El estancamiento de la reforma a la salud en el Congreso colombiano llevó al Gobierno Petro a desplegar una estrategia múltiple: desde la amenaza de acciones legales hasta la consideración de un “plan b” que contempla la expedición de decretos.
La confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo se intensifica, mientras la viabilidad financiera de la reforma y la autonomía del Congreso se convierten en los ejes del debate.
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El presidente Petro instruyó a su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a iniciar acciones legales contra los ocho senadores de la Comisión Séptima que han bloqueado el avance del proyecto.
El ministro del Interior, Armando Benedetti elevó el tono de la disputa al acusar a los legisladores de provocar un “bloqueo institucional”.
“Los denunciaré ante la Procuraduría y la Corte Suprema por quebrantar la Constitución y la Ley Quinta. No quieren trabajar. Quieren ir a hacer campaña y engañar a la gente otra vez”, resaltó Benedetti.
Esta declaración refleja la presión que el Ejecutivo ejerce sobre el Congreso, para el que la ausencia de un aval fiscal claro se ha convertido en el principal argumento de la oposición para aplazar el debate.
El presidente de la Comisión Séptima Miguel Ángel Pinto se posicionó como uno de los principales críticos de la agenda del gobierno.
Pinto desafió públicamente a Petro a debatir el aval fiscal en televisión: “Que Colombia sepa quién miente”.
Aunque el Ministerio de Hacienda envió un documento dirigido a Pinto, persisten dudas técnicas sobre su validez como aval fiscal, ya que no lleva la firma del ministro Germán Ávila, sino la de un viceministro técnico.
Para varios congresistas, la pregunta central sigue sin respuesta: ¿existen los recursos necesarios para financiar la reforma?
Frente a la falta de consensos, el presidente Petro anunció la existencia de un “plan b”, interpretado como la posibilidad de modificar el sistema de salud mediante decretos. El antecedente inmediato es el decreto 858 de 2025, que fue suspendido por el Consejo de Estado por invadir competencias de las EPS. Desde el Ministerio de Salud se estudia qué decretos podrían implementarse, mientras los equipos jurídicos de los senadores se preparan para presentar demandas si consideran que el Ejecutivo invade funciones legislativas.
La senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, advirtió sobre los riesgos de esta estrategia: “Esta nueva intromisión en la independencia del Congreso demuestra una peligrosa disposición a sobrepasar los límites de la Constitución y la ley, con el propósito de imponer a punta de decretos una reforma ideológica, construida sin los actores del sistema”, expresó Hurtado. La tensión entre el Gobierno y el Partido de la U se ha agudizado, especialmente en el Valle del Cauca, donde las diferencias entre Petro y la gobernadora Dilian Francisca Toro son notorias.
En el oficialismo, algunos sectores insisten en que se agende el tercer debate, aunque ello implique el hundimiento de la reforma, con la intención de apelar la decisión, como ocurrió con la reforma laboral.
El senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz, expresó: “No aprueban ni archivan la reforma a la salud. Y esto es porque saben que nosotros vamos a apelar, tal cual como lo hice con la laboral, que apelé y pasó a otra comisión constitucional. Están arrinconados y no saben qué hacer ni qué inventar”, dijo Díaz en declaraciones reveladas por El Tiempo.
La respuesta de los congresistas al “plan b” de Petro ha sido contundente. La senadora Nadia Blel afirmó en su cuenta en X: “Se acabó este gobierno y el presidente @petrogustavo nunca comprendió que el Congreso ejerce sus funciones con plena autonomía e independencia, sin subordinarse a los caprichos del Ejecutivo. Confío plenamente que cualquier arbitrariedad que tenga planeada, será frenada por una rama judicial autónoma e independiente”.
Añadió que “ya no vale la pena seguirle insistiendo que respete la Constitución y la separación de poderes; nuestra única esperanza es un nuevo gobierno que honre nuestra democracia y la independencia de las ramas del poder público”.
El senador Honorio Henríquez fue más allá al acusar al presidente de buscar la destrucción del sistema de salud: “Petro, fiel a su estilo, pretende pasar por encima del Congreso, transgrediendo la separación de poderes y debilitando el Estado de Derecho. Desfinanciaron el sistema de salud, no ajustaron la UPC (Unidad de Pago por Capitación) y hoy los hospitales y clínicas, así como los pacientes, pagan las consecuencias".
Según el congresista, “provocaron una crisis que niega el derecho fundamental a la salud, mientras el propio Ministerio de Hacienda admite que no hay plata para su fracasada reforma, la misma de la cual hoy son víctimas los maestros. Petro no tiene plan A ni plan B, solo tiene el plan de destruir el sistema de salud de los colombianos”.
El presidente de la Comisión Séptima, Miguel Ángel Pinto, confirmó que el trámite de la reforma seguirá suspendido hasta que se conozca el aval fiscal y se defina el futuro de la reforma tributaria.
“Por favor lea lo que nos dice el Ministerio de Hacienda. Que el recurso de la reforma a la salud está sujeto a la aprobación de una ley de financiamiento. Esto para ud es un aval fiscal? No culpe al Congreso, culpe al Gobierno, que son unos ineptos”, respondió Pinto a las críticas en redes sociales, según Infobae.
El Gobierno presentó un mensaje de urgencia e insistencia para que se discuta el proyecto y ha reiterado su intención de denunciar ante la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría a los legisladores que se niegan a dar el debate.
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