La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó de manera simultánea a siete exintegrantes de las Farc, 21 militares en retiro y cinco empresarios del Fondo Ganadero de Córdoba como máximos responsables de crímenes graves cometidos en la región de Urabá entre 1986 y 2003.
Esta decisión, que hace parte del macrocaso 04, marca un precedente en la justicia transicional colombiana al señalar la responsabilidad conjunta de actores armados y civiles en una dinámica criminal que dejó más de medio millón de víctimas en una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado.
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El caso Urabá, uno de los tres procesos territoriales priorizados por la JEP, abarca hechos ocurridos en municipios de Antioquia, Chocó y Córdoba, como Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba, Acandí, Unguía, Riosucio, Carmen del Darién, Tierralta y Valencia.
La región fue escenario de una prolongada disputa por el control político, económico y territorial, considerada estratégica para el desarrollo de proyectos económicos de gran escala.
El auto de imputación, de 1.557 páginas, detalla los patrones criminales y las violencias sufridas por mujeres, indígenas, afrodescendientes, campesinos y líderes sociales.
La JEP identificó tres patrones criminales principales en la región. El primero, la eliminación por prejuicio de ser enemigo, se tradujo en masacres y asesinatos selectivos de personas estigmatizadas como colaboradoras de grupos armados rivales.
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Un caso emblemático es la masacre de Pueblo Bello, en Turbo, donde paramilitares con apoyo del Ejército asesinaron a 43 campesinos señalados de colaborar con la guerrilla.
Los perpetradores trasladaron a las víctimas en camiones robados hasta una finca en Valencia, Córdoba, donde las torturaron y asesinaron; 37 de los cuerpos aún permanecen desaparecidos.
Otro hecho relevante bajo este patrón es el asesinato de Liliana Londoño Díaz, una joven de 22 años degollada por miembros del quinto frente de las Farc en 1997, en un acto de “prejuicio enemigo” vinculado al control territorial.
El segundo patrón, el vaciamiento del territorio y el despojo de tierras, involucró principalmente a exmiembros del Ejército, grupos paramilitares y actores civiles como el Fondo Ganadero de Córdoba.
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La JEP documentó cómo la violencia sirvió para expulsar a la población y facilitar la adquisición masiva de tierras, especialmente en la región de Tulapas, que abarca municipios como Turbo, San Pedro de Urabá y Necoclí.
La llegada de paramilitares en 1994 coincidió con la imposición de controles armados y un aumento de homicidios. Benito Molina Valverde, presidente de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, reconoció ante la JEP que la guerra fue la “antesala” para vaciar el territorio y abrir paso a intereses económicos, apoyados por la acción de los paramilitares.
Solo en 1995, en Turbo, se registraron 1.484 asesinatos y 395 desapariciones, consolidando a Tulapas como el primer foco de vaciamiento regional y modelo de despojo.
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El tercer patrón criminal, el control sociocultural y territorial, se manifestó en ataques dirigidos a líderes sociales y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.
Entre los hechos más graves figura la masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002, cuando un cilindro bomba lanzado por guerrilleros de las Farc contra paramilitares impactó la iglesia donde se refugiaban civiles, causando la muerte de 98 personas. También se documentó el asesinato de María Ricardina Perea Mosquera, lideresa afrocolombiana y tesorera de la Junta de Acción Comunal del Consejo Comunitario de Las Pavas, en Riosucio, Chocó. }
Rodolfo Restrepo Ruiz, alias Víctor Tirado, admitió ante la JEP haber ejecutado el crimen por orden de un comandante de las Farc, bajo acusaciones nunca corroboradas. Además, la destrucción de la bonga tutelar del Consejo Comunitario de La Grande, en Carmen del Darién, por parte del frente 75 de las Farc, provocó un daño ambiental significativo al represar un afluente y sedimentar el río, afectando a la comunidad.
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La magnitud de las violaciones documentadas es considerable. En el marco del macrocaso 04, la JEP ha acreditado 54.672 víctimas por desapariciones, desplazamientos forzados, homicidios, torturas, violencia sexual, daños ambientales y despojo de tierras.
En la región de Urabá, la cifra total de personas reconocidas como víctimas asciende a 504.853, reflejando el impacto devastador de las acciones coordinadas entre exguerrilleros, militares y civiles.
Tras la imputación, los 34 comparecientes acogidos a la justicia transicional disponen de un plazo de 60 días hábiles para reconocer por escrito su responsabilidad en los crímenes señalados. Si aceptan los cargos, deberán comparecer ante las víctimas y asumir públicamente el daño causado en Urabá.
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