Procesados podrán acogerse más fácilmente al principio de oportunidad: Fiscalía amplió su aplicación con nueva resolución

La Fiscalía General de la Nación emitió la Resolución 0-0351 del 21 de noviembre de 2025, mediante la cual se modifica el marco normativo para la aplicación del principio de oportunidad en Colombia.

Esta decisión se fundamenta en las reformas introducidas a la Ley 906 de 2004 y la Ley 599 de 2000, relacionados con el alcance y los efectos de este principio.

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Antes de la expedición de esta nueva resolución, la aplicación del principio de oportunidad estaba regulada por la Resolución 0-0561 de 2024 y la 0-0072 de 2025, que establecían restricciones en cuanto a qué fiscales podían autorizarlo y los procedimientos para su trámite. La normativa anterior limitaba la aplicación directa del principio a fiscales de categorías específicas, y los pasos para consolidarlo requerían múltiples autorizaciones internas, lo que, según la Fiscalía, podía retrasar su implementación.

Ampliación de la aplicación directa

La nueva resolución deroga los artículos que restringían la aplicación del principio de oportunidad y establece que “el o la fiscal del caso, cualquiera sea su categoría, aplicará directamente el principio de oportunidad en todas las causales previstas en el artículo 324 de la Ley 906 de 2004, y lo presentará para su legalización ante el juez de control de garantías”. Esta modificación permite que la decisión de acogerse a este principio no dependa de la categoría del fiscal, ampliando su cobertura en todo el país.

Además, la resolución detalla el procedimiento estandarizado para tramitar los principios de oportunidad, que incluye la verificación en el sistema de información de que el procesado no haya sido beneficiado previamente por el mismo mecanismo, el registro de conversaciones con la defensa y la víctima, y la documentación de los compromisos adquiridos por las partes mediante formatos específicos del Sistema de Gestión Integral.

También se prevé la solicitud de control de legalidad ante el juez de control de garantías, así como la actualización de los registros en el sistema de información según la decisión judicial.

Seguimiento y revocatoria del principio de oportunidad

La resolución establece que los superiores inmediatos de los fiscales, incluidos coordinadores de grupos de tareas especiales, directores seccionales y delegados para áreas como criminalidad organizada o finanzas criminales, tendrán la responsabilidad de realizar seguimiento a los principios de oportunidad tramitados por sus fiscales, mediante mecanismos como informes, reuniones o mesas de trabajo. No obstante, se mantiene la autonomía del fiscal en la decisión final sobre la aplicación del principio.

En los casos gestionados por fiscales adscritos a la Unidad Especial de Investigación y la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el seguimiento de todas las causales estará a cargo directo de la Fiscal General de la Nación.

La resolución también regula la revocatoria del principio de oportunidad, indicando que “el o la fiscal del caso que aplique el principio de oportunidad en las modalidades de interrupción o suspensión, podrá revocarlo con previa autorización del juez de control de garantías, antes del cumplimiento de la condición o vencimiento del plazo previsto para su duración, en virtud de la modificación del supuesto fáctico que dio lugar a su otorgamiento o el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el postulante”.

Prueba anticipada y registro de compromisos

Entre los cambios introducidos, se incluye la práctica de prueba anticipada para algunos principios de oportunidad, con el objetivo de consolidar una versión única del indiciado, imputado o acusado sobre los hechos negociados, que podrá ser utilizada en la investigación y judicialización de otros implicados.

Esto quiere decir que cuando se aplica el principio de oportunidad en los casos que corresponden a las causales 4 y 5 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía puede tomar el testimonio del acusado antes del juicio. Este testimonio sirve para que quede una versión clara y completa de lo que ocurrió, según lo que el acusado reconoce o negocia con la Fiscalía.

Esa versión luego se puede usar como evidencia en la investigación y para procesar a otras personas que también estén implicadas en los mismos hechos. En otras palabras: es como “asegurar la historia oficial del acusado” desde el principio, para que sirva en todo el proceso y para otros casos relacionados.

La resolución entra en vigor a partir de su publicación, marcando así un cambio estructural en la manera en que se aplica el principio de oportunidad en el sistema penal colombiano.