Gobierno Petro condenó sanciones impuestas por Estados Unidos a dos jueces de la Corte Penal Internacional: “Obstáculo grave”

A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, rechazó las sanciones impuestas por Estados Unidos, país liderado por Donald Trump, contra los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) Gocha Lordkipanidze y Erdenebalsuren Damdin.

Según indicó la cartera, estas medidas, que se suman a otras previamente dirigidas a funcionarios de la CPI, son consideradas como un problema que afecta seriamente la independencia y autonomía del alto tribunal.

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“Constituyen un obstáculo grave contra la independencia y efectividad de una institución que representa un instrumento esencial para millones de víctimas de los crímenes más graves de trascendencia internacional, incluyendo aquellos acaecidos en el territorio del Estado de Palestina, que socavan el Estado de derecho y amenaza el orden jurídico internacional. La CPI es, para ellas, el último recurso para acceder a la justicia y garantizar la rendición de cuentas”, indicó.

En ese sentido, el Gobierno afirmó que está comprometido con los principios del Estatuto de Roma y convocó a la comunidad internacional a defender el multilateralismo y proteger la integridad del sistema de justicia internacional. Además, anunció su adhesión a los Estados y organizaciones que exigen el retiro de las sanciones.

“Colombia se une de esta manera a aquellos Estados y organizaciones que demandan el retiro de estas sanciones en defensa de la independencia de la CPI para hacer justicia de manera independiente e imparcial”, precisó.

¿Por qué sancionaron a los jueces de la corte?

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue el responsable de informar las sanciones a los jueces Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia. Según indicó, el Gobierno norteamericano lo señala de investigar a israelíes presuntamente involucrados en crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza, en medio de la guerra entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas.

“Estas personas han participado directamente en los esfuerzos del TPI (CPI) para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos israelíes, sin el consentimiento de Israel, incluida la votación con la mayoría a favor del fallo del TPI contra la apelación de Israel el 15 de diciembre”, detalló el funcionario en un comunicado.

Desde la perspectiva del Gobierno norteamericano, las indagaciones que está llevando a cabo el alto tribunal están “politizadas” y afectan a Israel –señalada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de cometer un “genocidio” en Gaza, donde murieron más de 70.000 personas, según el Ministerio de Sanidad palestino–.

Indicó, además, que se estaría sentando un precedente peligroso para las demás naciones, por lo que insistió en que el Gobierno Trump no tolerará lo que considera son “abusos” por parte de la Corte Penal Internacional.

“Nuestro mensaje al tribunal ha sido claro: Estados Unidos e Israel no son parte del Estatuto de Roma y, por lo tanto, rechazan la jurisdicción del TPI (…). Seguiremos respondiendo con consecuencias significativas y tangibles a la legalidad y las extralimitaciones del TPI”, indicó.

En enero de 2024, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos ante la ONU aseguró que los señalamientos hacia Israel sobre su presunta responsabilidad en un genocidio en Gaza carecen de evidencias. “Seguimos creyendo que las acusaciones de genocidio son infundadas y tomamos nota de que el tribunal no se pronunció sobre el genocidio ni pidió un alto el fuego en su fallo”, precisó.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha acusado en varias oportunidades a Benjamín Netanyahu, primer ministro de israelí, de provocar un genocidio en el territorio palestino. También ha señalado al presidente Trump de ser su cómplice.