El interrogatorio programado por la Fiscalía General de la Nación a Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, fue reprogramado para mediados de diciembre, según confirmaron fuentes involucradas en el proceso judicial. El aplazamiento de la comparecencia se da en el contexto de la investigación por la presunta adquisición irregular de un penthouse de lujo ubicado en el norte de Bogotá, inmueble relacionado con una operación financiera sujeta a revisión por posibles delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El interrogatorio, inicialmente citado para el día de hoy, miércoles 10 de noviembre, fue aplazado para el viernes 15 de diciembre y tendrá lugar en las instalaciones de la Fiscalía, bajo la supervisión de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Este cambio responde a disposiciones administrativas y la necesidad de profundizar en la trazabilidad de las transacciones ligadas al caso.
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La compra del penthouse 901, valorado en 1.800 millones de pesos colombianos (aproximadamente 480.000 dólares estadounidenses), expuso posibles conflictos de interés al haber sido registrada originalmente a nombre de Princeton International Holding, firma vinculada a estructuras empresariales manejadas por el empresario del sector hidrocarburos, Serafino Iácono. La propiedad fue adquirida en diciembre de 2022, momento en el que Roa no presidía Ecopetrol y aún cumplía funciones como gerente de campaña del presidente Gustavo Petro.

El caso captó relevancia pública por las dudas expresadas sobre la ruta de los pagos. La investigación, supervisada por fiscales anticorrupción, estableció que las transacciones relacionadas con el apartamento se realizaron a través de Innova Mercadeo y Logística LTDA, empresa controlada por el oficial retirado de la Policía Nacional, Juan Guillermo Mancera. Según documentos presentados por el periodista Daniel Coronell en El Reporte Coronell, los pagos no siguieron un orden cronológico habitual y presentaron inconsistencias comparadas con la versión ofrecida por los involucrados.
La Fiscalía, al profundizar en las pesquisas, ordenó inspecciones en las oficinas de Mancera tanto en Ibagué como en Bogotá, en cumplimiento de una orden judicial. El objetivo de estas actuaciones ha sido determinar si la operación encubría alguna modalidad irregular de transferencia de recursos o violación a la normativa sobre lavado de activos.
El testimonio ofrecido por Serafino Iácono a El Tiempo aportó luz sobre la relación entre las partes. Iácono manifestó: “Conozco al coronel Mancera años atrás, por relaciones laborales y funcionales, lo que terminó configurando una amistad, y fue a él a quien le vendí en 2022 (antes del Gobierno Petro) el inmueble que yo tenía desocupado. Meses después de haber consentido y pagado el precio del negocio jurídico, me expresó que no iba a habitarlo como inicialmente me lo manifestó y que se lo había vendido a un tercero. Por esa razón, Mancera canceló el precio pactado a cuotas".
Esta declaración contrastó con información recabada por El Reporte Coronell, que asegura que los pagos realizados por Mancera ocurrieron después del 7 de marzo de 2023, cuando el inmueble ya figuraba a nombre de Roa, y continuaron hasta febrero de 2024.

De acuerdo con la documentación obtenida, la transferencia de la propiedad se formalizó el 7 de diciembre de 2022 mediante escritura pública en la Notaría 34 de Bogotá, el mismo día en que Princeton International Holding aún era titular del bien. Posteriormente, seis pagos fueron consignados en una cuenta de Bancolombia, según consta en una carta enviada por el representante legal suplente de Princeton International a un investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), carta que ya está en poder de la Fiscalía.
El Tiempo y El Reporte Coronell coincidieron en señalar que la indagación también examina si el traspaso del inmueble estuvo asociado a la eventual promesa de entrega de futuros contratos con Ecopetrol, aprovechando la posición de influencia de Roa al asumir la presidencia de la petrolera estatal.
Frente a la controversia, Ricardo Roa ha defendido que la adquisición del apartamento se realizó con fondos propios y que desconocía la titularidad previa de Princeton International Holding. El dirigente de Ecopetrol sostiene que no existieron irregularidades ni vínculos contractuales entre su compra y la actividad empresarial de Mancera o de Iácono.

El caso, bajo la vigilancia directa de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, se mantendrá en observación hasta la realización del interrogatorio. El ente investigador aspira a definir si existió alguna conducta punible que comprometa a los mencionados o si la operación inmobiliaria se ajustó a la legalidad vigente. La citación de Roa para el 15 de diciembre se considera clave para el esclarecimiento de los hechos y la toma de determinaciones por parte de la autoridad judicial.
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