Ofrecen 500 millones de pesos por información del agresor de niña de 7 años que recibió golpiza y fue abusada en Antioquia

La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de quinientos millones de pesos por información que permita ubicar al responsable del presunto abuso y golpiza a una niña de 7 años en el municipio de La Unión.

El hecho ocurrió mientras la menor jugaba cerca de su casa, y provocó la indignación de los habitantes del municipio, y las autoridades mantienen activa una investigación para esclarecer lo ocurrido, informó Telemedellín.

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De acuerdo con información publicada por el medio, la Alcaldía de La Unión y organismos estatales mantienen activa una recompensa de quinientos millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar al señalado agresor.

El reprobable hecho ocurrió, al parecer, el 18 de noviembre de 2025, en la vereda El Guarango, ubicada aproximadamente a una hora y media de la cabecera municipal.

Fue la propia comunidad la que alertó a la madre de la niña luego de encontrarla golpeada en la vía pública.

La menor fue trasladada inicialmente a un centro asistencial en La Unión y luego remitida a la ciudad de Rionegro, donde se encuentra bajo observación médica.

Según declaraciones recogidas por Telemedellín, Carlos Andrés Rojas, comisario de familia del municipio, aseguró que “toda la institucionalidad hemos brindado acompañamiento para la atención y el restablecimiento de la salud de la niña, y así como asesorando y acompañando a la Fiscalía General de la Nación que han necesitado información y que nosotros para esclarecer estos hechos”.

Mientras tanto, las autoridades esperan el dictamen de Medicina Legal para determinar si existen signos de abuso sexual. La Fiscalía General de la Nación ha dispuesto una burbuja investigativa para apoyar la indagación, en coordinación con la Gobernación de Antioquia y con organismos locales.

Según precisó Rojas en entrevista con el medio, “desde la Gobernación de Antioquia se ha dispuesto una recompensa hasta de 500 millones de pesos por información clara, contundente, que pueda dar con el paradero del responsable de estos hechos”.

Las autoridades dieron aplicación al Código Fucsia, dispositivo institucional destinado a la atención de casos de violencia sexual. El protocolo contempla asistencia médica, soporte legal, psicológico y social tanto para la menor como para su familia.

La alcaldesa de La Unión, Carmen Judith Valencia, expresó: “Rechazo rotundo todo hecho de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en nuestro municipio y en todo el mundo”.

El caso se encuentra en fase de investigación y la recompensa permanece vigente mientras avanza la búsqueda del presunto responsable.

Seis menores de edad habrían abusado a otra menor

El internamiento preventivo de seis menores de edad en un centro especializado fue la respuesta judicial tras un grave caso de abuso sexual ocurrido en Mutatá, Antioquia.

Según informó El Heraldo, los adolescentes fueron señalados como presuntos responsables de agredir a una niña de trece años, de nacionalidad venezolana, a quien habrían intimidado con un arma blanca antes de perpetrar el ataque.

La víctima fue interceptada cuando se encontraba sola en la vía pública, de acuerdo con declaraciones de Guillermo Orozco, secretario de Gobierno de Mutatá.

El funcionario detalló que los agresores la amenazaron y la condujeron fuera del casco urbano, específicamente hacia la carretera que conecta con Medellín, en las inmediaciones del sector conocido como El Peaje. Orozco precisó que, según las primeras indagaciones, dos de los seis menores habrían participado directamente en el abuso sexual.

Tras el ataque, la niña fue trasladada de inmediato al hospital La Anunciación de Mutatá, donde se activaron los protocolos de atención para víctimas de violencia sexual infantil, conocidos como código fucsia.

El secretario de Gobierno explicó que la intervención se realizó en coordinación con la comisaría local: “Desde la Secretaría de Gobierno junto con la comisaría atendimos el caso”, afirmó Orozco al medio.

Por disposición de un juez de control de garantías, los presuntos responsables permanecen bajo internamiento preventivo en un centro especializado para menores de edad, mientras avanzan las investigaciones sobre los hechos.