Eduardo Montealegre rechazó versiones de venta de certificados durante su paso por el Ministerio de Justicia: “Red fue denunciada”

En respuesta al escándalo que salpicaría su paso por el gabinete del presidente de la República, Gustavo Petro, el exministro de Justicia Eduardo Montealegre afirmó el jueves 18 de diciembre de 2025 que la red de corrupción en la venta de certificados de carencia en esta dependencia fue detectada y denunciada por su administración, antes de la reciente denuncia pública efectuada por el ministro encargado de esta cartera, Andrés Idárraga.

En un documento remitido a la revista Semana, con el que trató de desmarcarse de cualquier responsabilidad sobre estas prácticas cuestionables, Montealegre -que hasta el 28 de octubre estuvo al frente de esta dependencia- sostuvo que la investigación interna y la denuncia penal sobre estos hechos se llevaron a cabo durante su gestión, y que las autoridades competentes ya habían sido alertadas con anterioridad sobre este tipo de irregularidades.

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El exministro explicó al citado medio que la investigación sobre la red de corrupción comenzó tras recibir información de Cesar Augusto Roa Santana, director de control interno de la entidad, durante una reunión de trabajo celebrada los días 9 y 10 de octubre. “La orden de Montealegre fue perentoria: investigar, recoger evidencias y formular denuncia penal”, expresó el exministro, que la denuncia penal se presentó el 29 de octubre, un día después de su retiro del cargo.

Y agregó que los hechos mencionados por Idárraga ya habían sido objeto de investigación y denuncia por su administración “hace más de mes y medio”. La investigación interna liderada por el exministro -que también pasó por la Fiscalía General de la Nación- se centró en la presunta existencia de una red que facilitaba la expedición y renovación de certificados de carencia, a cambio de dinero o dádivas por la gestión de este tipo de documentos del ministerio.

El escándalo que salpica al exministro de Justicia Eduardo Montealegre

Los certificados, expedidos por el ministerio, son documentos esenciales que acreditan que una persona o empresa no tiene antecedentes por tráfico de drogas o delitos relacionados, y constituyen un requisito para las compañías que manejan sustancias químicas controladas, como precursores para uso industrial. En ese sentido, la denuncia de Idárraga, el 17 de diciembre, fue dirigida a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y al procurador General, Gregorio Eljach.

En efecto, el ministro (e) explicó que la situación fue conocida durante el proceso de empalme con la administración anterior, cuando la Oficina de Control Disciplinario Interno le informó sobre presuntos hechos de corrupción que se habrían presentado desde septiembre de 2024 en el proceso de expedición y/o renovación de certificados. Según el ministro, la denuncia llegó por parte de uno de los afectados y bastó para trasladar el caso a la Fiscalía y la Procuraduría.

Idárraga solicitó a Camargo la designación de un fiscal competente y un equipo de técnicos investigadores para recibir y analizar las pruebas recaudadas hasta el momento. Además, pidió al procurador Eljach que disponga de un equipo para iniciar una vigilancia preventiva sobre la función pública, con el objetivo de supervisar el proceso de control y fiscalización de sustancias químicas y estupefacientes en el Ministerio de Justicia, dada la gravedad de la denuncia.

La importancia de los certificados de carencia radica en su función como salvaguarda legal para las empresas que operan con sustancias químicas controladas. Así pues, su expedición garantiza que los solicitantes no tienen antecedentes penales relacionados con el tráfico de drogas, lo que resulta fundamental para el control estatal sobre el uso de estos insumos en la industria; por lo que, ante la gravedad de las acusaciones, se ha solicitado un equipo especializado para recibir y analizar las pruebas existentes.