La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incorporó a cuatro ciudadanos colombianos y tres empresas con sede en Bogotá a la denominada Lista Clinton.
La decisión se dio luego de detectar su participación en redes de reclutamiento y apoyo logístico para las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en Sudán.
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Las sanciones, anunciadas el 9 de diciembre de 2025, respondieron a la identificación de estructuras que facilitaron el traslado de exmilitares colombianos para operar en el conflicto armado sudanés, destacó un informe del diario El Tiempo.
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Este proceso se dio justo al mismo tiempo que la actualización de la lista Ofac, que ahora registra 18.429 individuos y entidades, entre los que figura el presidente colombiano Gustavo Petro y su ministro del Interior Armando Benedetti.
De acuerdo con la investigación publicada por el diario colombiano, las empresas International Services Agency (A4SI), Maine Global Corp y Comercializadora San Benito desempeñaron funciones centrales en el reclutamiento, desplazamiento y manejo financiero de personal y recursos relacionados con el paramilitarismo en Sudán.
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La inclusión se fundamentó en el decreto ejecutivo 14098, elaborado por la administración estadounidense para sancionar a quienes desestabilizan Sudán y obstaculizan procesos de transición democrática.
Red de reclutamiento y operaciones en Colombia y el extranjero
El comunicado de la Ofac ha revelado que la red sancionada permitía el despliegue de exsoldados colombianos, quienes actuaban como operadores de drones, francotiradores, instructores o traductores al servicio de las RSF en territorio sudanés.
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Entre las personas incluidas se encuentra Álvaro Andrés Quijano Becerra, militar colombiano retirado con nacionalidad italiana y residencia en Emiratos Árabes Unidos, señalado como pieza clave del engranaje logístico.
Según la autoridad estadounidense, Quijano mantenía vínculos anteriores con el cartel del Norte del Valle y utilizaba una red de colaboradores para facilitar el movimiento internacional de fondos y personal.
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Aunque Quijano reside fuera de Colombia, figura como titular de dos predios ubicados en el norte de Bogotá, de acuerdo con la Superintendencia de Notariado y Registro.
La International Services Agency (A4SI), sociedad señalada como centro de reclutamiento, fue constituida en 2017 por Fabián Alfredo Angarita Urbina, Henry Guarín Ochoa, Jainer Eduardo Parodi Daza y Omar Antonio Rodríguez Bedoya, de acuerdo a la Cámara de Comercio de Bogotá.
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No existe evidencia documental de una participación original de Quijano. Asimismo, el diario bogotano reportó que la empresa amplió su objeto social a la intermediación, selección y capacitación laboral en seguridad, tanto nacional como internacional.
Los datos financieros más recientes, correspondientes al año 2024, sitúan los activos de A4SI en 264 millones de pesos colombianos, el patrimonio neto en 240 millones, ingresos anuales declarados por 329 millones y utilidades que alcanzan los 182 millones.
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Nombres y estructuras involucradas de colombianos que ingresaron a la Lista Clinton
La Ofac identifica a Claudia Viviana Oliveros Forero, esposa de Quijano y gerente actual de A4SI, como propietaria y administradora directa de la compañía.
Oliveros figura a su vez como expresidente y extesorera de Global Staffing S.A. (hoy Talent Bridge S.A.), empresa panameña también implicada, considerada por la autoridad estadounidense como un mecanismo para disminuir la exposición mediática y legal de A4SI.
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Un apartamento ubicado en el norte de Bogotá figura como uno de los bienes señalados en el expediente, y aparece a nombre de Oliveros.
En cuanto a Maine Global Corp, segunda empresa sancionada, su constitución en 2024 estuvo a cargo de Mateo Andrés Duque Botero, ciudadano colombo-español. La sociedad se fundó con objeto indeterminado, según información de la Cámara de Comercio de Bogotá, y sus últimos estados financieros indican activos por 704 millones de pesos, utilidades por 70 millones, pero ninguno por ingresos regulares de actividades ordinarias.
La gestión y dispersión de fondos de Global Staffing y la tramitación de pagos salariales para combatientes recaían en Maine Global Corp, apalancada por diversas entidades de Estados Unidos asociadas a Duque.
Mónica Muñoz Ucrós, gerente suplente de Maine Global Corp y titular de Comercializadora San Benito, también fue incluida en la lista de sancionados. Fue constituida en 2017 y muestra en sus reportes activos por cuatro millones de pesos, un patrimonio de dieciocho millones, ingresos de sesenta millones y utilidades que superan los nueve millones y medio.
El mismo diario colombiano detalló que esta sociedad canalizaba transferencias con entidades norteamericanas vinculadas a Duque.
Órganos oficiales confirmaron que ni Muñoz Ucrós ni Duque Botero poseen bienes raíces registrados a su nombre en Colombia.
Dimensión y alcance de la Lista Clinton: cuántos colombianos van incluidos junto al presidente Petro
Las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos afectan la capacidad de las personas y empresas incluidas para operar en mercados internacionales, interactuar con entidades estadounidenses y acceder a sistemas financieros regulados por Estados Unidos.
La Lista Clinton, conocida formalmente como Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN, por sus siglas en inglés), ha incluido hasta la fecha a 378 ciudadanos colombianos.
El presidente Gustavo Petro figura también dentro de los registros, aunque la inclusión responde a criterios históricos no detallados en la información oficial difundida por la autoridad norteamericana.
Dentro del pronunciamiento oficial, la Ofac precisó: “Las designaciones anunciadas forman parte de una acción coordinada para interrumpir redes internacionales que prolongan y agravan conflictos armados”.
La acción por parte del Gobierno de Donald Trump busca restringir recursos logísticos, humanos y financieros que fortalecen a actores armados responsables de la crisis humanitaria en Sudán.
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