El Ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció el viernes 19 de diciembre que el Gobierno nacional está ultimando los detalles para declarar un estado de emergencia económica.
El objetivo de esta medida sería cubrir el déficit de $16,3 billones en el Presupuesto General de la Nación de 2026, tras el archivo de la ley de financiamiento en el Congreso. Entre los argumentos del Ejecutivo para justificar la medida se encuentran el aumento de los costos de la deuda pública, las obligaciones acumuladas en el sector salud, el riesgo de impago de subsidios de energía, problemas de liquidez y la rebaja en la calificación crediticia.
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Al respecto, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) expresó su oposición a la posible declaratoria.
Según el comunicado del gremio empresarial, no se cumplen los requisitos legales establecidos para activar el estado de emergencia económica. En el documento, la Andi afirma que “no existe una situación o hecho sobreviniente que habilite al Gobierno para decretar tal medida excepcional” y sostiene que las causas invocadas por el Gobierno “tienen origen en acciones del mismo gobierno y fueron completamente previsibles, pues son fruto de una política de gasto excesiva”.
La Andi enfatizó que el presupuesto aprobado para 2026 asciende a $546 billones, y el déficit señalado por el Ejecutivo representa apenas el 2,9 % del total de recursos presupuestados.
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Por este motivo, el gremio considera que “no existe un fundamento de peso para considerar que un faltante tan pequeño pueda afectar de tal forma que se requiera la declaratoria del estado de emergencia”.
El presidente del gremio, Bruce Mac Master, expresó su preocupación sobre el impacto que tendría la eventual promulgación de decretos bajo un régimen de emergencia, afirmando que “en Colombia existe algo que se llama la presunción de legalidad, es decir, mientras las leyes o los decretos no hayan sido declarados ilegales están vigentes. Significa esto que si como resultado de la emergencia económica se emiten decretos que, por ejemplo, creen impuestos nuevos, los impuestos estarán vigentes. Por lo tanto, tendremos […] que pagarles los impuestos al gobierno, así sean inconstitucionales”.
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Además, la asociación precisó que existen mecanismos alternativos para corregir el déficit fiscal, como el recorte o aplazamiento de gastos. La Andi señaló la “clara obligación de la rama ejecutiva para llevar a cabo un ejercicio presupuestal razonable, ponderado y que responda a factores objetivos de cuantificación”.
En su planteamiento dirigido a la Corte Constitucional, la Andi reiteró la ausencia de “una situación grave e inminente” que justifique la medida extraordinaria. El gremio advirtió sobre el riesgo de que la declaración de emergencia se realice cuando el tribunal se encuentre en período de vacancia, lo que dificultaría una respuesta ágil y podría afectar los derechos de los contribuyentes con la imposición de nuevas obligaciones tributarias.
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Por este motivo, el presidente de la asociación solicitó a la Corte que, en caso de expedirse el decreto, considere la posibilidad de suspender provisionalmente la declaratoria para “no generar perjuicios irremediables sobre los contribuyentes y la economía nacional”.
La organización concluyó que la reciente caída de los recaudos tributarios y la decisión del Congreso de archivar la ley de financiamiento no configuran una “crisis económica sobreviniente ni sistémica” que habilite al gobierno a adoptar medidas excepcionales sin intervención legislativa.
De acuerdo con el presidente Petro, la declaratoria de emergencia económica otorgaría una mayor responsabilidad fiscal a quienes poseen más capacidad económica, mientras se aliviarían las cargas impositivas sobre empresas y la clase media.
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El borrador conocido públicamente contempla un paquete de medidas tributarias que afectarían movimientos financieros y el consumo de productos como licores, vinos y cigarrillos a partir de 2026, así como el incremento del gravamen a los movimientos financieros de 4x1.000 a 5x1.000
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