
El lanzamiento del diplomado “Derechos humanos, educación para la libertad, la paz y las segundas oportunidades” marca un nuevo capítulo en los procesos educativos destinados a personas privadas de la libertad en Colombia.
La iniciativa, impulsada por la Fundación Acción Interna, la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y el Inpec, reúne a más de 309 estudiantes ubicados en 46 centros penitenciarios, incluida la red de establecimientos del Ejército y la Policía.
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Las entidades involucradas destacan que se trata de uno de los programas más ambiciosos en materia de formación dentro del sistema carcelario.
El diplomado fue diseñado para fortalecer capacidades de liderazgo y responsabilidad social, con un enfoque orientado a los procesos de resocialización.
Según sus organizadores, la propuesta educativa busca acercar a los participantes a la normatividad nacional e internacional en Derechos Humanos, así como brindar herramientas para comprender la resolución pacífica de conflictos y las bases del derecho penal.

La modalidad es virtual y sincrónica, lo que permite que estudiantes de distintas regiones se conecten simultáneamente a las sesiones dirigidas por un equipo docente de alto nivel.
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La implementación del programa también es vista como un ejercicio de articulación institucional. De acuerdo con los impulsores de la iniciativa, la alianza entre una organización social, una institución de educación superior y el sistema penitenciario ha permitido integrar metodologías pedagógicas adaptadas a los contextos carcelarios. El cuerpo docente está compuesto por magistrados de altas cortes, juristas y abogadas con amplia trayectoria profesional, quienes acompañan a los estudiantes desde enfoques teóricos y prácticos. Esta participación se evalúa como un componente clave para fortalecer la calidad académica y generar puentes entre el conocimiento jurídico y la experiencia cotidiana de las personas en reclusión.
La Fundación Acción Interna resaltó la importancia de ofrecer alternativas formativas que abran caminos para la construcción de nuevos proyectos de vida.

Su directora, Johana Bahamón, afirmó que “la educación dignifica, transforma y restituye sueños”, destacando que el diplomado se propone consolidar segundas oportunidades reales para avanzar hacia un país más empático y reconciliado. El programa se basa en la convicción de que el acceso al conocimiento puede contribuir al cambio individual y colectivo, especialmente en entornos donde predominan las dificultades sociales y económicas.
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Además de los contenidos jurídicos, la estructura del diplomado incorpora espacios de reflexión sobre el papel de los Derechos Humanos en la transformación social. Las entidades participantes explican que el énfasis está en promover una comprensión integral de la dignidad humana, la convivencia pacífica y la prevención de la violencia, elementos fundamentales para quienes eventualmente regresarán a la vida en comunidad. También se busca fortalecer competencias relacionadas con el diálogo, la mediación y el reconocimiento de la diversidad de experiencias dentro del sistema penitenciario.
Otro de los propósitos del programa es aportar a la construcción de nuevas narrativas sobre las personas privadas de la libertad. Las organizaciones consideran necesario contrarrestar estigmas arraigados y abrir espacios donde los participantes puedan expresar sus inquietudes, aprendizajes y expectativas. La educación se plantea como una herramienta para ampliar oportunidades y reducir factores de exclusión, al tiempo que contribuye al fortalecimiento de políticas de reintegración.
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El alcance del diplomado también se observa en su cobertura geográfica. Participan estudiantes de establecimientos ubicados en distintas zonas del país, desde grandes centros urbanos hasta municipios con infraestructura limitada. La modalidad sincrónica facilita que todos reciban los mismos contenidos, sin depender de traslados o condiciones logísticas adicionales. Este diseño busca asegurar equidad en el acceso y consistencia en la formación, pese a las brechas tecnológicas existentes en algunos establecimientos carcelarios.
Las entidades aliadas destacan que el programa representa un esfuerzo sostenido por integrar procesos educativos a las dinámicas institucionales del Inpec. La estrategia se suma a otras iniciativas orientadas al fortalecimiento de actividades pedagógicas dentro de las cárceles y al desarrollo de proyectos que contribuyan a la resocialización. El objetivo central es promover el conocimiento como un instrumento que permita reducir conflictos y favorecer condiciones de convivencia, en consonancia con estándares internacionales.
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La apuesta académica se consolidará a lo largo de varias semanas, con sesiones programadas que incluyen conferencias magistrales, espacios de participación y actividades aplicadas. Al finalizar, los participantes recibirán una certificación que reconoce su formación y los conocimientos adquiridos. Las organizaciones esperan que los resultados fortalezcan futuras iniciativas y que este modelo pueda replicarse en otros procesos educativos destinados a personas privadas de la libertad. Con ello, se busca seguir ampliando oportunidades para quienes enfrentan los retos del sistema penitenciario y avanzar en la construcción de entornos donde la educación actúe como un eje transformador.
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