Una noticia tomó por sorpresa a quienes realizan trámites vehiculares en Bogotá, la Procuraduría General de la Nación puso la lupa sobre la Secretaría Distrital de Movilidad. El organismo de control abrió una indagación preliminar para revisar cómo se tramitaron algunas transferencias de propiedad en los últimos tres años, un período que coincide con el auge del mercado automotor y la digitalización de varios procesos.
La investigación, a cargo de la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción, se centra en determinar si dentro de los sistemas administrativos de la Secretaría se habrían efectuado cesiones y traspasos sin la validación adecuada. El Ministerio Público mencionó la existencia de indicios que apuntan a una posibilidad especialmente delicada, que algunos movimientos registrales se hayan realizado sin la autorización de los dueños o con destinatarios cuya identidad no está clara.
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La Procuraduría explicó que el interés no se limita a la revisión documental, también busca analizar los mecanismos de control que la entidad utilizó entre 2022 y 2025 para detectar irregularidades. ¿Había herramientas suficientes para verificar la autenticidad de las solicitudes? ¿Cuál era la trazabilidad de los traspasos? Son algunas de las preguntas que los investigadores esperan resolver.
Por ahora, el proceso avanza en fase preliminar. Aún no hay cargos formales ni señalamientos directos a funcionarios específicos. Sin embargo, el organismo ordenó la práctica de pruebas y solicitó información a las dependencias involucradas. La idea es reunir testimonios, archivos y otros registros que permitan establecer si hubo fallas, omisiones o responsabilidades puntuales en los procedimientos de inscripción y actualización de propiedad vehicular.
Aunque el expediente está en construcción, fuentes le confirmaron a Portafolio que el centro de la inquietud es la presunta manipulación de los sistemas de registro. Según esas versiones, habría casos donde las transferencias se hicieron sin validar la identidad de quienes aparecían como nuevos propietarios o sin los documentos que respaldan la voluntad de los anteriores. De confirmarse ese patrón, la situación sería grave, comprometería la seguridad jurídica de los trámites y debilitaría la confianza del público en la plataforma distrital.
El contexto ayuda a entender la dimensión del asunto. En los últimos años, el mercado de vehículos usados creció de manera sostenida, y con él las solicitudes de traspaso. En paralelo, los canales digitales hicieron que procesos antes presenciales se conviertan en transacciones que dependen de bases de datos, software y verificaciones remotas. Bajo ese modelo, los sistemas de control deben asegurar que cada cambio de propiedad responda a una solicitud legítima de las partes involucradas.
Más allá del impacto institucional, la Procuraduría también evalúa las posibles consecuencias para el sector privado. Una transferencia no autorizada puede desencadenar conflictos de propiedad, disputas judiciales y tensiones con entidades financieras. En casos extremos, los afectados podrían ver comprometidos sus ahorros o su historial crediticio, especialmente si la situación se agrava con intentos de venta posterior, embargos o reclamaciones por accidentes.
El Ministerio Público advirtió que sigue de cerca los efectos que eventuales irregularidades tendrían en el mercado automotor, incluyendo el acceso a seguros. Las aseguradoras, que dependen de la claridad en la propiedad para expedir pólizas, podrían enfrentar dificultades si el registro no refleja de forma confiable quién es el titular de un bien.
Parte de la tarea, según se conoció, será identificar si en la Secretaría de Movilidad existen debilidades estructurales en los controles tecnológicos y administrativos. Una de las preguntas sobre la mesa es si hubo fallas internas, por negligencia o manipulación, o si los vacíos del sistema fueron aprovechados por terceros para sacar ventaja indebida.
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