El Ministerio de Salud y Protección Social advirtió al superintendente Nacional de Salud, Bernardo Camacho, que podría incurrir en faltas disciplinarias si adelanta actuaciones administrativas relacionadas con la Nueva EPS sin declarar impedimento.
La advertencia fue emitida a través de un oficio fechado el 31 de octubre de 2025, firmado por el director jurídico (e) de la entidad, Rodolfo Enrique Salas Figueroa.
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Según el documento, el ministerio recordó que el conflicto de interés se configura cuando el interés general entra en contradicción con el interés particular de un servidor público, especialmente si ha tenido una relación directa o reciente con la entidad vigilada. En este caso, Camacho fue interventor de la Nueva EPS dentro del año anterior a su posesión como superintendente, lo que activa una causal de impedimento frente a cualquier actuación administrativa o jurisdiccional sobre la misma.
Ministerio pide nombrar un superintendente ad hoc
El oficio señala que, dada esta circunstancia, “se deberá dar aplicación al trámite establecido en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de efectuar el nombramiento de un Superintendente Nacional de Salud Ad Hoc, que conozca y adelante todas las actuaciones administrativas y jurisdiccionales que versen sobre la Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. ‘Nueva EPS S.A.’”.
De acuerdo con el ministerio, la intervención previa de Camacho en la entidad genera un interés directo que puede colisionar con los principios de imparcialidad y transparencia que rigen la función pública. Por ello, enfatiza que el actual superintendente no puede participar en ninguna decisión o proceso administrativo que involucre a la Nueva EPS, dado que su competencia anterior en esa empresa “fue de manera amplia y general”.
El documento, remitido con copia a varios funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud, concluye que la advertencia se sustenta en fundamentos jurídicos, normativos y jurisprudenciales aplicables al ejercicio de la función pública.
Sobre el nombramiento de Camacho
La posesión de Camacho como superintendente se concretó tras una etapa de transiciones interinas y demoras por discusiones internas en el Ministerio de Salud. Su hoja de vida fue publicada en el portal presidencial a mediados de octubre de 2025, pero la designación oficial se efectuó más de una semana después.
El Gobierno nacional ha sostenido que el nombramiento de Bernardo Camacho se enmarca en “la política de asegurar la vigilancia sobre el uso de los recursos del sector salud y consolidar la garantía del derecho a la atención médica para la población”, según declaraciones oficiales.
Sin embargo, la designación de Camacho ha reavivado debates sobre la idoneidad del funcionario y las implicaciones de sus antecedentes profesionales, particularmente por su relación con la Nueva EPS. El hoy superintendente fue designado como agente interventor de entidad promotora de salud en noviembre de 2024, con la tarea de sanear la entidad y superar sus dificultades financieras. No obstante, informes de la Contraloría General de la República registraron irregularidades por más de 6,6 billones de pesos, vinculadas a pagos anticipados sin facturación, falta de cierres fiscales y ausencia de balances consolidados.
Según reportó el ente de control y varios medios de comunicación, durante los ocho meses que Camacho estuvo al frente de la interventoría, “la situación se deterioró”, pues no se entregaron informes financieros completos sobre los periodos 2023–2024, ni se aportó la información necesaria para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
A raíz de estos hallazgos, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó nuevas auditorías y medidas de estandarización interna, las cuales aún no se habían implementado por completo al cierre de la intervención.
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