
La Cámara de Representantes de Colombia aprobó con 94 votos a favor y 17 en contra el proyecto de ley que respalda la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios.
La iniciativa, impulsada y confirmada por el Ministerio de Defensa, busca alinearse con estándares internacionales para impedir la vinculación de nacionales a conflictos armados en el exterior o su participación como mercenarios en operaciones bélicas fuera del país.
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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió en una rueda de prensa la aprobación ante los legisladores y sostuvo que la norma pretende “evitar el reclutamiento, el entrenamiento, el financiamiento y la utilización de mercenarios” en territorio colombiano y en el extranjero.
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La medida, dijo el ministro Sánchez, es positiva, en varias direcciones, de manera que trae “beneficios grandes para el país”, comentó.
El avance legislativo que permitirá a Colombia adherirse a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios ha quedado asegurado tras la aprobación en la Cámara de Representantes.
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La nueva normativa, impulsada por la Cancillería y el Ministerio de Defensa, busca dotar al Estado de herramientas legales para enfrentar el fenómeno del mercenarismo desde varias aristas, confirmó el ministro.
Entre sus objetivos principales se encuentra la prevención de que ciudadanos colombianos sean reclutados bajo engaños para participar en conflictos armados en el extranjero, así como la prohibición de la entrada de combatientes foráneos al territorio nacional.
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Dijo el alto funcionario: “Evita que se nos fugue un personal supremamente valioso. Los entrenamos aquí, a los diez años adquiere una capacidad enorme, pero entonces, al existir esa oportunidad de ir a combatir en otros lugares, se van y perdemos muchísimo como país para proteger a los colombianos”.
Además, la ley establece sanciones para quienes recluten o financien mercenarios, definidos como personas que intervienen en guerras ajenas a cambio de compensación económica.
La cooperación con otros gobiernos en investigaciones y procesos judiciales relacionados con estas actividades también forma parte de las disposiciones
Los efectos de la medida
Sánchez detalló tres beneficios concretos para el país: impedir la entrada de combatientes extranjeros a zonas sensibles como el Cauca, evitar la fuga de personal militar colombiano altamente entrenado hacia conflictos ajenos y prevenir tragedias humanas, recordando que varios colombianos han perdido la vida en guerras como la de Rusia y Ucrania, en ocasiones sin posibilidad de repatriación. “He hablado con familias que han vivido ese dolor”, afirmó el ministro.
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Además, aclaró que la ley no afecta a quienes viajan legalmente para trabajar como asesores en seguridad, médicos u otros profesionales, ya que “la norma solo aplica a quienes participan directamente en hostilidades”.
La ratificación de la Convención, promovida por las Naciones Unidas desde 1989, busca frenar la financiación y el reclutamiento de exmilitares para participar en guerras en el extranjero.
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De acuerdo con un reporte de La Silla Vacía, el debate parlamentario estuvo marcado por la oposición de las bancadas del Centro Democrático y Cambio Radical, que consideraron inconveniente la adhesión al tratado.
Argumentaron que la definición de mercenario en la ley resultaba ambigua y podría restringir las oportunidades laborales de militares retirados en el exterior, sin que necesariamente se trate de mercenarismo. Además, señalaron que países como Estados Unidos no han ratificado el documento.
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El impulso definitivo al proyecto surgió tras las investigaciones de La Silla Vacía sobre la exportación de exmilitares colombianos a la guerra civil en Sudán. Según el medio, más de trescientos militares retirados colombianos han sido enviados a combatir junto al grupo golpista Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el conflicto interno más violento del mundo en la actualidad.
El representante Alejandro Toro, ponente de la ley en la Cámara, expresó: “No podemos seguir con las manos untadas de sangre de los niños en Sudán entrenados por mercenarios colombianos, de los que no pueden regresar a su tierra porque no han sido repatriados en Ucrania”, según citó el medio mencionado.
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