
El presidente Gustavo Petro ordenó a la Policía Nacional identificar e incautar medicamentos que, según denunció, habrían sido acaparados ilícitamente por empresas prestadoras de salud en diferentes regiones de Colombia.
La instrucción, emitida durante la ceremonia de ascensos en la Escuela de Policía General Santander de Bogotá, se fundamenta en la premisa de que el Gobierno ya adquirió los fármacos necesarios y que estos deberían estar disponibles para los pacientes, sin que tengan que suplicar por ellos.
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Petro subrayó que la seguridad debe medirse por vidas salvadas y no por el número de muertes, y vinculó la labor de la Fuerza Pública con la defensa del derecho a la salud.
En su intervención ante los oficiales ascendidos y sus familias, el mandatario sostuvo que muchas empresas mantienen en sus bodegas los medicamentos requeridos por la población, negándose a entregarlos con el objetivo de obstaculizar la reforma al sistema de salud.

El mandatario afirmó: “Es un deber de todo policía de Colombia ir a las farmacias y, sin incumplir las normas, ir a las bodegas y determinar en cada pueblo de Colombia en dónde están guardando las penicilinas y las medicinas que necesita con urgencia muchos enfermos en este país, que no tienen por qué suplicar cuando la medicina ya la compró el Gobierno de antemano y está en abundancia y no se la tienen que ir a vender a los contrabandistas y a vender a Venezuela y a vender a más alto precio del que se compró para llenarse la barriga del dinero de los pobres mientras los pobres viven la pobreza de su salud”.
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El presidente enfatizó que la Policía y los alcaldes, dentro del marco legal, deben proceder a la incautación de los medicamentos acaparados, ya que la ausencia de estos insumos en los centros de salud podría deberse a la apropiación indebida de recursos públicos, lo que constituye un delito contra el patrimonio y la vida de la sociedad colombiana.
Petro denunció que algunos actores privados estarían desviando los medicamentos para revenderlos a precios más altos o exportarlos ilegalmente, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.

Durante la ceremonia, en la que ascendieron 97 mayores al grado de teniente coronel y 208 capitanes al de mayor, el jefe de Estado también abordó la problemática de la delincuencia juvenil.
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Reconoció que la realidad social del país empuja a muchos jóvenes a integrarse en bandas criminales, que los reclutan de manera ilegal. Petro instó a la Policía a ofrecer alternativas a estos jóvenes, señalando: “Ustedes tienen la obligación de sacar a los otros jóvenes de las bandas o se llevan a la cárcel o se les da la mano para que entiendan que la violencia no es el camino”.
Añadió que las cárceles colombianas no cumplen una función rehabilitadora, sino que se convirtieron en escuelas del delito, y abogó por un sistema penitenciario que eduque y sensibilice a quienes ingresan.
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El mandatario presentó cifras que muestran que los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y el suyo registraron las tasas de homicidio más bajas desde 1993. No obstante, insistió en que el objetivo debe ser superar la mera comparación entre administraciones y enfocar la seguridad en la protección efectiva de la vida.
Petro propuso un nuevo criterio para valorar los ascensos en la Fuerza Pública: “Yo me sentiría absolutamente decorado y orgulloso de poner esas insignias en los hombros o en el pecho, si el que asciende puede mostrar que redujo la muerte en su territorio. Y es por ahí por donde hay que medir, no como antaño que nos trajo tanta inmundicia y humillación y pérdida de moral, porque se premiaba era por cuántos muertos más, y se ponían las medallas, y terminamos en la ejecución bárbara de miles de jovencitos que no merecían morir sino estar en esta Navidad con sus familias. Pero el nuevo indicador general no es de la muerte, es de la vida“.
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En otro pasaje de su discurso, el presidente criticó la postura de los gremios económicos, que, según él, solicitan incrementos del 17% para rubros de salud y rentas financieras, mientras proponen que el salario mínimo no supere el 7%.
Petro cuestionó: “No me pueden explicar con sinceridad por qué a los trabajadores solo se les pide subir un 7%, mientras a los dueños del capital rentístico que viven del Estado ellos cobran al Estado el 13% y, si es para salud, el 17%, mientras las medicinas las guardan en las bodegas y no se las entregan a la gente buscando que no se reforme la salud“.
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Con este conjunto de directrices, el presidente articuló tres líneas de acción: una Policía que garantice el acceso real a los medicamentos, un sistema de salud que priorice a los pacientes sobre los intereses económicos y una política de seguridad que mida su éxito por las vidas protegidas.
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