En las orillas del río Cauca, a la altura del corregimiento de Colorado, municipio antioqueño de Nechí, fue hallado el cuerpo de Wilmer Benítez, líder deportivo y comunitario del corregimiento de Margento, en Caucasia, que había sido reportado como desaparecido el viernes 6 de marzo de 2026.
Ese día, el ciudadano salió de su casa en horas de la madrugada, pero no se supo más de él. Al no tener noticias, los familiares acudieron a las autoridades para emprender su búsqueda.
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Tras días de rastreo intensivo por parte de socorristas, familia y miembros de la comunidad, el miércoles 11 de marzo, cuerpos de emergencia confirmaron el hallazgo de un cuerpo en aguas del río Cauca, atado a costales con piedras.
Tras las respectivas verificaciones, se confirmó que los restos correspondían a Benítez, que, al parecer, fue raptado por integrantes del autodenominado EGC, también conocido como Clan del Golfo.
Líderes de organizaciones sociales denunciaron que la víctima fue torturada y asesinada con arma de fuego, antes de ser amarrada a los costales para evitar que el cuerpo fuera localizado.
En caso de que la residencia de Benítez fuera en el corregimiento de Margento, cerca del río Cauca, el trayecto que su cuerpo navegó por el afluente pudo ser superior a los 10 kilómetros.
Leonardo González Perafán, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), aseguró que “las primeras informaciones indican que hombres del Clan del Golfo serían los responsables. Este crimen ocurrió en una región donde la Defensoría del Pueblo ya había advertido graves riesgos para la población civil debido a la presencia y disputa entre grupos armados ilegales en el Bajo Cauca antioqueño. Una situación que sigue generando homicidios, amenazas, desplazamiento y control armado sobre las comunidades”.
“Desde Indepaz rechazamos este crimen y reiteramos la urgencia de garantías reales de protección para el liderazgo social y presencia integral del Estado en estos territorios”, concluyó González Perafán.
El asesinato del líder social Wilmer Benítez constituyó el número 29 en lo que va de 2026 en Colombia, según cifras del instituto. Con este caso, en Antioquia ya se sumó un total de seis líderes sociales asesinados.
Director de Indepaz cuestionó al Estado por asesinatos de líderes sociales
A casi diez años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), la violencia y el control territorial continúan en muchas regiones del país.
Al respecto, González Perafán publicó un análisis en el que señaló que la desmovilización de la guerrilla de las Farc dejó vacíos de poder en territorios donde la organización tuvo fuerte presencia, lo que aceleró la llegada de grupos armados ilegales, disidencias, estructuras neoparamilitares y mafias regionales.
El líder de Indepaz comentó que el acuerdo de paz permitió la dejación de armas de una insurgencia, pero no logró desmantelar las redes criminales ni las economías ilegales que mantienen su influencia en varios departamentos.
Según sus palabras, “la violencia que vive hoy Colombia no se explica solo por los rezagos del conflicto con las Farc. Hoy el país enfrenta estructuras de macrocriminalidad que combinan narcotráfico, minería ilegal, contrabando, control de rentas locales e incluso vínculos con sectores institucionales”.
El análisis del también investigador indicó que los problemas en la implementación comenzaron en el propio gobierno que firmó el acuerdo y se profundizaron durante la administración siguiente, que bloqueó o desmontó herramientas centrales del pacto.
Sobre el Gobierno Petro dijo que, pese a que ha intentado reactivar algunos de los componentes más importantes, como la reforma rural, enfrenta obstáculos en el manejo de la seguridad y en la respuesta ante nuevas formas de criminalidad organizada.
En este contexto, la violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo se presenta como una de las expresiones más graves del conflicto territorial. Los asesinatos y amenazas a estos actores no son hechos aislados, sino parte de estrategias para intimidar comunidades y proteger intereses criminales, según el académico.
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