Caso Ungrd: Contraloría imputó cargos fiscales a Olmedo López y Sneyder Pinilla por millonarios sobrecostos en contratos

La Contraloría General de la República informó que inició dos procesos de responsabilidad fiscal contra los exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López y Sneyder Pinilla.

La decisión se basa en los hallazgos encontrados en contratos del programa “Hambre Cero”, ejecutados durante 2023 en los departamentos de La Guajira y Arauca. La entidad aseguró que estos convenios presentaron presuntas inconsistencias administrativas, técnicas y financieras que podrían haber generado un daño al patrimonio público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El anuncio fue realizado mediante un comunicado oficial en el que la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción explicó que revisó los soportes disponibles, entre ellos facturas y bases de datos de beneficiarios. Sin embargo, señaló que “se carece de mucha información”, lo que limitó la verificación completa de los procesos contractuales. A pesar de ello, el organismo concluyó que había elementos suficientes para ordenar la apertura de las actuaciones fiscales.

Hallazgos en el contrato de La Guajira

El primer proceso está relacionado con el contrato destinado a suministrar alimentación a 700 personas durante 90 días en los municipios de Hatonuevo y Manaure. La inversión total ascendió a $5.240 millones y, tras la revisión, la Contraloría determinó que existían sobrecostos por $1.001 millones en la contratación de raciones alimentarias para comunidades wayuu.

Según el documento, la contratación presentaba varias anomalías que fueron detectadas durante el análisis de los registros entregados por la Ungrd. Entre las irregularidades se incluye la falta de inscripción de los proveedores en el Registro Único Empresarial y Social (Rues), la ausencia de experiencia contractual demostrable, el uso de códigos del Registro Único Tributario correspondientes al sector educativo y la carencia de soportes técnicos sobre aspectos requeridos para cumplir el objeto del contrato.

En el informe se indica que estas situaciones fueron evidenciadas al comparar la documentación recibida con los requerimientos establecidos en el convenio; y confirmó que los elementos disponibles permitieron establecer el valor de los presuntos sobrecostos asignados al proceso fiscal.

Procesos de responsabilidad fiscal en Arauca

El segundo proceso abierto corresponde al contrato ejecutado para atender a 6.200 beneficiarios en los municipios de Saravena, Tame, Fortul y las zonas rural y urbana de Arauca. Este proceso, también desarrollado durante 2023, tuvo una inversión de $9.200 millones y buscaba garantizar el suministro de alimentación durante 90 días en poblaciones priorizadas dentro del programa “Hambre Cero”.

La revisión adelantada por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción identificó sobrecostos por $1.064 millones, además de otras irregularidades relacionadas con la idoneidad de las entidades contratadas. En los hallazgos se registran contratistas sin experiencia acreditada, patrimonios reducidos, ausencia de inscripción en el RUES, códigos CIIU no relacionados con el objeto contratado y capacidades técnicas que no correspondían a lo requerido en el convenio.

El organismo señaló que examinó la información relacionada con pagos, beneficiarios y facturación del contrato. Sin embargo, reiteró que no se obtuvo la totalidad de los soportes necesarios para una verificación completa. A pesar de ello, la Contraloría puntualizó que los elementos disponibles eran suficientes para iniciar la acción fiscal correspondiente en el caso de Arauca.

La entidad indicó que los presuntos responsables fiscales en ambos procesos son Olmedo López, que ejerció como director general de la Ungrd, y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, quien ocupó el cargo de subdirector general. Finalmente, la Contraloría señaló que las actuaciones avanzan en la etapa inicial, en la que se notificará a los implicados y se continuará con la recopilación de información necesaria para determinar si los hechos analizados bajo investigación constituyen un daño al patrimonio público.