Gobierno canadiense anunció demanda internacional contra el Ministerio de Defensa de Colombia por cancelar billonario contrato

La ruptura del millonario contrato para la construcción del Proyecto Fortaleza en la ciudad Bogotá ha generado una seria advertencia de la Canadian Commercial Corporation (CCC) al Ministerio de Defensa de Colombia.

La CCC es una entidad estatal canadiense que actúa como agencia de contratación, permitiendo que empresas de ese país puedan adjudicarse millonarios contratos con otros gobiernos del mundo, como el que obtuvo con el Ejecutivo colombiano en 2022 cuando se anunció la creación de una nueva sede en Bogotá de más de 240.000 metros cuadrados para la cartera de Defensa, con tecnología de punta y los más avanzados métodos de seguridad.

Según documentos obtenidos por la revista Cambio, la agencia estatal canadiense evalúa una demanda internacional luego de que se cancelara de forma unilateral el contrato, pactado por más de 1,59 billones de pesos, y reclama indemnizaciones que ascienden a decenas de millones de dólares.

El gobierno de Canadá ha advertido al de Colombia que la cancelación unilateral del acuerdo para el Proyecto Fortaleza podría desencadenar consecuencias legales y financieras de gran magnitud. Entre ellas destacan un litigio internacional, el pago de compensaciones millonarias y el reto de recuperar los anticipos enviados a cuentas canadienses, según información de Cambio.

El Ministerio de Defensa, bajo la dirección del general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, notificó la terminación del contrato el 22 de febrero. Esta decisión motivó a la CCC a advertir sobre la posibilidad de acudir a mecanismos de resolución de controversias internacionales si Colombia no accedía a los pagos reclamados.

La agencia atribuye la ruptura a desacuerdos presupuestales, intentos fallidos de renegociar ciertas condiciones y modificaciones contractuales que no contaron con consenso.

Origen y relevancia del contrato para el Proyecto Fortaleza

El acuerdo entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la Canadian Commercial Corporation fue suscrito en agosto de 2022 y fijado en 1,59 billones de pesos. Su meta era levantar un complejo de 241.000 metros cuadrados en el Centro Administrativo Nacional (CAN) de Bogotá, presentado como el principal proyecto de defensa nacional en 50 años.

La administración del expresidente Iván Duque impulsó el desarrollo bajo la modalidad de contrato gobierno a gobierno. Durante el inicio del gobierno de Gustavo Petro, el entonces ministro Iván Velásquez anunció el Proyecto Fortaleza como el mayor avance en infraestructura militar, con entrega prometida en el año electoral en curso.

No obstante, tras cuatro años sin avances estructurales, el vínculo contractual se fracturó, dejando en suspenso la finalización de las obras y el destino de los fondos transferidos.

Las razones de la cancelación y el conflicto presupuestal

El conflicto central surgió cuando el Ministerio propuso reducir el valor del contrato de 1,59 billones de pesos a 1,49 billones. La CCC aceptó solo una disminución parcial de 59.017 millones. La contrapropuesta del Ministerio fue rechazada, lo que derivó en un estancamiento de las negociaciones a lo largo de 2024.

Simultáneamente, el Ministerio objetó la modalidad contractual e intentó transformar el acuerdo original en un contrato de construcción que imponía nuevos seguros y responsabilidades a la CCC. La entidad colombiana también se negó a asumir impuestos previamente acordados y exigió la devolución del anticipo, equivalente a 660.912 millones de pesos consignados en una fiducia.

De acuerdo con Cambio, la agencia canadiense ya había recibido un giro de 195 mil millones de pesos, monto cuya devolución fue solicitada por el Ministerio al concluir el contrato.

Riesgo de demanda internacional y reclamo de indemnizaciones

Ante la falta de acuerdo, el director de negocios de la CCC, Antoni Rizk, exigió mediante carta formal a Colombia el pago de perjuicios y costos pendientes, advirtiendo sobre una demanda por decenas de millones de dólares. “El MDN está obligado a indemnizar todos los perjuicios causados a la CCC y al Proveedor Principal”, expresó Rizk en una comunicación recogida por Cambio.

La agencia canadiense reclamó 8.230 millones de pesos adicionales —destinados a la CCC, a la empresa aliada Jvdi y a conceptos tributarios— y ofreció firmar un acuerdo de terminación para evitar el litigio.

Sin embargo, el Ministerio rechazó la propuesta, defendiendo la legalidad de la ruptura mediante la Resolución 2163 de 2026 y solicitando el reintegro inmediato de los saldos no ejecutados al Tesoro Nacional.

La CCC calificó la decisión como un acto ilícito, alegando la vulneración del Tratado de Libre Comercio con Canadá y de principios internacionales como la reciprocidad y la buena fe.

“El MDN está desconociendo las obligaciones internacionales de Colombia”, señaló el representante y responsabilizó al exsecretario general Hugo Alejandro Mora, involucrado en el caso de los helicópteros MI-17, por obstaculizar la negociación y el cumplimiento de los acuerdos.

Por su parte, el teniente coronel Ricardo Castro Vargas, supervisor del contrato, indicó a Cambio que la CCC manifestó su disposición a devolver los recursos recibidos, en concordancia con la obligación de mitigar eventuales perjuicios.

La disputa se desarrolla en un contexto de creciente escepticismo hacia la contratación pública en defensa. A finales del año anterior, la Fiscalía vinculó a funcionarios del Ministerio en una investigación por corrupción relacionada con el fallido contrato de los helicópteros MI-17, que también involucró montos millonarios y desacuerdos con proveedores internacionales.