Consejo de Estado responsabilizó al Ejército Nacional por una ejecución extrajudicial en Antioquia

El Consejo de Estado ratificó la responsabilidad del Ejército Nacional en el asesinato de Hugo Alberto Arango Galeano, un recolector de hoja de coca que fue ejecutado extrajudicialmente el 27 de enero de 2007 en la zona rural de Anorí (Antioquia).

Esta decisión, que confirma el fallo previo del Tribunal Administrativo de Antioquia, desmiente la versión oficial que sostenía que la víctima había sido abatida en un enfrentamiento armado; en cambio, la sentencia del Consejo de Estado revela que Arango fue ejecutado por miembros del Batallón de Infantería 42 Batalla de Bomboná, que luego simularon un combate.

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De acuerdo con el expediente judicial, Arango y un amigo fueron citados por integrantes de la inteligencia militar a la vereda Montañita, donde se les exigió información sobre un raspado de coca en una finca cercana. Tras la conversación, los militares comenzaron a disparar. Hugo murió en el acto, mientras que su acompañante, herido, logró escapar y pedir ayuda en el casco urbano de Anorí.

Las investigaciones posteriores confirmaron que no hubo un intercambio de disparos, como afirmaron los militares en su versión inicial. En el lugar del crimen se encontraron casquillos de fusiles oficiales, pero las armas de las víctimas no tenían disparos registrados, lo que desvirtuó completamente la alegación de que habían atacado a la patrulla.

Los militares habían sostenido que Arango y su compañero habrían atacado a la patrulla, pero esta versión fue refutada por el testimonio del sobreviviente, que aseguró que no hubo fuego cruzado. Además, las pruebas forenses mostraron que los disparos provinieron exclusivamente de los soldados.

La ejecución fue calificada como extrajudicial por el Consejo de Estado, que concluyó que los uniformados cometieron una “falla gravísima del servicio” al usar fuerza letal contra civiles desarmados, sin que existiera una amenaza.

Javier Villegas Posada, abogado de la familia de la víctima, señaló para Caracol Radio que la resolución de la sentencia es un paso crucial para la justicia: “Este fallo demuestra que a Hugo Alberto lo ejecutaron y luego montaron un escenario para hacerlo pasar como una baja en combate”.

Además, destacó que este tipo de decisiones son fundamentales para la reparación y el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en Colombia.

La condena, que también ordenó indemnizar a la familia de Hugo Arango por los daños materiales y morales sufridos, representa un avance en la búsqueda de justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Cabe destacar que el Tribunal Administrativo de Antioquia ya había condenado al Ejército en una primera instancia, pero la institución apeló la decisión. Finalmente, en segunda instancia, el Consejo de Estado ratificó el fallo, al destacar la necesidad de reconocer la verdad y dar justicia a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, un fenómeno que marcó negativamente la historia del país y de las fuerzas públicas.

Un “falso positivo” más en la historia de Colombia

El caso de Hugo Alberto Arango fue un caso más de los mal llamados ‘falsos positivos’, en los que civiles inocentes fueron asesinados por el Ejército y presentados como guerrilleros muertos en combate. Este tipo de crímenes fue común entre 2002 y 2008, cuando la presión por resultados operacionales llevó a los militares a presentar bajas falsas para obtener incentivos como ascensos y recompensas.

Durante este período, miles de personas, en su mayoría civiles, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, atraídas bajo falsas promesas de trabajo o engaños. Las víctimas eran luego asesinadas y presentadas como guerrilleros. El caso de Arango Galeano sigue este patrón, con la alteración de la escena del crimen para justificar una acción que no fue un enfrentamiento real.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) documentó al menos 6.402 víctimas de ‘falsos positivos’ durante el periodo mencionado. Este fallo es un paso hacia la justicia y la reparación para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, con la justicia penal que aún investiga a los responsables.