Serían 15 los menores bombardeados por el Gobierno, según la defensora del Pueblo: “Que se evalúen otras alternativas”

Quince menores de edad han muerto en bombardeos militares recientes en Colombia, en el marco de operaciones contra las disidencias de las Farc, especialmente la línea de Mordisco.

Este hecho, confirmado por un comunicado de Medicina Legal, ha reavivado el debate sobre el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados ilegales y la respuesta del Estado ante esta problemática.

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La Defensora del Pueblo, Iris Marín, ha cuestionado la proporcionalidad de la estrategia militar y ha instado a las autoridades a considerar alternativas antes de recurrir a acciones que ponen en riesgo a la población infantil.

Los datos oficiales indican que la cifra de menores fallecidos en estas operaciones asciende a quince, superando los doce reportados inicialmente.

Las muertes ocurrieron en bombardeos realizados en el departamento de Guaviare, con especial impacto en el municipio de Calamar, donde se registró el ataque más reciente la semana pasada.

Marín señaló que la información sobre las víctimas no se difundió de manera inmediata y que la Defensoría del Pueblo ha tenido que recabar datos a medida que han ido saliendo a la luz, lo que sugiere que la magnitud del problema podría ser aún mayor.

El fenómeno del reclutamiento forzado de menores por parte de las disidencias de las Farc, y en particular de la línea de Mordisco, ha aumentado desde el año pasado.

Según la Defensora del Pueblo, “el responsable originario de toda esta situación son quienes reclutan los niños y niñas, especialmente el grupo de Mordisco”.

Marín subrayó que la presencia de menores en las filas de estos grupos no es una suposición, sino una realidad comprobada, y advirtió que las disidencias han cambiado sus métodos, desplazándose de un lugar a otro y evitando estructuras campamentarias fijas, lo que dificulta la labor de inteligencia y la protección de la población.

Ante este panorama, la respuesta estatal basada en bombardeos ha sido objeto de fuertes cuestionamientos.

Marín sostuvo que, aunque la fuerza pública tiene el deber de proteger a la población, el Estado debe agotar todas las alternativas posibles antes de recurrir a ataques aéreos, especialmente cuando existe una alta probabilidad de que haya menores presentes.

“Nuestro llamado es a que en esos casos donde es altamente presumible que se encuentren menores de edad, se evalúen otras alternativas antes de proceder al bombardeo y que por el momento se suspendan los bombardeos”, afirmó.

La Defensora insistió en la necesidad de fortalecer la inteligencia y de implementar medidas de protección integral en los territorios afectados, en lugar de limitar la respuesta a acciones militares.

El departamento de Guaviare, y en particular el municipio de Calamar, se encuentra en una situación de riesgo extremo, según la alerta temprana número uno de 2025.

La violencia generada por el enfrentamiento entre las disidencias de la línea de Mordisco y de la línea de Calarcá ha golpeado con fuerza a la región.

Marín destacó que la Defensoría del Pueblo mantiene una comunicación constante con el Ministerio de Defensa y ha manifestado su disposición a dialogar con el presidente de la República y el Ministerio del Interior, que lidera la respuesta a las alertas tempranas.

La funcionaria recalcó que la prioridad debe ser la protección de la población civil y la prevención del reclutamiento de menores.

En cuanto a las propuestas de solución, la Defensoría del Pueblo ha solicitado la suspensión de los bombardeos en zonas donde sea probable la presencia de menores y ha llamado a los grupos armados a liberar de inmediato a los niños y adolescentes reclutados.

Marín advirtió que las disidencias de Mordisco utilizan a los menores como escudo ante posibles ataques, lo que agrava la situación y exige una respuesta estatal que priorice la vida y los derechos de la infancia.

Además, la Defensora subrayó la importancia de fortalecer las políticas de prevención y protección, así como de coordinar acciones entre las distintas entidades del Estado para enfrentar el problema de manera integral.

En el contexto de la gestión de paz y la extradición de líderes criminales, Marín recordó que la decisión final sobre la extradición de personas solicitadas corresponde al presidente de la República, incluso cuando existe un concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia.

La funcionaria consideró que la no extradición puede ser una alternativa legítima si se orienta a priorizar los derechos de las víctimas, pero rechazó que se utilice para otorgar beneficios que relativicen la justicia o permitan la impunidad.