El secuestro de la enfermera Andrea Rodríguez Rueda en el sector de Aguas Clara, municipio de Ocaña, volvió a poner en foco la crisis de seguridad en el Catatumbo.
De acuerdo con declaraciones recopiladas por La FM, las autoridades desplegaron de inmediato a los equipos de investigación y coordinación interinstitucional, mientras la familia aguarda información sobre el paradero de la víctima.
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Hugo Guerrero, secretario de Gobierno del municipio de Ocaña, afirmó a la emisora: “El Gaula viene realizando las investigaciones frente a este posible secuestro que se registró en zona rural de Ocaña. Se desconocen los autores de lo sucedido. Las autoridades están dialogando con los familiares para conocer si era víctima de amenazas”.
El funcionario también indicó, en diálogo con el mismo medio, que “nosotros inmediatamente activamos todas las respectivas rutas.
La policía a través del Gaula está haciendo todas las investigaciones y esperamos que al finalizar el día ya tengamos más claridades y más información”.
Durante la mañana, Guerrero explicó que ya había personal de policía abordando a los familiares y agregó: “Ya se cuenta con una información previa y esperamos que pronto pueda regresar esta mujer a su hogar”.
Las primeras indagaciones apuntan a que varios hombres armados llegaron hasta la vivienda de la enfermera y la obligaron a subir a un vehículo, llevándola con rumbo desconocido.
Esto se da en medio de un aumento alarmante de secuestros en el Catatumbo, el caso de Rodríguez Rueda se suma a una serie de hechos que han generado preocupación en las autoridades y la sociedad civil. De acuerdo con los datos disponibles en los días recientes se han reportado 6 personas secuestradas en esta región, y aunque dos de ellas ya volvieron a sus hogares, el fenómeno mantiene en vilo a la población.
En Ocaña, la situación es especialmente delicada. Rodríguez Rueda fue la segunda mujer secuestrada en menos de dos semanas, después de la desaparición de Neira Ramírez, estudiante de Contaduría de la Universidad Francisco de Paula Santander.
Hasta la fecha, no se ha logrado establecer el paradero de Ramírez, lo que incrementa la tensión y la sensación de inseguridad en la comunidad académica y entre los habitantes del municipio.
Las autoridades locales han manifestado su inquietud frente al incremento de estos delitos, puntualizando la gravedad de que sean mujeres las víctimas más recientes. “Nos preocupa que son dos mujeres quienes se encuentran privadas de la libertad; aún no tenemos información de los autores de este secuestro, no se conocen detalles de lo sucedido”, expresó el funcionario Guerrero en declaraciones recogidas por La FM.
La situación en Ocaña ha sido motivo de alerta para los líderes sociales, quienes señalaron que el municipio encabeza la lista de los más afectados por el secuestro en la región.
Explicaron que comerciantes, tenderos y transportadores han optado por el pago de extorsiones a grupos armados para evitar ser víctimas de este delito. Según estas voces locales, las familias de quienes han sido liberados tras meses de cautiverio suelen verse forzadas a negociar con los grupos armados responsables del secuestro, lo que perpetúa un ciclo de violencia y presión sobre la población civil.
El fenómeno no se restringe únicamente a Ocaña. El 20 de diciembre, en el corregimiento de Pacelli, zona rural de Tibú, también se denunció el secuestro de un bebé de dos meses, su madre y otra mujer, hecho que la comunidad ha atribuido al ELN, de acuerdo con información difundida en redes sociales locales.
Estos episodios ilustran la complejidad y gravedad del panorama de seguridad que enfrentan los habitantes del Catatumbo, donde las acciones de los grupos armados siguen marcando la cotidianidad.
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