El hundimiento de la reforma tributaria durante la sesión del martes 9 de diciembre en el Congreso de la República obligará al Gobierno a replantear su estrategia fiscal para el próximo año, enfrentando la disyuntiva entre recortar el gasto público o buscar mecanismos alternativos de financiamiento.
Por ese motivo, el Gobierno Petro evalúa declarar una emergencia económica tras el fracaso de la reforma tributaria en el Congreso, una medida que permitiría introducir nuevos impuestos para cubrir un déficit de 16 billones de pesos y ajustar las cuentas públicas en 2026.
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El ministro Germán Ávila afirmó que esta opción se encuentra entre las alternativas que el Gobierno de Gustavo Petro considera para garantizar los recursos necesarios en el presupuesto.
Ávila señaló que la negativa a la reforma tributaria genera un impacto directo en la sostenibilidad fiscal, ya que la ley de presupuesto aprobada por el Congreso incluía la obligación de tramitar una ley de financiamiento.
El ministro destacó que la propuesta final de recaudo se redujo de $26,3 billones a $16,3 billones tras múltiples mesas de trabajo y la eliminación de medidas sensibles, como el aumento en combustibles, con el objetivo de alcanzar un consenso.
El funcionario subrayó que la reforma estaba dirigida principalmente a los sectores de mayores ingresos y al sistema financiero, y que no afectaba a la mayoría de la población. Según sus declaraciones, “un 75% de la Cámara y un 65% del Senado aprobaron un presupuesto que explícitamente convocaba al Gobierno a presentar esa ley”, lo que considera un mandato institucional incumplido por un grupo reducido de congresistas.
Ávila criticó la postura de algunos senadores que, tras aprobar el presupuesto, se opusieron a la ley de financiamiento, mencionando a Paulino Riascos, Richard Fuelantala, Juan Samy Merheg y Angélica Lozano. El ministro rechazó que la decisión estuviera motivada por intereses electorales y sostuvo que la reforma ofrecía una fuente estable de ingresos para el mediano plazo, contribuyendo a la estabilidad fiscal tanto del actual Gobierno como del próximo.
“Esa crisis fiscal es el hecho sobreviviente que estamos viviendo. El mismo Congreso al negar la ley de financiamiento está creando un hecho sobreviviente frente a un presupuesto que ellos mismos aprobaron”, dijo el ministro en declaraciones a La W.
El economista y profesor de la Universidad Javeriana Jorge Restrepo explicó en diálogo con La FM, donde advirtió que la decisión legislativa tendrá repercusiones inmediatas tanto en la política económica como en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Restrepo destacó que ante la imposibilidad de recaudar los 16,5 billones de pesos que contemplaba la reforma, el Ejecutivo deberá decidir si ajusta el presupuesto nacional mediante recortes o si recurre a otras alternativas.
“Tendrá que hacer un recorte del gasto que planeaba en el presupuesto general de la nación el año que viene”, dijo el experto.
Entre las opciones mencionadas figura la posibilidad de decretar una emergencia económica, lo que permitiría al Gobierno establecer tributos de manera extraordinaria.
El economista subrayó que cualquier decreto de este tipo estaría sujeto a revisión por parte de la Corte Constitucional, aunque aclaró que, incluso, si la Corte anula posteriormente los impuestos, el Gobierno podría recaudar esos fondos de forma temporal: “Permite que el Gobierno de aquí hasta allá recaude esa plata”, afirmó Restrepo.
El especialista también abordó los riesgos asociados a medidas extremas, como la cesación de pagos o la creación de impuestos vía decreto.
Restrepo señaló que, aunque se ha especulado sobre la posibilidad de que el Gobierno amenace con dejar de pagar la deuda externa, cualquier acción de este tipo tendría que superar el escrutinio constitucional.
Además, enfatizó que la viabilidad de decretos extraordinarios dependerá tanto de la disposición del Ejecutivo para ajustar el gasto como de la evaluación jurídica correspondiente.
En cuanto al impacto directo sobre la población, el experto consideró que la caída de la reforma representa “una noticia muy buena” para los ciudadanos, ya que “ya no le van a subir los impuestos” ni a las personas ni a las empresas.
Según el economista, este desenlace envía un mensaje político claro: “El Congreso ya no está acompañando al Gobierno nacional en las solicitudes de impuestos, justo antes de las elecciones”, dijo.
Finalmente, Restrepo advirtió que la presión para reducir el gasto público podría tener un efecto adicional en la economía, al señalar que “podría generar una situación en la cual bajen los intereses que estamos pagando todos por las hipotecas y por los créditos al sistema financiero”.
Caída de la reforma tributaria beneficia al sector minero-energético
La caída de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno nacional, que buscaba recaudar $16,3 billones, dejó como uno de los principales beneficiados al sector minero-energético.
El proyecto, conocido como ‘Pacto Fiscal’ y presentado por el ministro de Hacienda Germán Ávila, fue archivado en las comisiones económicas del Congreso, lo que obliga a ajustar el Presupuesto para 2026 a $530,6 billones.
Entre las medidas que no prosperaron se encontraba un impuesto especial a la extracción de hidrocarburos, equivalente al 1% sobre el valor FOB en exportaciones y sobre el valor de facturas para ventas nacionales.
Además, la iniciativa contemplaba un impuesto al carbono que habría elevado las tarifas de gas y electricidad, así como una sobretasa al impuesto de renta y un IVA del 19% para vehículos híbridos ligeros.
El exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Lisandro Junco, advirtió que la reforma pretendía aumentar la tarifa del sector de hidrocarburos del 40% al 50%, lo que, sumado a otros gravámenes como impuestos ambientales y regalías, habría reducido el margen de utilidades del sector a casi 0%.
“La reforma tributaria lo que traía era la sepultura del sector de hidrocarburos y de las actividades extractivas", dijo Junco en declaraciones recogidas por Valora Analitik.
Junco también destacó que la canasta energética se mantuvo sin cambios, ya que el impuesto al carbono habría incrementado los precios del gas y la gasolina.
El economista jefe del Banco de Occidente, David Cubides, subrayó, para el mismo medio, que la sobretasa al impuesto de renta era otro factor que afectaría al sector.
Según Junco, la implementación de estos tributos habría provocado una disminución en el recaudo, ya que las empresas del sector de hidrocarburos y actividades extractivas podrían abandonar Colombia, generando así menos ingresos para el país.
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