
La decisión de la justicia que envió a la cárcel el jueves 18 de diciembre de 2025 a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por corrupción en la Unidad Nacional del Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Invías, provocó una dura reacción del presidente de la República, Gustavo Petro, que abordó el tema durante un encuentro con la directora de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, Eva Carolina Madrid.
En sus palabras, el jefe de Estado no solo reconoció la gravedad de los hechos, sino que expuso la persistencia de estructuras corruptas dentro del Estado y la dificultad de erradicarlas. Contrario a lo que decía en julio de 2024, cuando desvirtuaba las acusaciones contra los entonces titulares de Hacienda y del Interior, investigados por concierto para delinquir, cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias.
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“Bonilla es ingenuo, le advertí muchas veces eso. Ojo, la extorsión, porque la extorsión no solo viene del extorsionado, sino del extorsionista, pero no me meto en eso porque es un tema de investigación”, afirmó el gobernante durante la reunión. Esta declaración hizo énfasis en la existencia de dinámicas de corrupción que, según el presidente, trascienden a los individuos y se enraízan en las instituciones, como habría ocurrido con la entidad de la gestión del riesgo.
Pese a que la Fiscalía solicitó detención domiciliaria para los exministros, la magistrada Aura Rosero Baquero, del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó su traslado a prisión. El riesgo, según la togada, no está vinculado a la movilidad física, sino a la capacidad de organización e intermediación de estructuras complejas de criminalidad contra la administración pública; y añadió que la medida de aseguramiento en un centro penitenciario es adecuada, necesaria y proporcional.
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Gustavo Petro apuntó a Olmedo López como el máximo responsable del escándalo en la Ungrd
Al referirse al caso específico de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y que se convirtió en el testigo estrella del entramado que quedó al descubierto desde el 22 de febrero de 2024, Petro detalló el origen y la continuidad de las prácticas ilícitas. Aunque con ello trató de desligarse de alguna indicación dada por su parte, en relación con una supuesta instrucción para beneficiar a congresistas a cambio de su apoyo a reformas impulsadas por el Ejecutivo.
“El tema se llama Olmedo, en este caso. Y Olmedo, que conocí en alguna campaña electoral en Antioquia, nosotros tenemos dificultades en Antioquia siempre por la composición política de la sociedad antioqueña, entonces el señor Olmedo usó de eso una de estas estructuras que ya estaba en la Ungrd, de lo que se roba la plata en la Ungrd ya estaba ahí y lo había hecho, otra vez le tengo que decir, por centenares de miles de millones de pesos o billones”, explicó.
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En ese sentido, el mandatario atribuyó la permanencia de estos esquemas a la continuidad de prácticas previas, al señalar que el contexto político influye en la percepción y el manejo de la corrupción. “Lo que pasa es como eso sucede en una época política diferente, pues uno se lo explica”, sostuvo el mandatario, que evidenció la dificultad de transformar estructuras arraigadas en el organigrama estatal y que, según él, no llegaron con su Gobierno, sino desde antes.
El presidente, al que se le vio molesto con esta situación, fue enfático al condenar la complicidad de funcionarios actuales con redes corruptas preexistentes. “Es el que funcionarios del actual Gobierno, en vez de destruir la mafia interna, la usen para sí mismos. Pues se va, se va. Aquí no queda”, sentenció el jefe de Estado, que marcó distancia respecto a quienes, según él, traicionan la confianza depositada en el servicio público.
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Finalmente, el jefe de Estado reconoció la complejidad de identificar a los corruptos antes de que accedan al poder. “Yo ojalá tuviera un detector energético para detectar al corrupto antes. Pero hay gente que, en general, llega con buena intención y el poder los corrompe”, concluyó Petro, que afronta el que es considerado el escándalo de corrupción más grande del último tiempo, y que podría alcanzar estimaciones cercanas a los 1,2 billones de pesos.
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