, el gerente general de EPM, John Maya Salazar, afirmó: “nos permitirá seguir concentrados en finalizar la segunda etapa del proyecto, que pondrá en operación cuatro unidades adicionales a las que ya están funcionando. De este modo contribuiremos a la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional. Además, el acuerdo conciliatorio asegura a EPM su sostenibilidad financiera y garantiza la continuidad de las transferencias al Distrito de Medellín, lo que le permitirá atender los proyectos establecidos en su plan de desarrollo”.
La empresa también destacó que la conciliación tiene implicaciones para los accionistas de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, entre ellos la Gobernación de Antioquia y la propia EPM. Según lo señalado, el acuerdo garantiza la recepción de recursos financieros a través de dividendos, los cuales estarán destinados al desarrollo de proyectos sociales, ambientales y de infraestructura.
EPM indicó que estos recursos beneficiarán tanto al Departamento de Antioquia como al Distrito de Medellín y al país, en el marco de las competencias y planes de inversión de cada entidad. La continuidad de las transferencias financieras es uno de los puntos contemplados dentro de los compromisos definidos tras el aval arbitral.
Desde el punto de vista operativo, la conciliación permite establecer un marco de mayor claridad sobre la ejecución futura del proyecto, incluyendo los cronogramas asociados a la culminación de las obras civiles y a la entrada gradual de las unidades restantes al sistema eléctrico nacional. Estos elementos fueron incorporados dentro de los ajustes contractuales aprobados.
La información divulgada por EPM resalta que el acuerdo conciliatorio fue revisado y aprobado por un tribunal arbitral, lo que le otorga validez jurídica y obliga a las partes a cumplir los términos pactados. Este aval pone fin a una controversia que se extendió durante varios años y que tuvo impactos sobre la gestión del proyecto.
Finalmente, la empresa reiteró que la ejecución del acuerdo permitirá avanzar en la consolidación de Hidroituango como un activo estratégico para el país, en un contexto en el que la confiabilidad del sistema eléctrico depende de la incorporación progresiva de nuevas fuentes de generación de gran escala.
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