Este es el proyecto que busca ‘segundas oportunidades’ para las personas que salen de prisión en Colombia

En el Congreso de la República de Colombia fue radicado el proyecto de ley denominado “Segundas Oportunidades 2.0”, una propuesta que busca transformar al Estado colombiano en el principal garante de la reintegración social y económica de quienes han cumplido condena en centros penitenciarios.

La iniciativa, liderada por la representante a la Cámara Katherine Miranda y la actriz y activista social Johana Bahamón, pretende ofrecer acceso real a educación, empleo y apoyo psicosocial a esta población.

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En la presentación del proyecto, la congresista de Alianza Verde subrayó la responsabilidad estatal en la apertura de oportunidades laborales para las personas pospenadas.

“Si exigimos que una persona se reintegre, el Estado debe ser el primero en abrir la puerta del empleo y dar el ejemplo”, dijo la parlamentaria.

La iniciativa contempla la creación de tres instrumentos principales: un Programa Nacional de Reintegración Social y Económica, una Ruta Nacional de Reintegración y un Subsidio de Segunda Oportunidad.

Estos mecanismos están diseñados para garantizar que las personas que han recuperado su libertad accedan a apoyo educativo, orientación psicológica, asistencia en trámites básicos y facilidades para ingresar al mercado laboral.

“Le estamos apostando realmente a una ruta de reincorporación, donde no solamente estamos hablando de temas de empleo, sino también de un acompañamiento psicológico, de un acompañamiento para una reinserción laboral”, indicó Miranda.

A su vez, la representante bogotana recordó que “la ley pasada, invitamos al sector privado para que efectivamente hiciera parte de estas segundas oportunidades. Hoy estamos invitando al Estado colombiano para que también haga parte de este programa de segundas oportunidades y poder reducir esos altos índices de reincidencia”.

Por su parte, Johana Bahamón explicó que la propuesta amplía y fortalece lo establecido en la Ley de Segundas Oportunidades de 2022, transformándola en una política pública de mayor alcance y estabilidad, disponible en todo el territorio nacional.

“En Colombia, más de 11.000 personas recuperan su libertad cada año después de cumplir su condena. El 70 por ciento de las personas que recuperan su libertad salen sin trabajo, salen sin una red de apoyo familiar, y el 23 por ciento reincide (...) la Constitución nos ordena a garantizar la dignidad humana, la igualdad material y la resocialización como deber del Estado. Pero hoy, quienes ya pagaron su deuda, siguen siendo la única población vulnerable sin un programa nacional que los acompañe”, resaltó la actriz colombiana.

Ambas agregaron que el programa también busca fortalecer el bienestar y la convivencia, así como promover la reconstrucción de proyectos de vida.

“El proyecto tiene tres pilares: un subsidio de segunda oportunidad para los primeros meses en libertad, la obligación del Estado de reservar un porcentaje de sus vacantes para personas pospenadas y una ruta nacional de reintegración que articule documentación, salud, formación, apoyo psicosocial y empleabilidad (...) porque la libertad sin oportunidades no es libertad. Y hoy damos un paso más para que Colombia sea un país donde las segundas oportunidades sí existen”, sostuvo Bahamón.

El proyecto cuenta con el respaldo de todas las bancadas políticas, por lo que tendrá hasta el 20 de junio de 2026 para ser aprobada tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Avances de la Ley ‘Segundas Oportunidades’

La Ley 2208 de 2022, conocida como ‘Segundas Oportunidades’, introdujo un marco legal orientado a promover la reintegración laboral de personas pospenadas y a incentivar la participación del sector privado en este proceso.

Esta normativa reconoce a las empresas que contraten a personas que han salido de prisión o que se encuentran bajo medidas como prisión domiciliaria, libertad condicional o permisos de trabajo, otorgándoles el sello “Segundas Oportunidades” como distinción por su compromiso con la inclusión.

La normativa también contempla una ruta de emprendimiento definida por el Gobierno, destinada a respaldar la creación y sostenibilidad de empresas lideradas por beneficiarios de la norma. Esta estrategia busca no solo facilitar el acceso al empleo, sino también fomentar el desarrollo de proyectos empresariales propios entre quienes han cumplido una condena.

En 2025, el Ministerio del Trabajo emitió la Resolución 3287, que regula el procedimiento para validar la información de las empresas y trabajadores que buscan acogerse a los beneficios de la ley.

Según esta resolución, las empresas deben completar un formulario específico y los incentivos económicos y tributarios solo se otorgan si los trabajadores permanecen vinculados formalmente.

Entre los beneficios, se destacan los aportes parafiscales progresivos y reducidos durante los dos primeros años, lo que representa un alivio financiero para las compañías que apuestan por la inclusión laboral de esta población.