El Ministerio de Justicia y del Derecho manifestó su respaldo al ministro del Interior, Armando Benedetti, tras las denuncias públicas del funcionario por un allanamiento a su residencia en Puerto Colombia, Atlántico, ordenado por la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
La cartera liderada por Augusto Ocampo Camacho expresó su preocupación ante posibles vulneraciones a los derechos fundamentales del ministro y su familia, e instó a que las quejas sean evaluadas con objetividad y prontitud para garantizar las garantías constitucionales.
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En un comunicado oficial, el Ministerio subrayó: “El Ministerio de Justicia manifiesta su preocupación por las denuncias públicas del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre actuaciones judiciales que podrían afectar sus derechos fundamentales y los de su familia”.
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Además, recordó que “todas las personas en Colombia, sin excepción, tienen derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la imparcialidad de los jueces y al respeto por su dignidad humana”, conforme a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
La cartera reiteró su confianza en la independencia de la Rama Judicial, aunque hizo énfasis en que toda actuación debe ajustarse a la legalidad, la proporcionalidad y la transparencia.
“El ministerio confía en la independencia de la Rama Judicial, pero considera indispensable que toda actuación judicial se adelante dentro de los límites de la competencia y con estricto apego a la legalidad, la proporcionalidad y la transparencia”.
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La preocupación institucional surge a raíz de las denuncias formuladas por Benedetti, quien señaló que la magistrada Lombana habría ordenado inspecciones y actuaciones judiciales sobre su residencia y la de familiares cercanos, incluyendo hijos menores de edad, primos y otros parientes, dentro de investigaciones relacionadas con lavado de activos.
Según el ministro, estas diligencias superan la competencia de la Corte Suprema, ya que hace más de tres años no ejerce como congresista, lo que, en su opinión, invalidaría la investigación sobre hechos ocurridos en 2023, 2024 y 2025. Benedetti aseguró que la magistrada fue recusada en dos ocasiones y cuestionó la imparcialidad de la diligencia.
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“Mandó a investigar financieramente, sin tener las facultades para hacerlo, a cincuenta familiares míos, entre ellos mis hijos menores, esposos y esposas de mis tíos y tías. Van más de doscientos testigos, siete años de acoso judicial con diferentes procesos, filtrando todos mis procesos a los medios de comunicación”, indicó el ministro en declaraciones públicas. Benedetti aseguró además que su residencia está abierta a cualquier inspección y que siempre ha colaborado con la justicia.
El funcionario cuestionó la actuación de la magistrada Lombana, señalando que habría suministrado información manipulada a autoridades extranjeras, específicamente al FBI, lo que, según él, constituiría una violación de su derecho al debido proceso.
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Benedetti afirmó que la magistrada “increpa, tortura y amenaza testigos para que me incriminen o me inventen delitos” y anunció que recurrirá a instancias internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Ministerio de Justicia enfatizó que las denuncias deben ser valoradas con objetividad y prontitud: “Las denuncias y quejas públicas del ministro Benedetti deben ser valoradas con objetividad y celeridad institucional, para garantizar que no se vulneren sus garantías constitucionales ni las de su núcleo familiar”.
La entidad reiteró su compromiso con la independencia de los poderes públicos, pero también con la preservación de la confianza ciudadana en la justicia, asegurando que toda investigación o actuación estatal se realice bajo los principios de legalidad, imparcialidad y respeto absoluto por los derechos humanos.
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Finalmente, el Ministerio expresó su respaldo a Benedetti y su familia: “Expresamos nuestra solidaridad institucional con el ministro del Interior, Armando Benedetti, su esposa y su familia, confiando en que los hechos denunciados se esclarezcan plenamente”.
Con su pronunciamiento, el Ministerio no solo busca garantizar que las denuncias sean valoradas con objetividad y prontitud, sino también reafirmar la necesidad de que todas las actuaciones judiciales se realicen bajo estrictos estándares legales desde su perpsectiva.
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