Salario mínimo de 2026: asociaciones exigen reglas claras para que el aumento que se defina no genere problemas graves

El proceso de negociación para definir el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 comenzó y todos los días se abre un nuevo capítulo en el debate sobre el ingreso de millones de trabajadores en el país. El Gobierno, encabezado por Gustavo Petro, propuso un aumento del 11%, lo que situaría el sueldo mensual en cerca de $1.580.085. La cifra se discute en un momento de inflación anualizada del 5,51% y con posturas divergentes entre sindicatos, gremios empresariales y centros de investigación.

La Comisión de Concertación instalará, de manera formal, la mesa de negociación el 1 de diciembre, con un plazo inicial hasta el 15 de diciembre para alcanzar un acuerdo. Si las partes no logran consenso, se abrirán jornadas extraordinarias a partir del 19 de diciembre, y el 30 de diciembre será la fecha límite para que el Gobierno fije el aumento por decreto.

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Las propuestas sobre la mesa reflejan la tensión entre los diferentes actores: la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) respalda la propuesta del Gobierno y exige que el ajuste no sea inferior al 11% y sostiene que el salario vital debería superar los $2.000.000. Por su parte, Fedesarrollo recomienda un aumento entre el 6% y el 7% y advierte sobre los riesgos de inflación y afectaciones laborales si el ajuste supera ese rango.

Por su parte, Fenalco decidió retirarse de la mesa de concertación al calificar la propuesta del Gobierno como “populista” y argumentar que, si el Ejecutivo ya definió el aumento, el diálogo pierde sentido. El retiro añade presión a un proceso que, según diversos análisis, debe equilibrar las necesidades de los trabajadores con la viabilidad de las empresas y la estabilidad macroeconómica.

Postura y argumentos de las asociaciones y gremios

Ante esto, la Alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas), que reúne a 33 organizaciones, exigió que la discusión se base en criterios técnicos, transparencia y un diálogo tripartito real, por lo que resaltó la importancia de un proceso institucional y responsable.

El gremio que lidera María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) manifestó estar comprometida con el mandato constitucional de garantizar una remuneración mínima, vital y móvil para los trabajadores, así como con la mejora sostenible del ingreso real de los hogares.

Aliadas sostiene que este objetivo solo puede alcanzarse si el salario mínimo para 2026 se define “con estricto apego a la ley, soporte técnico sólido y una negociación tripartita seria, transparente y responsable”. Asimismo, enfatizó en que la discusión debe basarse en datos verificables y no en presiones coyunturales, algo con lo que coincide el Ministerio de Trabajo.

Decisión no puede ser mediática

La organización también remarca que el marco jurídico colombiano exige que el salario mínimo se defina en diálogo entre Gobierno, empleadores y trabajadores, orientado a asegurar una vida digna mientras se protege la producción, la productividad y el empleo.

“No puede ser una decisión unilateral ni mediática, sino un proceso institucional con reglas claras y responsabilidad frente al país”, insistió Aliadas.

En su análisis, el gremio recuerda que un salario vital y móvil no implica aumentos desconectados de la realidad económica, sino un equilibrio entre la protección del ingreso y la estabilidad de variables como inflación, empleo formal, competitividad y sostenibilidad fiscal. “La credibilidad del proceso depende de diagnósticos honestos donde se ponderen justicia social y estabilidad económica”, puntualizó la organización.

Análisis de la inflación y la productividad

Aliadas también agregó que la discusión debe basarse en un análisis integral que incluya inflación observada y esperada, productividad, crecimiento del PIB, empleo e informalidad, capacidad de pago de las empresas —en especial de las micro, pequeñas y medianas empresas—, impacto fiscal y efectos sobre inflación futura, tasas de interés y costo del crédito.

Según la alianza, solo una evaluación completa permite dimensionar las consecuencias para trabajadores, empresas y Estado, y la pluralidad técnica fortalece la calidad de la decisión.