Autoridades en Antioquia ajustan controles e inhibidores para enfrentar ataques con drones

El reciente uso de drones cargados con explosivos en un sector rural de Remedios, que habría provocado el desplazamiento de varias familias, llevó a las autoridades departamentales a reforzar sus estrategias frente a esta modalidad de agresión.

El hecho incrementó la preocupación institucional, debido al riesgo que representan estos equipos para la población civil y para quienes integran la fuerza pública en zonas afectadas por la presencia de grupos armados.

El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía en Antioquia, citado por Blu Radio, explicó que los uniformados han incorporado mecanismos operativos aprendidos en territorios donde esta práctica es más frecuente.

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Según indicó, la experiencia obtenida en regiones como Cauca y El Catatumbo ha permitido fortalecer los protocolos destinados a limitar la acción de estos aparatos cuando son empleados para la ejecución de ataques contra unidades policiales o comunidades rurales.

Entre los ajustes adoptados se encuentra el incremento de la recolección de información y la instalación de inhibidores de señal, herramientas que buscan impedir el desplazamiento controlado de los drones utilizados por los grupos armados. El oficial señaló que estas organizaciones están empleando equipos con características específicas para soportar el peso de los artefactos explosivos y operar en escenarios de difícil acceso para las autoridades.

Rico afirmó que los dispositivos recuperados muestran modificaciones orientadas a mejorar la autonomía y la capacidad de carga.

Sobre este punto destacó: “Sabemos que lo que están utilizando ahorita las estructuras criminales no es cualquier dron, son drones que vienen certificados, que vienen con incremento en autonomía de vuelo y con incremento de peso para ser llevado estos elementos artefactos explosivos”.

Este tipo de adaptaciones, dijo, obliga a ajustar de manera constante los mecanismos de prevención en zonas vulnerables.

Otra de las medidas señaladas por el comandante consiste en el fortalecimiento del seguimiento a la trazabilidad comercial. Aunque la compra y venta de drones en el país no tiene restricciones legales, las autoridades están analizando la cadena de importación de los equipos hallados en operaciones, con el fin de establecer cómo ingresan y llegan a manos de las organizaciones armadas que operan en esa región del nordeste antioqueño.

El oficial explicó que este proceso incluye revisar la información sobre las partes adquiridas, los datos registrados en las importaciones y los elementos recuperados tras los ataques.

Sobre este trabajo señaló: “Aquí lo que hacemos es simplemente la investigación de estos elementos que han sido encontrados una vez se presentan las acciones criminales y los trabajos que nos permite a policía judicial con inteligencia, momentos antes de verificar las personas que traen partes, los datos de las personas que ingresan estos elementos al país, y es lo que nos permite abordar el elemento investigativo”.

El uso de drones con fines ofensivos ha sido motivo de alerta para organizaciones sociales que hacen seguimiento a los impactos del conflicto armado en Antioquia. Estas organizaciones han advertido que los grupos ilegales recurren cada vez más a esta modalidad debido a su capacidad para generar daño sin exponer directamente a quienes los operan, además de la facilidad para adquirir equipos a través de internet o distribuidores autorizados.

Las autoridades locales sostienen que la combinación entre el incremento del comercio de estos dispositivos y su adaptación para actividades ilícitas exige reforzar los mecanismos de inteligencia, los procesos de seguimiento técnico y la coordinación con otras instituciones que participan en el control del material bélico. Esto incluye revisar patrones de compra, establecer relaciones entre importadores y operadores ilegales, y consolidar información sobre el uso recurrente de explosivos transportados en drones.

En Antioquia se han documentado varios episodios recientes en los cuales los drones han sido empleados para hostigar a unidades policiales y estructuras comunitarias. Estos eventos han impulsado a las autoridades a priorizar la vigilancia en corredores donde se han detectado movimientos de grupos armados, así como a fortalecer la presencia de equipos especializados capaces de identificar las rutas de vuelo, recuperar restos de dispositivos derribados y establecer conexiones entre los materiales utilizados y redes criminales regionales.

El comandante Rico agregó que los equipos técnicos continúan revisando los drones incautados para obtener información que permita anticipar nuevos riesgos. Indicó que la meta es consolidar una respuesta más rápida en zonas donde el uso de estos aparatos pueda comprometer la seguridad de los habitantes, especialmente en áreas rurales expuestas a disputas entre grupos armados.