El proceso de justicia transicional dio un nuevo paso en Colombia con las audiencias de reconocimiento realizadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bucaramanga, donde cuatro exintegrantes del Bloque Magdalena Medio de las extintas Farc admitieron su responsabilidad en los secuestros cometidos en Santander, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá y Cesar.
Las diligencias se centraron en escuchar a las víctimas y en permitirles confrontar directamente a quienes participaron en los hechos que marcaron sus vidas.
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Durante las sesiones, las víctimas relataron episodios de extrema crueldad, las consecuencias físicas y psicológicas que aún padecen, y las preguntas que siguen sin respuesta, especialmente sobre el paradero de familiares desaparecidos.
La JEP, en su rol restaurativo, facilitó espacios de diálogo que derivaron en reconocimientos explícitos de responsabilidad y solicitudes de perdón por parte de los comparecientes.
Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll ofreció disculpas públicas, en nombre del Estado colombiano, a Campo Elías Serrano Peña, quien fue secuestrado por las Farc y posteriormente condenado por crímenes que no cometió.
“Quisiera […] pedirle perdón por la enorme injusticia que se cometió con usted, por haber pagado cárcel por algo que no hizo. Si el Estado tuviera conciencia, seguro le dolería”, expresó Lemaitre, al reconocer los 17 años que el sobreviviente pasó entre el cautiverio y la prisión.
El testimonio de Serrano Peña evidenció la brutalidad de su secuestro: relató que fue sometido a tratos degradantes y presionado a asumir responsabilidades por delitos ajenos, bajo amenaza de muerte. Hoy, como secuela de los años de encierro en la selva y en la cárcel, permanece en silla de ruedas.
Ante ese relato, Pedro Trujillo Hernández, excomandante de las Farc, reconoció que Serrano Peña fue víctima de una injusticia y se sumó a la solicitud de reparación.
“Usted no fue un sicario; asumió un delito que no había cometido y lo hizo por miedo a ser asesinado. Nos unimos a la solicitud del Estado: que haya una pronta reparación por los años que estuvo en cautiverio de forma injusta”, afirmó.
La magistrada Catalina Díaz destacó el valor del intercambio entre víctimas y comparecientes, subrayando que estos ejercicios son esenciales para la construcción de la paz. “Es muy emocionante ver este diálogo […] Lo que hacen aquí es construir la paz con sus propias manos y su propia palabra”, señaló.
Con estos reconocimientos, la JEP avanza en el esclarecimiento de crímenes cometidos por las extintas Farc en cinco departamentos del país.
JEP documenta masacres, despojo y desapariciones en Urabá
La JEP también acreditó 504.853 víctimas en la región de Urabá, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado, dentro del macrocaso 04 que investiga los crímenes cometidos entre 1986 y 2003.
La decisión marca un avance en la justicia transicional al imputar simultáneamente a siete exintegrantes de las Farc, veintiún militares retirados y cinco empresarios del Fondo Ganadero de Córdoba, señalados como máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
El extenso auto de imputación, de más de mil quinientas páginas, documenta patrones de violencia que afectaron a mujeres, comunidades indígenas y afrodescendientes, campesinos y líderes sociales.
Entre los hechos más devastadores se encuentra la masacre de Bojayá (2002), en la que 98 personas murieron cuando un cilindro bomba de las Farc impactó la iglesia donde se refugiaban civiles en medio de combates con paramilitares.
En total, la JEP ha reconocido 54.672 víctimas de desaparición forzada, desplazamiento, homicidio, tortura, violencia sexual, daños ambientales y despojo de tierras.
El caso abarca hechos en municipios de Antioquia, Chocó y Córdoba, afectados por la disputa territorial y económica de múltiples actores armados. La JEP identificó tres patrones criminales:
- Eliminación por prejuicio del enemigo, ejemplificada en la masacre de Pueblo Bello, Turbo, donde paramilitares con apoyo militar asesinaron a 43 campesinos señalados de colaborar con la guerrilla.
- Vaciamiento territorial y despojo de tierras, perpetrado por paramilitares, exmilitares y empresarios del Fondo Ganadero, especialmente en la región de Tulapas, convertida en epicentro de asesinatos y desplazamientos masivos.
- Control sociocultural y territorial, reflejado en asesinatos de líderes comunitarios y daños a bienes protegidos, como la destrucción de la bonga tutelar en Carmen del Darién, que provocó graves afectaciones ambientales.
Tras la imputación, los 34 comparecientes deberán reconocer por escrito su responsabilidad en un plazo de 60 días hábiles.
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