El candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el abogado Germán Calderón España presentaron dos acciones legales ante instancias superiores contra decisiones adoptadas por el Gobierno de Gustavo Petro durante la gestión de temas fiscales con proyección a 2026.
En su mensaje en X, el abogado anunció: “Interpusimos dos demandas en la primera hora de hoy, lunes 22 de diciembre, contra las ilegalidades, tropelías y la corrupción del régimen de Gustavo Petro”. De acuerdo con el abogado, los recursos jurídicos buscan poner freno a disposiciones recientes en materia económica y financiera.
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La primera acción corresponde a una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional dirigida al decreto de emergencia económica, social y ecológica expedido por el Ejecutivo nacional.
Según explicó De la Espriella, el documento no se fundamenta en “hechos sobrevinientes o extraordinarios que pudieran alterar la situación económica del país”, por lo que solicitó que se declare inválido.
Además, pidió una “suspensión provisional de los efectos del decreto” mientras la Corte evalúa el caso, incluyendo una solicitud especial para que los magistrados sesionen de manera extraordinaria durante el receso navideño.
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El segundo recurso consiste en una acción popular ante el Consejo de Estado por la venta, sin subasta pública, de títulos de deuda TES por 23 billones de pesos (alrededor de 6.000 millones de dólares) a un solo comprador extranjero de identidad desconocida.
Esta acción busca salvaguardar los “derechos e intereses colectivos al patrimonio público y a la moralidad administrativa” y denuncia posibles afectaciones al principio de “pluralidad de oferentes y a la publicidad”.
El candidato precisó que solicitó al alto tribunal la suspensión inmediata de los efectos de la transacción, así como una convocatoria extraordinaria para que los magistrados decidan sobre la medida urgente requerida.
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De la Espriella concluyó su exposición: “Defensores de la Patria presentamos estas acciones ante las amenazas al Estado y al patrimonio colectivo”.
En los escritos jurídicos, los demandantes argumentan que la venta directa de TES restringe la competencia y carece de la transparencia exigida por la normativa vigente.
La estrategia adoptada por el aspirante presidencial se suma a las voces que cuestionan el uso de mecanismos excepcionales por parte del Ejecutivo, y coloca bajo examen judicial dos decisiones relevantes de la actual administración.
Esto dijo el abogado Germán Calderón España: “No permitiremos esa jugadita que beneficiará a Iván Cepeda”
El anuncio de la emergencia económica, social y ecológica por parte del Gobierno nacional, divulgado este lunes por el ministro de Hacienda, generó una reacción inmediata por parte de representantes de los autodenominados Defensores de la Patria.
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De acuerdo con declaraciones, el abogado Germán Calderón España afirmó: “El Gobierno nacional acaba de anunciar a través de su ministro de Hacienda que va a decretar la emergencia económica, social y ecológica”.
En el mensaje, Calderón España sostuvo que la decisión buscaría “recoger los dineros para alimentar la campaña política a la presidencia de Iván Cepeda”, lo que alertó al colectivo que integra junto a Abelardo de la Espriella y otros abogados. “Eso no lo vamos a permitir”, añadió el jurista.
La estrategia legal ya estaría definida. “Aquí, en este computador, ya está la demanda hecha. Solamente estamos esperando que se le coloque un número al decreto legislativo e inmediatamente se publique y la estaremos demandando en forma inmediata”, detalló Calderón España.
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El grupo aseguró que sus acciones buscarán frenar la entrada en vigor de la medida apenas sea publicada en el Diario Oficial, para lo cual anunciaron que activarán mecanismos jurídicos ante los tribunales correspondientes.
En su comunicación, Calderón España subrayó el papel que debe cumplir el Congreso de la República, al recordar que la Cámara tiene la tarea de ejercer control sobre el decreto y convocar a sesiones extraordinarias.
El abogado señaló la responsabilidad institucional de la Corte Constitucional, que analizará el decreto una vez concluya la vacancia judicial prevista hasta el 13 de enero de 2026.
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