
Un nuevo episodio de tensión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)— ha elevado la incertidumbre sobre la continuidad de uno de los diálogos más delicados de la política de Paz Total.
En un intercambio realizado en la cuenta de X, el mandatario -quien estaba explicando su postura frente a la reducción de la tasa de homicidios en Bogotá y Medellín- aseguró que los mayores niveles de corrupción en instituciones estatales provienen de los grupos armados ilegales en el país, entre ellos, la organización liderada por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo.
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“Los grupos con mayor capacidad de corrupción sobre fiscalía, autoridades locales y fuerza pública provienen del grupo narco de Iván Mordisco y, sobre todo, del Clan del Golfo”, escribió el jefe de Estado en la red social mencionada.
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Petro sostuvo además que la organización habría violado el acuerdo planteado en Doha (Qatar), en el marco de los acercamientos impulsados por el Gobierno, enumerando los incumplimientos que, según él, comprometen la disposición del diálogo con el Ejecutivo.
“El Clan del Golfo ha roto su propio acuerdo que propuso en Doha, Qatar, y debe ser objeto de desmantelamiento armado y judicial. No eliminó una sola hectárea de hoja de Coca ni en el Darién ni en el Nordeste antioqueño. No desmontó su economía ilícita del oro con la que corrompe fuerzas estatales locales”, detalló.
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Respuesta del Clan del Golfo
Las declaraciones presidenciales fueron replicadas poco después por el Clan del Golfo que, a través de su propia cuenta en X denominada Gaitanistas por el pueblo (@soygaitanista), exigió precisión al Ejecutivo.

“Presidente sea claro y concreto: ¿Ha roto usted la mesa con nosotros? Responda para frenar todos los procesos en curso que se tienen. El EGC ha cumplido todos los acuerdos, el gobierno no; empezando por usted con este post”, indicó la organización alzada en armas.
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En otra publicación, el EGC señaló que la nueva postura del mandatario evidenciaría la culminación del proceso socio-jurídico.
“En un sorprendente giro de los acontecimientos, el presidente Gustavo Petro aparentemente ha dado por terminadas las negociaciones con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)”, afirmaron.
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Primera suspensión de los diálogos
El espacio Sociojurídico entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo ha enfrentado varias dificultades en el inicio de 2026.
Luego de que el presidente Gustavo Petro sostuviera una reunión con su homólogo estadounidense Donald Trump en la que aparentemente se propuso una ofensiva contra el grupo armado, con el propósito de dar captura a alias Chiquito Malo, máximo líder del Clan del Golfo, despertó cierta inquietud por parte de la delegación de la organización armada, lo que provocó la suspensión temporal de los diálogos, en tanto se explicara a profundidad dicha solicitud.
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Sin embargo, las tensiones se calmaron luego de que los representantes de la Casa de Nariño, al parecer, aceptaran cumplir una serie de exigencias poco comunes planteadas por el grupo armado ilegal que, según las mediciones más recientes de las Fuerzas Militares, cuenta con el mayor número de integrantes en armas.

La primera condición estuvo relacionada con la identidad pública de la organización. El grupo pidió que el Gobierno y las Fuerzas Militares dejaran de llamarlo Clan del Golfo y utilizaran exclusivamente el nombre Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), ya que tendría implicaciones políticas y simbólicas al distanciar a la organización del rótulo histórico de estructura narcotraficante.
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La segunda exigencia tuvo como eje el estatus legal y mediático de su líder, alias ‘Chiquito Malo’ —identificado también como ‘Javier’—. El grupo planteó que el Ejecutivo debía dejar de considerarlo un “objetivo de alto valor”, una designación reiterada por el ministro de Defensa Pedro Sánchez tras la reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca, donde el Gobierno recordó la vigencia de una recompensa de hasta $5.000 millones por su captura.
No obstante, el EGC realiza un seguimiento minucioso a las declaraciones públicas de las Fuerzas Militares y notifica al delegado del Gobierno en la mesa de negociación cada vez que se emplea el nombre Clan del Golfo en pronunciamientos oficiales, acción que la organización interpreta como un posible incumplimiento de los acuerdos alcanzados.
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