Ministerio de Trabajo frenó los despidos en la ETB y ordenó investigar si hubo violación de derechos laborales

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) enfrentará, en los próximos días, un estricto seguimiento por parte del Gobierno nacional. La compañía deberá entregar información detallada sobre todos los despidos realizados en 2024, así como reportar el estado de los procesos de desvinculación que se encuentran abiertos. La orden surgió luego de que la Dirección Territorial Bogotá del Ministerio del Trabajo adoptara una medida preventiva para frenar la terminación de contratos laborales sin justa causa.

Lo que se busca, según la entidad, es evitar que continúen decisiones empresariales que puedan afectar derechos adquiridos o desconocer garantías individuales y colectivas. La instrucción fue clara, en un plazo máximo de 48 horas, la empresa deberá detener cualquier proceso que involucre la salida de trabajadores amparados por la convención colectiva, personas con fuero sindical o empleados con estabilidad laboral reforzada. En otras palabras, nadie que pertenezca a estos grupos podrá ser despedido mientras se revisan las actuaciones internas.

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La decisión cobija además a trabajadoras y trabajadores que se encuentran en categorías especialmente sensibles como madres y padres en licencia de maternidad o paternidad, personas en proceso de pensión, empleados con afectaciones de salud, personas con discapacidad y víctimas del conflicto armado. El ministerio exigió un listado completo de estos casos y una relación detallada de todas las terminaciones contractuales ejecutadas desde el 1 de enero de este año.

El titular de la cartera laboral, Antonio Sanguino, anunció que se convocará una mesa tripartita para discutir lo que está ocurriendo al interior de la compañía. La intención es reunir a ETB, al sindicato Sintrateléfonos y al ministerio para explorar acuerdos que garanticen la protección de los trabajadores y permitan avanzar en medidas correctivas. Para Sanguino, el ejercicio de diálogo social es indispensable para equilibrar las necesidades empresariales con el respeto por los derechos laborales. En sus palabras, el objetivo del Gobierno es afianzar la defensa del trabajo digno y la libertad sindical.

La orden administrativa no solo busca frenar los despidos; también pretende indagar si se presentaron prácticas que vulneren garantías constitucionales. La cartera advirtió que el proceso incluirá verificación de posibles irregularidades relacionadas con “despidos, retiros voluntarios, estabilidad laboral reforzada, libertad sindical y cumplimiento de la normatividad laboral, así como para identificar y eliminar posibles prácticas que afecten derechos ciertos e indiscutibles o que constituyan actos de injerencia o discriminación”.

El director de la Territorial Bogotá, Amaury Gómez Ramírez, precisó que la decisión, formalizada mediante el acto administrativo No. 005 del 5 de noviembre, podría ser levantada si la empresa demuestra total cumplimiento de la ley. “Se levantará si se evidencia de manera verificable y documentada que no existe vulneración a derechos ciertos e indiscutibles, ni a fueros laborales o constitucionales, ni afectaciones a estabilidades laborales reforzadas, ni otras garantías del orden jurídico laboral colombiano”, aseguró el funcionario.

Mientras tanto, la compañía respondió públicamente. En un comunicado, ETB afirmó que, “reafirma su compromiso con las condiciones laborales de sus trabajadores, así como el respeto pleno por las leyes laborales y constitucionales. En el marco de su proceso de transformación, la empresa ha promovido durante este año espacios de diálogo y participación activa con las organizaciones sindicales y con todos sus colaboradores, porque entre todos estamos fortaleciendo la compañía”. La empresa añadió que, aunque aún no recibió una notificación oficial sobre la medida, mantiene su disposición al diálogo.

Con el cruce de versiones, lo que viene ahora es una etapa de verificación institucional. La mesa tripartita, todavía sin fecha confirmada, será clave para esclarecer el alcance de las decisiones internas de ETB, revisar los casos en disputa y determinar si hubo o no eventos que afectaran los derechos de los empleados.