Luis Gilberto Murillo defendió su gestión frente a la crisis de los pasaportes en Colombia y puso la lupa sobre papel de Laura Sarabia

Frente a las frecuentes acusaciones sobre un presunto mal manejo en la adjudicación del contrato de pasaportes en Colombia, Luis Gilberto Murillo, exministro de Relaciones Exteriores y hoy precandidato presidencial, defendió su gestión e hizo énfasis sobre las dificultades en las que se encuentra el actual proceso, que estarían ligadas a una serie de negligencias tras su salida del cargo, en enero de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El plan para renovar el sistema surgió después de un proceso fallido de contratación en 2023, que dejó al país sin proveedor para la producción de libretas, lo que causó una demanda millonaria contra el Estado. Cerca de $117.000 millones fueron pretendidos en su momento por la firma Thomas Greg & Sons, en un reclamo que tras un arduo proceso de negociación se desestimó; en un éxito que el exministro se adjudicó.

Así lo expresó en diálogo con Infobae Colombia, el exfuncionario recordó que buscó alternativas internacionales para resolver la crisis y firmó en octubre de 2024 un memorando de entendimiento con Portugal, con implicaciones a largo plazo. Lo anterior, con la premisa de que la Casa de la Moneda de ese país, junto con la Imprenta Nacional, asumiría la producción y transferencia tecnológica necesarias.

De hecho, en su momento, el aspirante presidencial entregó un documento en el que detalló el cronograma y las acciones efectuadas para poner en marcha un sistema modernizado que, según él, no se continuó. Y todo porque además se hicieron graves modificaciones, pues se cambió de un convenio de cooperación binacional, que se rige por normas internacionales, a un convenio interadministrativo, con aplicación local.

A esto se suma, dicho por Murillo, que hubo diferencias entre su sucesora, Laura Sarabia, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, que provocaron irreversibles retrasos al plan: lo que añadió nuevas aristas acerca a los problemas en la implementación del nuevo sistema. El mismo que busca, según él, un modelo estatal modernizado, sin tercerización, con control total en la expedición y gestión de pasaportes.

Y es que la nueva estrategia preveía una transición estructurada en tres fases. La primera etapa, hasta octubre de 2024, mantenía a un operador privado; en la segunda, desde octubre de 2024 hasta agosto de 2025, la Cancillería asumiría directamente la toma y formalización de datos para pasaportes y visas, y la tercera, a partir de septiembre de 2025, buscaba que el Estado controlara plenamente este asunto.

Según Murillo, todos los avances quedaron registrados en reuniones de transición oficial con el equipo de Sarabia, pero esta suspendió la firma del contrato principal con Portugal, sin, en su opinión, una justificación contundente. Como alternativa temporal, se prorrogó el contrato con Thomas Greg & Sons, pese a las objeciones del presidente Petro, que reiteró públicamente que esa empresa no continuará al frente.

Infobae Colombia: usted tuvo injerencia en el proceso de los pasaportes, ayudando a darle un rumbo definido. Sin embargo, ahora este tema se ha convertido en un problema para el Gobierno, especialmente por las implicaciones jurídicas de la implementación de un acuerdo con Portugal para su fabricación, cuyo punto central es la imprenta.

Entendemos que, en su gestión, intentó prolongar el proceso, buscar un mejor manejo e incluso hizo acercamientos con Thomas Greg & Sons. ¿Cómo analiza actualmente esta situación?

Luis Gilberto Murillo: Considero que, tras mi salida, se descuidó el proceso y no se cumplió el cronograma establecido. Nosotros diseñamos un modelo con criterios muy claros: buscábamos objetividad en la selección de los encargados, garantizar el manejo adecuado y la protección de la información de los ciudadanos y asegurar un funcionamiento efectivo del sistema.

Además, era fundamental promover pluralidad de oferentes. El esquema propuesto era mixto, apoyado en una relación de Gobierno a Gobierno. Invitamos a varios países a presentar propuestas, las analizamos y conformamos un equipo técnico e institucional competente, con participación de la Procuraduría, la Contraloría, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la Presidencia y Migración Colombia, que se encarga del control de calidad de los pasaportes. Recibimos apoyo técnico de la Oaci (Organización de Aviación Civil Internacional) y la ONU.

La mejor propuesta fue la de Portugal, no solo por la fabricación de libretas de pasaporte, sino porque ofrecía una alianza a largo plazo entre las imprentas de ambos gobiernos. Esta alianza permitía modernizar la imprenta colombiana y acceder a un paquete de cooperación que fortalecía a la Cancillería en el agendamiento, a Migración Colombia en el laboratorio de calidad y a la Imprenta Nacional en la producción de libretas.

Incluso la idea era buscar otros mercados y modernizar la infraestructura nacional con acompañamiento portugués.

Entre los primeros resultados, resolvimos problemas en el agendamiento de citas. Había filas, corrupción y tramitadores por la tercerización con Millenium. Cancillería asumió ese proceso, se actualizó el software —que no se renovaba desde 2001— y se mejoró la experiencia para los ciudadanos.

E implementamos el pasaporte en línea, algo que se había creado en el Gobierno anterior, pero no se había puesto en marcha. Utilizamos la carpeta ciudadana digital para facilitar el trámite, lo que supuso un ahorro en intermediación de cerca de 40% y permitió aplicar la ley de pasaportes gratuitos para población vulnerable, además de reducir el precio general del documento.

Desde el inicio, se construyó una arquitectura legal y financiera robusta. Primero, se suscribió un memorando de entendimiento entre los gobiernos de Colombia y Portugal a través de las cancillerías; luego, un convenio de cooperación regido por derecho internacional para la producción de pasaportes y la entrega del paquete de cooperación.

Y se preveían contratos complementarios para la imprenta y Migración Colombia. El modelo contemplaba un margen de hasta diez años para que la Imprenta Nacional estuviese lista y asumiera toda la producción.

El retraso en la firma del convenio definitivo, estimado en un mes aproximadamente, se debió a que Portugal estuvo listo para marzo, pero yo ya no estaba en Cancillería. Era necesario que Cancillería y el Ministerio del Interior firmaran el convenio; sin embargo, los desacuerdos entre los ministerios hicieron que se perdiera la oportunidad de firmarlo a tiempo.

Con Thomas Greg & Sons se había logrado la continuidad del servicio y ellos retiraron la demanda contra el Estado. Le ahorramos una cifra importante, creo que eran más 117.000 millones de pesos, y el acuerdo de que en septiembre ya entraba la imprenta de Portugal a producir las libretas.

Teníamos seis meses de transición, es decir, desde que se firmaba con Portugal ese acuerdo hasta que Thomas Greg & Co entregaba. Ahí se perdió un tiempo valioso.

¿Esas diferencias fueron entre Armando Benedetti y su sucesora, Laura Sarabia?

Lo que digo es que cuando uno revisa lo que pasó, pues había una disputa pública entre estos funcionarios. Creo que en junio (2025), cuando por fin se superaron esas diferencias, se empezó a hablar verdaderamente del tema de pasaportes.

A mi salida, todo quedó listo, incluso en enero tuve un par de llamadas con el canciller de Portugal para que acelerara el proceso. Sin embargo, en la transición, Cancillería, en mi opinión, no le dio la prioridad necesaria para firmar y continuar la fase de transición para que Thomas Greg & Co entregara en septiembre. Había muchos temas en ese momento, como la relación con Estados Unidos, pero cuando reaccionaron, ya era muy tarde, en junio o julio.

Dijeron que encontraron inconsistencias, que había cosas que no cuadraban, porque no se concentraron en entender el modelo que habíamos diseñado, el cual es complejo, con una arquitectura financiera, jurídica e institucional. Al no hacerlo, perdieron el tiempo requerido. Luego se generaron discusiones y cambios, y diseñaron un modelo distinto; aunque continuaron las conversaciones con Portugal, la arquitectura legal y financiera que establecieron no corresponde a la que nosotros planeamos.

¿Fue esa la razón por la que la Procuraduría intervino?

Sí. Si se cambia el modelo y no se sigue un convenio de cooperación internacional bajo derecho internacional, sino que se transforma en uno interadministrativo o un contrato sujeto a otras normas, entras bajo el régimen de la Ley 80.

Eso marca una diferencia significativa, porque nuestro planteamiento permitía apropiaciones año a año, como otras cooperaciones internacionales, mientras que el nuevo modelo requería vigencias futuras. Esos detalles marcan una diferencia jurídica importante, y si hubieran revisado el esquema original, habrían notado que no era el camino que dejamos diseñado.

Entonces, ¿de quién o quiénes considera usted que es la responsabilidad frente las dificultades actuales?

No voy a establecer responsabilidades individuales porque cuando hice mi entrega estaba todo listo. La firma debía darse en marzo y no se hizo. Eso impactó todo el proceso.