La disputa interna en el Partido de La U escaló a un nuevo nivel luego de que la Procuraduría General de la Nación abriera una investigación disciplinaria contra Antonio Abel Calvo Gómez, presidente del Comité Disciplinario de esa colectividad.
La decisión se produjo tras las denuncias del presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, quien aseguró ser víctima de un proceso sancionatorio “sin garantías” y con supuestas irregularidades que podrían afectar su futuro político de cara a las elecciones legislativas de 2026.
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López, quien busca nuevamente el aval del Partido de La U para aspirar al Congreso, solicitó una intervención preventiva del Ministerio Público con el fin de que se respete el debido proceso en el trámite interno que adelanta la colectividad.
Su defensa sostiene que la sanción que hoy lo tiene suspendido por tres meses, sin voz ni voto, no está en firme y no puede ser utilizada para impedir que compita por un cupo en la lista del partido.
El origen de la controversia se remonta a la sanción que le impuso el Comité Disciplinario luego de que López anunciara la creación de La Nueva U, una iniciativa que marcó distancia frente a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y que fue entendida como una ruptura dentro de la colectividad.
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Aunque el representante impugnó la decisión, el partido ratificó en un comunicado que la suspensión sigue vigente, mientras él insiste en que mantiene las facultades para ejercer como presidente de la Cámara en tanto no haya una resolución definitiva.
En la solicitud presentada ante la Procuraduría, López argumentó que se han vulnerado sus derechos políticos debido a actuaciones que, asegura, carecen de transparencia.
“He solicitado una intervención preventiva para que en el Partido de la U se respeten el debido proceso y mis derechos políticos. Aspiro al aval para 2026 y exigiré que se decida con reglas claras, sin vetos ni presiones, y sin usar medidas provisionales sin fuerza legal como excusa”, señala el documento firmado por su abogado, Mauricio Pava.
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El congresista también afirmó que seguirá cumpliendo con su mandato y trabajando por el Valle del Cauca, y advirtió que no descarta acudir a instancias internacionales si considera que persiste la vulneración de sus derechos. Su defensa ha insistido en que el proceso disciplinario tendría motivaciones políticas relacionadas con su cercanía con el Gobierno nacional y su apoyo a iniciativas del presidente Gustavo Petro.
En la queja radicada el 14 de noviembre, López denunció que fue notificado irregularmente de la apertura del proceso disciplinario a través de un correo de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), horas antes de recibir la comunicación oficial del partido.
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La Procuraduría tomó nota del señalamiento y citó a versión libre a Calvo Gómez, quien deberá explicar las actuaciones adelantadas desde el Comité Disciplinario.
Además, el Ministerio Público asignó a la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas para Asuntos Electorales la queja radicada el 1 de diciembre, en la que López pidió dejar sin efecto la medida cautelar que le retiró la militancia y el derecho al voto dentro del partido.
Según su defensa, esa medida “no puede ser utilizada como fundamento jurídico o político” para excluirlo del proceso de selección de candidatos para 2026.
López también solicitó que se suspendan todas las actuaciones disciplinarias en su contra y que se investigue al Comité de Ética del Partido de la U por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
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Para el representante, la negativa anticipada del aval, sustentada en una sanción no ejecutoriada, “quebranta principios de igualdad, imparcialidad y transparencia”.
Por su parte, la Procuraduría aseguró que no ha vulnerado los derechos del congresista ni ha incurrido en demoras en la investigación de sus denuncias. Según el ente de control, todas las solicitudes del presidente de la Cámara han sido tramitadas y continúan su curso.
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