
La decisión de la Fiscalía General de la Nación de mantener vigentes las órdenes de captura contra 29 integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, provocó reacciones desde distintos sectores políticos y del Gobierno nacional. Entre ellas estuvo la del alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, que se pronunció a través de su cuenta de X respaldando la postura de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo.
El mandatario local aseguró que las órdenes judiciales y los acuerdos de extradición deben mantenerse y cuestionó la estrategia del Gobierno frente a los procesos de paz con estructuras armadas ilegales. “La justicia no se negocia. Celebro la decisión de la Fiscal General Luz Adriana Camargo, de negar las pretensiones de Petro y mantener las órdenes de captura contra los cabecillas del Clan del Golfo”, escribió Gutiérrez.
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En el mismo mensaje, el alcalde añadió: “En Colombia no se puede premiar a quienes secuestran, extorsionan y asesinan a nuestra gente. Los acuerdos de extradición se cumplen. El narcotráfico y el terrorismo no pueden tener privilegios, ni convertirse en fichas de negociación política, menos en época electoral”.
También hizo referencia al proceso de acercamientos impulsado por el Ejecutivo con grupos armados ilegales. “El Pacto de la Picota de Petro solo nos ha dejado muerte y territorios entregados al crimen. Eso no es paz, es impunidad y complicidad. Que pronto cese la horrible noche”, concluyó el alcalde de Medellín.
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La decisión de la Fiscalía se produjo luego de que el Gobierno nacional solicitara el pasado 8 de mayo la suspensión temporal de las órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, como parte de las medidas previas al avance de diálogos formales con esa estructura armada.
De acuerdo con la Resolución Occp No. 120 del 29 de abril de 2026, el Ejecutivo autorizó el desplazamiento preparatorio de 29 integrantes del Clan del Golfo hacia dos Zonas de Ubicación Temporal ubicadas en los departamentos de Córdoba y Chocó. Según el documento, estas zonas comenzarán a operar el 25 de junio de 2026 y hacen parte de la estrategia orientada al sometimiento a la justicia, la desmovilización y el desmantelamiento de estructuras criminales.
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La medida fue coordinada por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, encabezada por Otty Patiño. Tras conocerse la determinación de la Fiscalía, la Consejería Comisionada de Paz emitió un comunicado público dirigido a la fiscal general Luz Adriana Camargo en el que defendió la interpretación jurídica del Gobierno sobre la suspensión de las órdenes de captura.
En el documento, la entidad sostuvo que la Ley 2272 de 2022 establece que la suspensión de la ejecución de órdenes de captura durante el desplazamiento y permanencia en las Zonas de Ubicación Temporal “opera por mandato expreso de la ley y no por una valoración discrecional posterior de la Fiscalía General de la Nación”.
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La Consejería señaló además que el parágrafo 3 del artículo 8 de esa ley dispone que, una vez acordadas las zonas, “quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura” durante el tránsito y permanencia de los integrantes de las estructuras armadas en dichos lugares.
Petro cuestionó la postura de la Fiscalía

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, el presidente Gustavo Petro también reaccionó públicamente a través de su cuenta de X. El jefe de Estado defendió la competencia del Ejecutivo en la conducción de la política de paz y aseguró que las zonas de concentración deben respetarse como parte de las decisiones presidenciales. “El presidente es el que ordena la política de paz de Colombia. Las zonas de concentración para la salida de combatientes se respeta por orden del presidente. Ese es nuestro Estado social de derecho que establece la Constitución nacional. La paz es un derecho y un deber del pueblo colombiano y del Estado todo”, escribió el mandatario.
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Petro también afirmó que no ha suspendido órdenes de extradición contra alias Chiquito Malo ni autorizado la inclusión de extraditables en las primeras etapas del proceso.
“Yo no he suspendido la orden de extradición de alias Chiquito Malo, ni he autorizado la lista de los primeros cuatrocientos combatientes que irán a la zona de concentración del sur de Córdoba para su salida de la violencia que implica sometimientos a la justicia que la ley ya permite a la Fiscalía General”, manifestó.
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