Por filtraciones de alias Calarcá, Fiscalía ordenó inspecciones al organismo que controla las armas y los explosivos en Colombia

Tras el escándalo por presunta filtración de información originado en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación desarrolló un operativo de inspección simultánea en las instalaciones del Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (Dccae) y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ambas ubicadas en Bogotá.

De acuerdo con lo informado por W Radio, las diligencias fueron ejecutadas por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes actuaron bajo la instrucción de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

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Las investigaciones actuales forman parte de una estrategia judicial para abordar al menos una de las líneas abiertas tras el descubrimiento de un supuesto flujo de información a las disidencias armadas lideradas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

La labor del CTI se fundamenta, según el reporte, en datos extraídos de dispositivos electrónicos incautados al grupo conocido como frente 36 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Con estos elementos, la Fiscalía pretende recolectar material probatorio que permita esclarecer la naturaleza y el alcance de los hechos investigados. Las inspecciones tienen como propósito identificar cómo se produjo la filtración y cuáles funcionarios o entidades podrían estar vinculados, según la línea que sigue la justicia.

El Ejército y la empresa Indumil son inspeccionados por la Fiscalía en caso de filtraciones a grupos armados

La Fiscalía General de la Nación realizó inspecciones simultáneas en el Comando de Personal del Ejército Nacional y en las instalaciones de Indumil, en el marco de una investigación por la presunta filtración de información entre las disidencias del frente 36 de las Farc, lideradas por alias Calarcá, y el Gobierno nacional.

Esta diligencia, ordenada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, busca esclarecer si existieron vínculos irregulares que habrían facilitado el acceso de grupos armados a datos sensibles del Estado y a material bélico fuera de los canales oficiales.

En el desarrollo de la investigación, la Fiscalía se enfocó en la trazabilidad de armas suministradas por Indumil, con el objetivo de determinar si algún armamento terminó en manos de terceros no autorizados.

Además, los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ingresaron a las áreas administrativas del Comando de Personal del Ejército y de Indumil, donde solicitaron soportes documentales y realizaron copias espejo de computadores y dispositivos digitales.

Estas acciones buscan establecer la existencia de órdenes, maniobras o registros irregulares relacionados con la investigación que involucra al general Juan Miguel Huertas Herrera, jefe del Comando de Personal.

El material que motivó la indagación fue incautado el 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia, durante operativos contra integrantes del frente 36.

En esa ocasión, se decomisaron más de cien dispositivos electrónicos, cuyo análisis permitió identificar comunicaciones, documentos y fotografías que, según la investigación publicada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, revelarían presuntos vínculos entre cabecillas disidentes y funcionarios estatales, incluido Wílmer Mejía, integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

De acuerdo con el reportaje de Noticias Caracol, varias fuentes internas de las disidencias confirmaron la autenticidad de las comunicaciones. Un miembro del Estado Mayor Central afirmó que existía una relación directa para la creación de supuestas empresas de seguridad y el intercambio de información clasificada, lo que habría permitido a los grupos armados evadir operativos oficiales.

Entre los documentos analizados destaca una carta fechada el 8 de febrero de 2024, en la que un emisario informa a alias Calarcá sobre una reunión en Bogotá con el general Huertas, descrito como asesor en entidades estatales.

En esa comunicación se expone la propuesta de conformar una empresa de seguridad conjunta, para la cual el oficial habría ofrecido gestionar permisos de armas y habilitaciones legales.