
José Ismael Peña anticipó que reasumirá la rectoría de la Universidad Nacional el próximo miércoles, luego del fallo del Consejo de Estado que anuló la designación de Leopoldo Múnera.
En conversación con El Tiempo, sostuvo que la decisión confirma la legalidad de su elección en 2024 y despeja las dudas sobre la autoridad del Consejo Superior Universitario en la modificación de ese nombramiento.
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Según explicó, el dictamen establece los tiempos administrativos necesarios para su retorno y define el alcance de las actuaciones que generaron la controversia institucional.
Peña afirmó que él y su equipo recibieron el fallo con satisfacción, pues respondía a lo que habían solicitado desde el inicio del proceso.
Señaló que el alto tribunal determinó que su elección se hizo conforme a la normatividad y que, por lo tanto, el CSU no tenía competencia para alterar el acto ya ejecutado. En sus palabras, “el próximo miércoles, a las 8 de la mañana, yo ya estaré ejerciendo como rector de la Universidad Nacional de Colombia en funciones”, al cumplirse el plazo que contempla la ley para que la decisión quede en firme.
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Durante la entrevista con ese medio de comunicación, explicó que la situación que se originó tras su salida configuró un escenario sin antecedentes en la institución. D
e acuerdo con su interpretación de lo dicho por el Consejo de Estado, “mi nombramiento fue completamente legal, y, segundo, que no era competencia del CSU cambiarlo”. Añadió que este punto fue determinante para la claridad jurídica que ambas sentencias aportan al proceso, pues define los límites de la actuación administrativa que derivó en su separación del cargo.
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Ante la posibilidad de nuevas movilizaciones, Peña destacó la importancia de asegurar que el calendario académico avance sin afectaciones. Dijo que su prioridad inmediata será garantizar el cierre adecuado del semestre y coordinar con decanaturas y direcciones académicas para ofrecer estabilidad a la comunidad universitaria.

Señaló que la situación actual difiere del ambiente que se vivió el año pasado, pues ya no existe la incertidumbre sobre la validez del proceso de designación.
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Peña comentó a El Tiempo que la claridad otorgada por el fallo puede facilitar que estudiantes y docentes reciban la decisión de manera más tranquila.
Expresó su convicción de que la mayoría de integrantes de la comunidad asumirá el escenario “de manera armónica” y reiteró que promoverá espacios de encuentro para discutir prioridades y desafíos. Para él, el objetivo es fortalecer la participación y construir consensos que permitan avanzar en una ruta institucional estable.
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Consultado por la posición de Leopoldo Múnera, Peña consideró adecuada su manifestación de acatar la determinación judicial. Indicó que espera comunicarse con él para realizar el empalme correspondiente y avanzar en la transición administrativa.
Explicó que solicitará acompañamiento de entes como la Procuraduría y la Contraloría para asegurar que todos los procedimientos cumplan con los requisitos legales y ofrezcan tranquilidad a la comunidad.
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Respecto al proceso constituyente universitario aprobado por el CSU, señaló que la administración lo respaldará y buscará fortalecerlo. Sostuvo que algunos profesores y estudiantes han expresado inquietudes sobre la participación, por lo que convocará a la comunidad para definir los temas que deben abordarse.
Entre los asuntos que podrían incluirse, mencionó las formas de designación de autoridades, los cambios derivados de la inteligencia artificial y los desafíos que representan las nuevas dinámicas educativas.
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Sobre su relación con el CSU, Peña afirmó que, más allá de las posiciones de sus integrantes, existe la obligación de trabajar por la universidad.
Subrayó que la institución cuenta con autonomía administrativa, académica y financiera, aunque esa independencia debe ejercerse dentro de los parámetros constitucionales. Añadió que el acompañamiento de los entes de control es clave para dar confianza a la comunidad durante la transición.
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En cuanto a los hechos de violencia registrados en el campus, solicitó diferenciar a quienes participan en manifestaciones pacíficas de los grupos que actúan con violencia y no forman parte de la comunidad académica.
Explicó que la universidad debe garantizar condiciones para la expresión crítica, pero aclaró que no puede permitir acciones que afecten la seguridad.
Peña relató que recibió amenazas al inicio del proceso y que posteriormente no tuvo alertas adicionales, salvo mensajes anónimos. Indicó que algunas personas han expresado preocupaciones sobre su seguridad, aunque afirmó no conocer casos graves.
Expresó su expectativa de que la institución pueda enfocarse en asuntos académicos y superar la etapa marcada por tensiones internas, con el fin de recuperar estabilidad.
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