“2,3 billones de pesos están congelados”, esa fue la cifra que marcó la reunión clave liderada por Jorge Iván Ospina sobre el futuro de la Nueva EPS y que puso sobre la mesa la dimensión de la crisis financiera que enfrenta la mayor promotora de salud del país.
El nuevo interventor presentó un plan de seis ejes estratégicos con el que busca enfrentar los problemas de liquidez, recuperar confianza entre prestadores y estabilizar la operación de una entidad que atiende a más de 11 millones de afiliados.
La revelación sobre los 2,3 billones retenidos por embargos se convirtió en el dato más potente del encuentro, al exponer el tamaño del desafío financiero y el impacto que, según la intervención, tiene sobre pagos a proveedores y continuidad del servicio.
Durante la reunión técnica, Ospina explicó, citado por Revista Semana, que los procesos judiciales que rodean a la entidad han limitado recursos clave para garantizar atención y cumplir obligaciones con prestadores de salud.
Ese diagnóstico fue el punto de partida para anunciar un plan de choque que incluye modernización tecnológica, saneamiento financiero, transición hacia un modelo preventivo y correctivos operativos en varias regiones con problemas en servicios y medicamentos.
Pero el enfoque de la noticia no estuvo solo en la crisis, sino en el intento de convertir la intervención en una hoja de rescate. Ese fue el eje del mensaje lanzado por Ospina.
Dentro de las medidas inmediatas se anunció el envío de comisiones territoriales para atender fallas en zonas como Eje Cafetero, Sogamoso y Medellín, además de un plan piloto para dispensación de medicamentos en Ibagué, Girardot y Soacha.
La reunión también giró alrededor de un mensaje de transparencia en el manejo de recursos. Ospina insistió, citado por Revista Semana, en que cualquier intermediación irregular o cobros indebidos en la gestión de fondos está prohibida.
El plan de seis puntos busca sacudir la narrativa de crisis para moverla hacia recuperación, en medio de cuestionamientos sobre la situación de la entidad tras la intervención.
Uno de los elementos que tomó fuerza fue la idea de rediseño institucional, presentada como una apuesta para reorganizar la operación de la EPS y destrabar recursos hoy inmovilizados.
Ese componente financiero se mezcla con otro frente delicado: la crisis de confianza entre usuarios y proveedores. Por eso la nueva administración planteó como prioridad restablecer credibilidad en la entidad.
La frase clave terminó siendo “salvar la operación nacional”, porque condensó el objetivo del plan presentado por el interventor frente a una EPS golpeada por tensiones financieras, judiciales y operativas.
La agenda incluyó además el componente laboral. Ospina anunció reuniones con sindicatos como Sintraneps para revisar garantías para trabajadores y mantener estabilidad durante el proceso de intervención.
Ese frente interno aparece como parte de una estrategia más amplia que busca no solo corregir finanzas, sino sostener gobernabilidad dentro de la organización.
Mientras la Procuraduría mantiene vigilancia sobre la intervención y crecen los cuestionamientos alrededor del futuro de Nueva EPS, la reunión dejó un mensaje central: la crisis es profunda, pero la apuesta del nuevo interventor es responder con un plan de rescate basado en recursos, control y reorganización.
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