La personería jurídica del partido Progresistas, encabezado por la senadora María José Pizarro, enfrenta una nueva amenaza judicial que podría redefinir el panorama de la izquierda en Colombia.
En menos de un mes, el Consejo de Estado ha admitido dos demandas que buscan anular las resoluciones mediante las cuales el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó reconocimiento legal a esta colectividad, surgida de una escisión del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).
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El proceso judicial, que pone en riesgo la capacidad de Progresistas para participar con aval propio en las elecciones de 2026, fue impulsado inicialmente por los abogados Ximena Echavarría y Nicolás Dupont, representantes de la organización Dilo Colombia.
De acuerdo con Semana, ellos sostienen que el CNE vulneró la normativa vigente al conceder la personería jurídica sin que se cumplieran los requisitos establecidos en la Ley 1475 de 2011 para la creación de partidos.
En particular, argumentan que el reconocimiento se hizo de manera condicionada, lo que, a su juicio, constituye una irregularidad que invalida el acto administrativo.
Según los demandantes, el CNE no podía otorgar el reconocimiento a Progresistas mientras el partido de origen, Mais, tuviera procesos sancionatorios pendientes.
“El artículo 14 de la Ley 1475 prohíbe expresamente escisiones o fusiones de colectividades con procedimientos en curso ante el CNE”, señalan en su demanda. De acuerdo con este argumento, la escisión que dio origen a Progresistas habría sido ilegal desde su nacimiento, ya que el Mais enfrentaba investigaciones en ese momento.
El caso cobró aún más relevancia con la reciente admisión de una segunda demanda, esta vez presentada por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien también pide al Consejo de Estado anular las resoluciones 09111 del 3 de septiembre y 09907 del 1 de octubre de 2025.
En su escrito, Valencia asegura que el CNE “desconoció la ley estatutaria y vulneró la Constitución” al emitir actos administrativos sin cumplir los requisitos legales.
La demanda de la congresista fue formalmente admitida el 7 de noviembre, luego de que el alto tribunal verificara que cumplía con los criterios formales y materiales exigidos por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca).
En consecuencia, el Consejo de Estado ordenó notificar al CNE, al partido Progresistas, al Mais, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Valencia argumenta que el CNE no podía condicionar el reconocimiento de la personería jurídica a la culminación de procesos sancionatorios previos, como lo hizo en el caso de Progresistas.
“La prohibición contenida en el artículo 14 de la Ley 1475 es de aplicación estricta; el CNE no puede crear excepciones donde la ley no las contempla”, señaló la senadora en su escrito. Además, solicitó una medida cautelar para suspender de inmediato los efectos de las resoluciones impugnadas, lo que, de ser concedido, impediría a Pizarro otorgar avales electorales mientras se resuelve el fondo del caso.
El impacto político de estas demandas no es menor. Si el Consejo de Estado llegara a anular la personería jurídica de Progresistas, María José Pizarro perdería el control sobre los avales de su colectividad, un golpe significativo para su papel dentro del Pacto Histórico.
Progresistas se proyectaba como uno de los partidos clave de la coalición de gobierno, con figuras como Iván Cepeda y David Racero en su órbita, y con capacidad para disputar una posición protagónica en la conformación de listas al Congreso y en la estrategia presidencial del 2026.
El origen del partido se remonta a la escisión del Mais, colectividad que avaló a Pizarro en 2022 dentro de la lista del Pacto Histórico. Sin embargo, el Mais no respaldó la creación de un partido único del petrismo, lo que llevó a un grupo de congresistas a promover una nueva estructura política bajo el liderazgo de Pizarro.
En septiembre de 2025, el CNE reconoció oficialmente la personería jurídica de Progresistas mediante la Resolución 09111, decisión que fue ratificada semanas después tras resolver recursos de reposición.
No obstante, la trayectoria reciente de la abogada Ximena Echavarría añade presión al caso. Ella ha encabezado procesos similares que llevaron a la pérdida de personerías jurídicas de otros partidos afines al Gobierno, como Fuerza Ciudadana de Carlos Caicedo, Todos Somos Colombia de Clara López, En Marcha de Juan Fernando Cristo y Soy porque somos, de la vicepresidenta Francia Márquez.
Ese precedente ha puesto en alerta a varios sectores del Pacto Histórico, que ven en esta nueva ofensiva judicial un intento por debilitar la coalición desde sus bases jurídicas.
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