La Fiscalía General de la Nación citó a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, para un interrogatorio en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la adquisición de un penthouse de lujo en el norte de Bogotá.
El inmueble, identificado como el apartamento 901 en el piso nueve de un edificio, habría sido comprado a una firma vinculada con el empresario Serafino Iacono, quien tuvo participación en el sector energético colombiano. La pesquisa, a cargo de la Dirección contra la Corrupción, busca esclarecer los detalles de la transacción y determinar si existieron conductas contrarias a la ley.
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Frente a la controversia, Serafino Iacono rechazó “de manera contundente” cualquier insinuación que lo relacione con irregularidades, argumentando que se utilizaron “informaciones incompletas o interpretaciones sesgadas” para afectar su reputación. Aseguró que la compra del apartamento por parte de Roa se realizó “enmarcada en la ley” y afirmó haber entregado toda la documentación solicitada por las autoridades.
En un comunicado, defendió la transparencia de su trayectoria empresarial y destacó los controles regulatorios bajo los que opera la compañía canadiense NG Energy, de la que fue directivo hasta 2024. Aclaró que ni él ni sus empresas mantienen vínculos o negocios con Ecopetrol. El empresario también precisó que el bloque gasífero Sinú 9, mencionado en publicaciones recientes, fue adjudicado en 2014 y no en medio de presiones recientes, reiterando que “cualquier intento de vincular estas operaciones con la petrolera estatal carece de fundamento”.
En efecto, explicó que “en 2017, NG Energy adquirió, a través de empresas controladas, indirectamente, una participación en el bloque Sinú 9 por medio de acuerdos privados con Clean Energy. Por consiguiente, no es correcto señalar que NG Energy hubiere adquirido sus derechos en el bloque SN-9 en 2024”.
Y añadió, en su defensa, que “en 2024, esa participación se reflejó en cabeza de MKMS ante la ANH, luego del cumplimiento de ciertas obligaciones previstas en los acuerdos privados. La cesión de los derechos por parte de Clean Energy a MKMS se dio bajo las reglas que contempla la ley colombiana y fue debidamente sometida a los trámites ante la ANH, como lo exige la normatividad”.
El empresario reiteró que “no existe ninguna relación de MKMS, NG Energy o sus filiales con Ecopetrol. De igual manera, ni MKMS ni NG Energy ni sus filiales han tenido ni tienen negocios con Ecopetrol”. El empresario dejó constancia de que no es ciudadano venezolano: “Soy ciudadano italiano” y que no es cierto que haya sido designado cónsul en San Marino por el actual Gobierno. Por el contrario, “fui designado cónsul honorario de San Marino en Colombia”.
En la parte final de su pronunciamiento público, Iacono subrayó que “Ecopetrol no tiene ninguna competencia ni injerencia en la adjudicación de áreas de exploración y producción de hidrocarburos en Colombia, pues en la reforma al sector petrolero (2003-2004) se separó la regulación y administración del recurso nacional de la empresa operadora”.
En paralelo, recalcó que este diseño institucional busca “evitar conflictos de interés y garantizar que las adjudicaciones de las áreas sean netamente técnicas, transparentes y abiertas tanto para Ecopetrol como para otros operadores nacionales y extranjeros”. Recordó que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) es la entidad estatal encargada de administrar las reservas de hidrocarburos de la Nación y de asignar las áreas para su exploración y explotación.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, tendrá que responder ante la Fiscalía por la compra de lujoso penthouse en Bogotá
Al igual que Iacono, Ricardo Roa tendrá que explicar las presuntas irregularidades en la adquisición de un penthouse ubicado en el norte de Bogotá, además de esclarecer los detalles de la transacción inmobiliaria, en la que la compañía vinculada figura como vendedora del penthouse.
Para ello, su defensa, presentó ante la Fiscalía General de la Nación un voluminoso expediente que pretende demostrar la legalidad de la compra de un domcilio valorado en $1.800 millones en el barrio El Chicó, en la capital del país.
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