La Defensoría del Pueblo anunció en su cuenta de X que acompañará una misión humanitaria para asegurar el regreso de 18 miembros del Ejército Nacional que permanecen secuestrados en la zona rural de Carmen del Atrato, Chocó.
La retención de los soldados ocurrió el domingo 21 de diciembre de 2025, cuando una unidad militar fue interceptada por alrededor de 200 personas y trasladada al resguardo indígena La Puria.
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La comunidad indígena de la Guardia Indígena Enrique Arce del pueblo Embera argumentó que los militares ingresaron al territorio sin consulta previa ni autorización de las autoridades tradicionales, lo que motivó su detención.
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La Defensoría del Pueblo informó que, tras recibir la solicitud de la comunidad, coordinó acciones con la Gobernación del Chocó para facilitar el retorno seguro de los uniformados a sus hogares y a su unidad militar. En las próximas horas, la entidad acompañará la misión humanitaria destinada a resolver la situación.
De acuerdo con el comunicado difundido por la Guardia Indígena Enrique Arce, la detención se produjo luego de que una mujer de la comunidad, acompañada de sus dos hijos, reportara haber sido intimidada por la fuerza pública, llegando al centro comunitario en estado de shock y llanto. Como parte de las medidas de control territorial, la guardia decomisó 18 fusiles y pertenencias de los soldados.
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El incidente se registró en medio de operaciones militares contra el Grupo Armado Organizado (GAO) ELN, que opera en la región.
Según el general William Caicedo, comandante de la Unidad 15 del Ejército, la operación buscaba localizar el Frente Manuel Hernández, El Boche del grupo armado, responsable de presionar a empresas de transporte en la vía que conecta Quibdó con Medellín.
La acción militar derivó en la movilización de la comunidad indígena, que rodeó a la unidad militar: “Allí la comunidad se dirige hacia donde está la unidad, que es rodeada por aproximadamente 200 a 220 personas. La conducen en contra de su voluntad a la comunidad, la ubican en la escuela y luego ya pasan de ser 220 personas a ser un poco más de 500 personas” declaró a Caracol Radio.
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El general Caicedo explicó que, tras la intervención de la comunidad, se logró restablecer la comunicación con los soldados a través de la Defensoría del Pueblo y autoridades locales, incluyendo personal de la gobernación del Chocó, el municipio de Carmen de Atrato, el personero, el secretario de Gobierno y el alcalde.
El comandante aseguró que los soldados se encuentran en buen estado y que la prioridad es su seguridad, así como la realización de exámenes psicomédicos y su pronta recuperación para tranquilizar a sus familias.
Caicedo también señaló que el ELN ha instrumentalizado a comunidades indígenas de la zona durante años: “Algunos están instrumentalizados, pero otros sí son miembros directos de las estructuras del ELN, desde allí, desde los mismos resguardos, salen a ubicar y a colocar algunas banderas y algunos cilindros como los que colocaron allí (...) hace unos días”.
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Desde el resguardo La Puria, la comunidad rechazó categóricamente las acusaciones de secuestro.
En el texto, afirmaron: “No hemos secuestrado a nadie, no somos secuestradores ni nada cercano a la forma en que se comunica nuestra acción. Criminalizan nuestros derechos como siempre ha pasado desde que el conquistador asoló nuestros territorios”.
Además, subrayaron que la decisión de impedir la presencia de cualquier grupo armado, legal o ilegal, dentro de sus límites territoriales constituye un ejercicio legítimo de autonomía. La comunidad enfatizó: “No aceptamos que se sigan vulnerando los derechos de los pueblos indígenas mediante ingresos arbitrarios que desconocen nuestra autoridad”.
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La comunidad indígena de La Puria exigió la instalación inmediata de una mesa de concertación de alto nivel para abordar las violaciones sistemáticas a sus derechos.
En su comunicado, solicitaron: “Exigimos garantías de seguridad y acción autónoma para nuestra Guardia Indígena y para todas las comunidades del resguardo la Puria”.
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