El Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) anunció una reducción del 30% en su presupuesto en Colombia para 2026, una decisión que responde a la disminución global de fondos humanitarios y que impacta directamente en la estructura operativa de la organización y en las comunidades afectadas por el conflicto armado y la violencia.
Según el Cicr, la medida implica el cierre de las oficinas en Apartadó y Pasto, el fin de la subdelegación de Bucaramanga y la reubicación de operaciones en otras regiones.
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En el nororiente del país, la coordinación de la respuesta humanitaria se realizará desde Cúcuta, mientras que en el suroccidente, la subdelegación de Cali cerrará para dar paso a una nueva sede en Popayán. Estas acciones forman parte de un proceso de reestructuración que busca concentrar los recursos en las zonas donde la necesidad es más apremiante.
El impacto de estas medidas se reflejará también en el personal del Cicr en Colombia, ya que alrededor de 120 puestos de trabajo se eliminarán como resultado de la reconfiguración operativa. La organización lamentó profundamente el efecto que esto tendrá en los empleados afectados y expresó su reconocimiento a quienes han contribuido a la misión humanitaria durante años.
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El Cicr contextualizó esta decisión en un escenario especialmente difícil para Colombia. La organización señaló que “el contexto en el que se adoptan estos ajustes es especialmente complejo y doloroso: mientras la situación humanitaria en Colombia se deteriora y las necesidades de las comunidades afectadas por los conflictos armados y la violencia aumentan, disminuyen los recursos globales disponibles para la acción humanitaria”.
Esta declaración, recogida en el comunicado oficial, subraya la paradoja de que la reducción de fondos ocurre en un momento en que la demanda de ayuda humanitaria crece.
Frente a este panorama, el Cicr reorientará su labor en el país, priorizando la protección de la población civil y la promoción del respeto al derecho internacional humanitario, concentrando sus esfuerzos en las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
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El objetivo, según la organización, es garantizar la continuidad y sostenibilidad de su acción humanitaria en Colombia, adaptándose a los recursos limitados disponibles.
En este contexto de cambios, el Cicr destacó la importancia de la labor de sus trabajadores en Colombia y reconoció la huella que han dejado en la misión humanitaria, en un momento de desafíos crecientes para la acción humanitaria en el país.
Cruz Roja alerta crisis humanitaria sin precedentes en Colombia para 2025
El Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) advirtió que Colombia enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes en 2025, con más de 85.000 personas bajo confinamiento forzado, 58.160 desplazadas y al menos 524 víctimas de artefactos explosivos en los primeros cinco meses del año.
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El informe presentado el 31 de julio por el Cicr señala que el uso de artefactos improvisados, drones armados y minas activadas a distancia provocó un aumento del 145% en víctimas respecto al mismo periodo de 2024.
Cauca concentró más de la mitad de los casos, seguido por Antioquia y Huila, este último sin registros previos en 2024. El 70% de las víctimas fueron civiles, incluidos 56 menores de edad.
El deterioro de la situación humanitaria está vinculado al incremento de enfrentamientos entre grupos armados y la fuerza pública. El documento del Cicr subraya que “las hostilidades generaron consecuencias especialmente graves para la población civil, debido a la reiterada falta de respeto por los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos en el derecho internacional humanitario”.
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El confinamiento forzado afectó a comunidades rurales, donde actividades cotidianas como sembrar, caminar o asistir a la escuela se volvieron riesgosas.
Norte de Santander y Chocó registraron la mayor cantidad de casos, seguidos por Guaviare y Amazonas. El fenómeno implica aislamiento por temor a represalias, minas o bloqueos armados, impidiendo el acceso a servicios básicos, salud y alimentos.
El desplazamiento masivo aumentó un 117% en comparación con 2024. Norte de Santander lideró con más de 49.800 personas expulsadas de sus territorios, mientras que Nariño reportó una disminución del 92% en estos casos, una variación inusual en el contexto del conflicto.
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