El senador Mauricio Gómez Amín se pronunció sobre la reciente declaratoria de emergencia económica y social emitida por el presidente Gustavo Petro, calificando la medida como un exceso del Ejecutivo y un uso indebido de los mecanismos constitucionales. A través de sus redes sociales, el congresista desglosó los elementos que considera problemáticos en la gestión del gasto público y en la aplicación de la Constitución.
Gómez Amín inició su mensaje con una frase contundente: “El gobierno de Petro no puede seguir tratando la Constitución como un estorbo.”
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Con esta afirmación, el senador advierte que la emergencia económica no puede ser un mecanismo para saltarse los controles constitucionales. Según Gómez Amín, el Ejecutivo intenta justificar medidas extraordinarias cuando existen recursos disponibles en fiducias y una ejecución presupuestal mínima, lo que evidencia que no hay una crisis real de recursos, sino problemas de administración.
El congresista enfatiza que la Constitución debe ser respetada y que cualquier medida excepcional debe tener fundamentos sólidos, algo que, según él, no se cumple con el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025.
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“Declarar una emergencia… es un abuso de poder”
El senador continuó señalando: “Declarar una emergencia económica y social en todo el territorio nacional, cuando existen billones de pesos en fiducias, una bajísima ejecución presupuestal y un derroche constante del gasto público, es un abuso de poder.”
En este punto, Gómez Amín desarrolla su crítica a la gestión administrativa del Gobierno. Para él, no hay falta de recursos, sino ineficiencia en el manejo del presupuesto y mal uso de los fondos públicos. Considera que la emergencia no debería utilizarse como una vía para implementar reformas tributarias o financieras sin debate legislativo, ya que esto compromete la legalidad y la institucionalidad del Estado.
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El senador enfatiza que el Ejecutivo pretende encubrir los errores de gestión con un argumento de urgencia, mientras que la verdadera solución debería centrarse en optimizar la planificación y ejecución del gasto público.
“Hago un llamado a la Corte Constitucional”
Gómez Amín finalizó su pronunciamiento con un llamado directo al máximo tribunal del país: “Hago un llamado a la Corte Constitucional: hagan respetar la Constitución y frenen este acto autoritario.”
Con esta declaración, el senador pide que la Corte revisé la legalidad del Decreto 1390, argumentando que la medida afecta derechos fundamentales y excede las facultades del Ejecutivo. Para él, la emergencia económica no es una respuesta a una situación imprevisible o catastrófica, sino un instrumento utilizado para justificar decisiones administrativas que no se han manejado correctamente.
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Contexto de la emergencia económica
El Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó la emergencia económica y social tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, mediante el Decreto 1390. La medida tendrá vigencia inicial de 30 días y permite al Ejecutivo expedir decretos legislativos con fuerza de ley, principalmente en materia tributaria, para cerrar el faltante fiscal de $16,3 billones destinados al Presupuesto General de la Nación 2026.
Según el decreto, la medida responde a factores como el pago de la UPC del sistema de salud, la ola invernal, las obligaciones contractuales vencidas, y otras presiones financieras que, según el Gobierno, configuran una situación excepcional.
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No obstante, Gómez Amín y otros críticos sostienen que la verdadera crisis no es financiera, sino administrativa, y que la emergencia constituye un riesgo para la legalidad y la institucionalidad del país.
El debate político continúa
El pronunciamiento de Mauricio Gómez Amín se suma al de otros críticos como la senadora Angélica Lozano, quienes advierten que la emergencia económica podría ser declarada improcedente por la Corte Constitucional.
Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de la medida para garantizar la sostenibilidad fiscal, el senador Gómez Amín insiste en que los problemas del país se derivan de mala gestión y no de falta de recursos, por lo que solicita que se respeten los principios constitucionales y se frene lo que considera un acto autoritario.
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