La senadora Isabel Zuleta es señalada, por generales del Ejército, de interferir en operativos contra el crimen: “Mi cabeza puede rodar”

Altos mandos de la Policía y las Fuerzas Militares han denunciado que la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, y su círculo cercano han interferido en operaciones e investigaciones dirigidas contra estructuras criminales en Antioquia.

Según los testimonios recogidos por Semana, la congresista y personas de su entorno han solicitado a oficiales frenar procedimientos contra organizaciones vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y homicidios, lo que ha generado preocupación en la fuerza pública y ha llevado el caso ante el Ministerio de Defensa, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía.

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Ocho generales, cinco en servicio activo y tres en retiro, relataron haber recibido llamadas de Zuleta, así como de familiares y asesores suyos, en las que se les pedía detener combates y operativos en municipios como Ituango, Briceño, Amalfi, Medellín y el Valle de Aburrá.

Uno de los comandantes que operó en Antioquia describió la presión que sentía: “Es feo decirlo, pero estábamos doblegados porque está en juego la carrera de uno, mi cabeza puede rodar”, afirmó, aludiendo al temor de represalias debido a la influencia de la senadora sobre decisiones del presidente Gustavo Petro y del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Uno de los episodios más significativos ocurrió el 17 de julio de 2023 en Ituango, tierra natal de Zuleta. Mientras las Fuerzas Militares enfrentaban a los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, la senadora se comunicó con un oficial para pedir que se detuviera el combate, argumentando que las tropas atacaban a mineros.

Sin embargo, los uniformados reportaron que los supuestos mineros estaban armados, uniformados y acompañados de menores de edad. Cinco de los presentes confirmaron al medio mencionado que “la intención de ella era parar el combate”.

Ese mismo día, Johan Edisson Giraldo, asesor de Zuleta, contactó a un general para advertir sobre tres personas presuntamente perseguidas por las tropas, solicitando evitar errores en el operativo. El enfrentamiento dejó dos soldados muertos, un cabecilla de las disidencias abatido y tres adolescentes armadas puestas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Las intervenciones del entorno de Zuleta no se limitaron a ese caso. El 29 de junio de 2023, Giraldo cuestionó a un general por la respuesta institucional ante la incursión del Clan del Golfo en Briceño, criticando que se exigiera una denuncia formal para actuar.

Posteriormente, Lina Zuleta, hermana de la senadora, reclamó a las tropas por su accionar en la misma zona, señalando que solo se enfocaban en el Clan del Golfo y no en las disidencias de las Farc ni en el ELN.

La senadora también ha cuestionado investigaciones y operativos de la Policía contra la minería ilegal en el nordeste y Bajo Cauca antioqueño, zonas disputadas por el Clan del Golfo, las disidencias y el ELN.

Un alto mando policial aseguró que Zuleta “siempre defiende a la minería en todas sus aristas”, aunque los investigadores contaban con pruebas de vínculos entre algunos mineros y organizaciones criminales. Tras un operativo en Amalfi donde se incautaron dragas, la congresista criticó duramente a la Policía, alegando desconocimiento de los procedimientos y manifestando su inconformidad en reuniones oficiales.

En otras ocasiones, Zuleta protestó por la vinculación de estructuras de las disidencias de las Farc en investigaciones, mostrando su disgusto cuando se mencionó al frente 36 en un caso específico.

Además, la senadora habría reprochado la mayoría de los procedimientos liderados por el general Rosemberg Noboa, actual subdirector de la Policía, especialmente aquellos relacionados con la operación Agamenón contra el Clan del Golfo. Según un alto oficial, Zuleta exigía actas de reuniones y cuestionaba la relación de Noboa con la Alcaldía de Medellín.

La congresista también dirigió críticas al brigadier William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por su trabajo conjunto con la administración local. Según fuentes consultadas por Semana, Zuleta alertó a superiores en Bogotá sobre supuestos montajes en Medellín que afectarían las negociaciones de paz total impulsadas por el presidente Petro, en las que ella actúa como coordinadora en la cárcel La Paz de Itagüí.

En el primer semestre de 2024, la senadora responsabilizó a la Policía de Medellín por una operación contra la Oficina de Envigado, aunque la diligencia fue liderada por la Fiscalía.

Este reclamo, documentado en un oficio conocido por Semana, llegó a la Corte Suprema y la Fiscalía, y se sumó a las preocupaciones de la fuerza pública sobre la posible afectación de las mesas de diálogo en la cárcel de Itagüí por los operativos judiciales.

Oficiales del Ejército también reportaron que Zuleta ha visitado batallones para exigir explicaciones sobre operativos militares, lo que ha generado incomodidad y temor entre los mandos, quienes se han visto obligados a revelar detalles de las estrategias contra la criminalidad en Antioquia. Un general describió la situación: “Asustado uno de que lo fueran a relevar o alguna cosa así, se le contaban las cosas”.

El general (r) Guillermo León León, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, consideró inaceptable que una persona al frente de una negociación de paz contacte directamente a generales para pedir que no haya operaciones: “Si no hay con ellos un acuerdo formal (cese al fuego), pues quiere decir que la fuerza pública no tiene ninguna restricción para operar y continuar operaciones ofensivas en contra de grupos al margen de la ley”, declaró a Semana. Los militares y policías recalcaron que en los casos denunciados no existía cese de hostilidades.

El Ministerio de Defensa fue alertado por la cúpula militar sobre la necesidad de acompañamiento institucional ante los constantes reclamos de Zuleta.

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