Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años y estudiante de la Universidad de los Andes, fue asesinado en la madrugada del 31 de octubre de 2025, luego de ser víctima de una fuerte golpiza por parte de otros dos jóvenes que lo acorralaron a pocas cuadras del bar Before Club, ubicado en la localidad de Chapinero, en Bogotá.
Por este delito, Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz están bajo custodia de las autoridades, al ser los principales responsables del deceso del joven, tal como lo registraron las cámaras de seguridad ubicadas en las calles donde se presentó la agresión.
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El abogado de la familia, Camilo Rincón, conversó con La FM y dio detalles del proceso, incluso refiriéndose al estado en el que quedó el cuerpo de Jaime Esteban luego de la brutal agresión.
Rincón insistió en la necesidad de que la Fiscalía impute el agravante de sevicia, argumentando que los golpes propinados a la víctima ocurrieron cuando esta ya se encontraba en estado de indefensión.
El abogado precisó:
“Los golpes que le propinaron a Jaime Esteban fueron estando en un estado ya de indefensión. De hecho, él ya se encontraba prácticamente en un lago hemático, que, para ilustrar un poco, es la cantidad de sangre que se encuentra alrededor de un cuerpo producto de unos golpes”, explicó Rincón al medio de comunicación.
Añadió que la autopsia determinó que la causa de muerte fue trauma craneoencefálico severo, resultado de golpes contundentes en el cráneo, rostro y tórax. La descripción de las lesiones sufridas por Jaime Esteban Moreno Jaramillo fue contundente.
Rincón relató que la víctima quedó desfigurada, enfatizando la brutalidad del ataque:
“Cuando digo desfigurado, es que fueron golpes en la cara de punta a pies. Hay unos impactos contundentes que, como lo narró ayer la señora fiscal, la sangre no solamente salía por su boca, sino también por todas partes”, declaró el abogado a La FM.
El abogado subrayó que evitaba dar más detalles para preservar la dignidad de la víctima y su familia.
También explicó que, a pesar de la contundencia de los videos y otros elementos probatorios, la declaración de inocencia es un derecho constitucional: “Hay una presunción de inocencia que es un derecho constitucional, que es respetable, hasta tanto no hay un fallo condenatorio de cierre. En ese sentido, pues todas las personas tienen el derecho de declararse inocentes”.
El togado detalló que esta postura forma parte de una estrategia legal, señalando que los defensores de González Castro y Suárez Ortiz buscan explorar posibles beneficios o colaboraciones con la justicia durante el proceso penal.
Según Rincón, “se trata de revisar qué posibilidades, qué beneficios puedan existir, con qué podrían colaborar en la justicia durante el desarrollo del proceso penal. Porque si fuese por los elementos materiales probatorios, claramente uno deduce y no necesita mayores esfuerzos mentales para poderse allanar a cargos”, sostuvo el abogado a La FM.
Sobre la posible influencia de sustancias en el comportamiento de los agresores, Rincón descartó que existan pruebas al respecto.
Explicó que Juan Carlos Suárez Ortiz se negó a la prueba toxicológica y que no hay evidencia de consumo de alcohol o drogas por parte de Ricardo Rafael González Castro: “No se tiene eso porque, primero, Juan Carlos Suárez Ortiz se negó a la prueba toxicológica en medicina legal. Y segundo, tampoco existe prueba de medicina legal, prueba toxicológica o de sustancias alucinógenas o estupefacientes con el señor Ricardo Rafael González Castro”.
La fuga de Ricardo Rafael González Castro tras los hechos también fue abordada por el abogado, quien consideró que este comportamiento justifica la solicitud de detención preventiva en centro carcelario.
Rincón argumentó: “Esa demostración de Ricardo Rafael González Castro, de huir de los hechos, porque huye del lugar de los hechos, no se presenta ante la justicia. Transcurren 10 días, aproximadamente, y de repente una persona que no tiene un empleo que le dé, pues, un músculo financiero, termina en Cartagena. De Bogotá, deja su trabajo de auxiliar o de vendedor de perros calientes, deja su trabajo tirado y aparece en Cartagena”.
Finalmente, Rincón cuestionó la posibilidad de una detención domiciliaria para un joven de veintidós años en estas circunstancias, considerando que existe un alto riesgo de fuga: “Una persona de 22 años, como es la edad de este señor Ricardo Rafael González Castro, en una eventual detención domiciliaria, pues me parece, con todo respeto, ridícula una medida de estas, porque una persona de 22 años no se va a quedar esperando sentado en la sala de la casa a que lo condenen 40 o 50 años. Va a iniciar a la fuga”, concluyó Rincón a La FM.
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