JEP avala pesquisa en Dabeiba e Ituango e imputa tortura a dos comparecientes como máximos responsables

La Jurisdicción Especial para la Paz confirmó un avance decisivo en el esclarecimiento judicial de los crímenes cometidos entre 2002 y 2006 en Dabeiba e Ituango, al avalar la investigación adelantada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y declarar la correspondencia parcial de la Resolución de Conclusiones del caso conjunto.

Esta determinación abarca el asesinato y la desaparición forzada de 47 personas en el noroeste antioqueño, hechos que según los elementos probatorios analizados respondieron a una política sistemática de ocultamiento y presentación ilegítima de víctimas como bajas en combate.

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El Tribunal para la Paz ratificó que siete de los ocho comparecientes postulados por la Sala cumplen los criterios jurídicos para avanzar hacia una eventual imposición de Sanción Propia. Se trata de miembros de la fuerza pública que reconocieron su responsabilidad en los crímenes investigados y aportaron elementos sobre la estructura criminal de la época. La Sección remarcó que la metodología de contrastación y las valoraciones jurídicas realizadas por la Sala respetan los estándares constitucionales.

El análisis llevó a que la Sección ajustara los patrones macrocriminales definidos anteriormente, estableciendo que todos los hechos hacen parte de un único patrón con dos modalidades, sustentado en la alianza entre agentes estatales y estructuras paramilitares. Dicho patrón consistió en asesinar y desaparecer personas ajenas a las hostilidades, ocultar sus cuerpos en cementerios municipales y presentarlas como resultados operacionales, con el fin de obtener beneficios personales e institucionales. Según el Tribunal, este comportamiento tuvo un carácter sistemático y se extendió en varios municipios del noroeste antioqueño.

Uno de los puntos más relevantes de la decisión fue la imputación del crimen de guerra de tortura a dos comparecientes, al comprobarse que infligieron sufrimientos físicos y mentales graves a las víctimas antes de asesinarlas. Además, en uno de los casos, se determinó responsabilidad por omisión frente a un acto de violencia sexual cometido por un paramilitar contra una menor de edad que fue posteriormente asesinada y desaparecida.

En atención a este hecho, la JEP compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que adelante la investigación correspondiente.

El Tribunal también ordenó convocar una Audiencia de No Correspondencia en el caso del compareciente Levis de Jesús Contreras, con el propósito de que la Sala amplíe la información sobre la valoración que justificó su selección como máximo responsable. La Sección consideró necesario profundizar en la fundamentación sobre su rol y su nivel de participación, para garantizar la seguridad jurídica del proceso.

Además de las imputaciones y ajustes, la Sección destacó el componente restaurativo derivado de los proyectos de Sanción Propia que vienen construyéndose junto a víctimas y comunidades. El documento señala que estas iniciativas crecieron de cinco a nueve propuestas, que abarcan la intervención del cementerio Las Mercedes de Dabeiba, proyectos de infraestructura comunitaria, búsqueda de desaparecidos, reconstrucción del buen nombre de las víctimas y acciones en favor de los territorios afectados.

La decisión también resalta los avances en las entregas dignas y restaurativas realizadas en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía y la Unidad de Investigación y Acusación. Hasta la fecha, se han recuperado e identificado catorce víctimas cuyos casos hacen parte de este proceso, lo que ha permitido a sus familias reconstruir fragmentos del daño padecido.

En lo que sigue del trámite, la Sección convocará la Audiencia de No Correspondencia y luego avanzará hacia la Audiencia de Verificación, en la que se evaluará el cumplimiento de las condiciones exigidas para la sanción. Solo después de esta etapa el Tribunal emitirá la sentencia definitiva, garantizando la protección de los derechos de las víctimas y brindando seguridad jurídica a los comparecientes que han reconocido su responsabilidad.

Con esta evaluación, la JEP reafirma su mandato de esclarecer los hechos más graves del conflicto, avanzar hacia reparaciones integrales y asegurar que estos crímenes no vuelvan a repetirse en los territorios afectados.